El Congreso del Estado determinó iniciar una investigación al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, por considerar que no existe una justificación para que la anterior legislatura le pagara entre 2007 y 2009 casi 10 millones de pesos de sobresueldo.
El acuerdo propuesto por el diputado priista Jesús Casillas Romero, fue aprobado ayer y no determina quién se encargará de realizar la investigación, sin embargo quedó por discutirse una propuesta del coordinador del PAN, José María Martínez, para que esta función la realice una comisión integrada por representantes de la iniciativa privada, de las universidades y de medios de comunicación.
Después de dos semanas en las que se evadió analizar el dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre la comparecencia del auditor de 4 de febrero donde intentó explicar la razón de que recibiera ese dinero extra, ayer se pretendía que sólo se turnara a la Junta de Coordinación Política, pero sin que se indicara que habría investigación, incluso hubo quejas de algunos diputados pues no había indicación de que se hicieran indagatorias, sino que sólo era un relato de hechos.
Por tanto Casillas Romero propuso que se incluyera la obligación de iniciar la investigación, pues a su criterio no se acreditó por qué recibió ese dinero de los anteriores diputados.
El panista José María Martínez pidió que la investigación sea conducida por gente externa al Congreso para asegurar que no haya dudas sobre la integración.
“(Se propone) la integración de una comisión especial de carácter ciudadano, que esté integrado sólo por ciudadanos, que ni un sólo diputado para que esta comisión investigue y proponga lo conducente a este pleno”, indicó Martínez Martínez.
De acuerdo con la propuesta habría un representante de la Coparmex, otro de la Cámara de Industriales de Jalisco, dos más de universidades y cuatro más de medios de comunicación.
“Que el Congreso de una vez por todas proceda en este asunto y pueda determinar si hay o no irregularidad, si hay o no responsabilidad, si tenemos que fincar un procedimiento en contra de alguien”, dijo el panista.
La propuesta de investigar al auditor sin separarlo del cargo, tiene la intención de asegurar que siga dependiendo del Congreso y por tanto, pueda ser llamado a rendir cuentas cuando se decida así.
El diputado Abraham González Uyeda ya había señalado anteriormente que no se podía deja de investigar lo sucedido durante la legislatura 58 cuando los diputados le entregaron esos sobresueldos al auditor argumentando pago de vacaciones no disfrutadas y bonos no entregados.
“No podemos permitir que las únicas acciones que se han dado cuando hay señalamientos de esta naturaleza, sea el retiro del funcionario del trabajo y ya, se olvidan las cosas”, indicó el diputado y ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
Incluso señaló que se debe incluir la revisión a otros funcionarios, incluyendo a los seis coordinadores parlamentarios de la anterior legislatura, por la entrega de estos recursos al Auditor Superior Alonso Godoy Pelayo.
“Se tiene que verificar también, si hay responsabilidad, quién estuvo detrás de todo esto, y es por eso que la investigación debe ir hasta la (legislatura) 57, que abarque la 58 y lo que va de la 59”, indicó el legislador.
Una auditoría del despacho Russell Bedford mostró que los anteriores diputados entregaron al Auditor Superior del Estado de Jalisco cheques por casi 10 millones de pesos entre 2007 y 2009, además de que a su suegro, Alfredo Vargas Padilla, le entregaron cheques por 5 millones de pesos sin que hubiera registro de que éste era proveedor del Congreso o de que existiera prueba de que vendió algún producto o prestó algún servicio.
En esa misma auditoría se encontraron irregularidades por 579 millones de pesos en la anterior legislatura, principalmente por recursos de los que dispusieron los seis diputados coordinadores de las fracciones parlamentarias y que no fueron justificadas las erogaciones.
Luego de que se dieron a conocer los pagos hechos al Auditor Superior y su suegro, los actuales diputados citaron al funcionario para que explicara por qué recibió pagos extraordinarios a su sueldo.
En la comparecencia del 4 de febrero indicó que se trataba de diversos adeudos del Congreso, y dijo que entre otros se le pagaron las vacaciones que desde 2004 no había tomado, por lo que se las pagaron en efectivo, aunque dijo que no revisó los detalles de los conceptos de lo recibido y qué él no los cobró, sino que fue decisión del Congreso.
De aprobarse la propuesta de que sean integrantes externos al Congreso quienes investiguen, se podría abrir la puerta a que se integrara la Coparmex, organismo que preside Pablo Lemus, uno de los críticos más duros al auditor Alonso Godoy Pelayo por haber recibido este dinero.
