5 puntos para entender la reforma al sistema de justicia penal mexicano
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5 puntos para entender la reforma al sistema de justicia penal mexicano

Por Omar Granados
17 de marzo, 2011
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Acto encabezado por el Supremo Tribunal de Justicia de Durango tras la implementación de la reforma en la entidad en diciembre del 2009. Foto: Cuartoscuro

Supremo Tribunal de Justicia de Durango. Foto: Cuartoscuro.

En medio del debate público generado por el documental Presunto culpable, y el diagnóstico del sistema de justicia penal mexicano presentado en la cinta, Animal Político ofrece cinco puntos esenciales para conocer, a grandes rasgos, el proceso de reforma en esta área.

1.- Las razones de la reforma.

Basta con recordar las escalofriantes cifras presentadas en Presunto culpable para para entender la gravedad del contexto:

– En México 92% de las acusaciones carecen de evidencia física … se sustentan en lo que dicen los testigos oculares.

80% de las sentencias son condenatorias a nivel nacional y, 95% en el Distrito Federal.

41% de los presos son torturados por la policía y el 93% nunca vieron una orden de aprehensión cuando fueron detenidos.

– El 93% de los acusados nunca ve al juez.

Ana Aguilar García (@anadiuls), maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central y consultora del Proyecto Presunción de Inocencia y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) comentó a Animal Político que “el contexto, te lo pongo muy fácil: es el mismo que has visto en Presunto culpable. Es decir, un sistema profundamente ineficiente en todo el país. El documental no es un caso excepcional, es la forma en que la justicia en este país funciona con el sistema que presenta la película.

“Es decir, las instituciones se mueven alrededor de incentivos propios que lo menos que hacen es dar justicia a quien lo necesita. En esta caso fue Toño, pero también está la víctima que tampoco sabemos qué pasó”.

2.- Lo que se aprobó en 2008

En agosto de 2008 fue reformada la Constitución mexicana en diversos artículos que tocan el sistema de justicia penal (consulta la reforma al final de esta nota), sobre esta legislación, Animal Político conversó con Silvano Cantú Martínez, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) y director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH).

Para Cantú Martínez, la reforma es una “doble reforma”, es decir, tiene una “dimensión garantista que le apuesta a reforzar el respeto y la protección de los derechos vinculados con el debido proceso legal”, pero hay también una parte que configura un “sistema de excepción en materia penal”. Esta parte de seguridad pública de la reforma “es donde encontramos que la persecución penal se vuelve laxa y pierde objetividad”. La reforma según Cantú, “es de una lógica como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde: tiene la parte garantista, pero también una parte fuertemente regresiva en materia de derechos humanos, y lo podemos ver en las siguientes instituciones”:

A.- La definición de delincuencia organizada (DO). Cantú comenta que para la Constitución, basta que más de tres personas se reúnan para cometer determinados ilícitos y “obviamente esto no tiene ningún fundamento legal, es bastante vago y ha permitido abusos”. Sin embargo, México es parte de la Convención de Palermo (consulta este documento al final de esta nota), y no cumple con la definición de DO incluída en la convención, la cual es mucho más acabada.

B. La constitucionalización del arraigo. Según Cantú, el arraigo “es una medida que resulta por si misma violatoria de un conjunto de derechos que constan en los estándares internacionales”. Se viola entre ellos, “la presunción de inocencia, el derecho de libertad y de tránsito y privación de la libertad y ha causado abusos como tortura y detenciones arbitrarias”.

C. Otros vicios. Finalmente, Cantú agrupa estas últimas figuras que dañan los derechos: “la figura del cateo, la prisión preventiva automática y la tortura en los que se pierde control jurisdiccional y los controles democráticos para evitar que su uso implique un abuso.

Ana Aguilar García hizo un recuento de los elementos de la reforma: “La idea de la reforma es que se rija a partir de varios principios”: A) la publicidad, “es decir que los juicios se lleven a cabo de manera pública y que cualquiera pueda ver una audiencia”; B) Oralidad, “es decir, las partes ya no utilizan los expedientes”, aunque “sí hay una carpeta donde se va integrando ciertos documentos, evidencia”; C) Principio de contradicción. “las partes estarán en las mismas circunstancias para argumentar su caso ante el juez”. D) El MP se vuelve parte, “ya no es una autoridad en el nuevo sistema. E) Principio de inmediación. “Esto quiere decir que el juez va a estar presente en el otorgamiento de pruebas y el juez las tiene que analizar inemediatamente”. F) Presunción de inocencia. “Es el Ministerio Público el que tiene que probar que la persona es culpable, no tiene que probar la persona que es inocente”.

3.- Los estados que ya incluyeron la reforma en su constitución.

Silvano Cantú explica: “A la fecha hay nueve estados que han implementado esta reforma penal en sus ordenamientos locales, estos estados son: Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Morelos y Yucatán.

Cantú comentó que “en estos estados hemos visto también algunas deficiencias en la implementación, por ejemplo, en Chihuahua”, donde en el caso de Rubí Frayre, hija de Marisela Escobedo, “los jueces se encuentran con una normatividad que deben aplicar y que tiene una serie de deficiencias que no ayudan a reforzar la profesionalización de los MP y las autoridades encargadas de investigar el delito generan expedientes que están mal integrados o con los mismos abusos y vicios del sistema penal tradicional”. En casos como el de Chihuahua “hay expedientes prefabricados” en los que “las contrarreformas que se han dado han reforzado y han abierto en el contexto de inseguridad que se vive en ese estado, y esto no ha abonado que la justicia penal resuelva los problemas de fondo con que se pretendió acabar con la reforma constitucional”.

Ana Aguilar detalló que las entidades que implementaron la reforma en las constituciones estatales lo hicieron en diferentes momentos: Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas y Morelos, y parcialmente el Estado de México y Nuevo León lo hicieron desde antes de 2008, mientras Durango y Baja california realizaron la reforma posteriormente a la reforma lograda a nivel federal.

Los mecanismos utilizados para iniciar la vigencia de la reforma en algunos de los estados, según comentó Aguilar, se ha dado “de manera gradual, no sólo por estado, sino que cada estado además establece sus propias reglas de implementación, entonces algunos estados empiezan por delitos o por tipos de delitos y otros por región, y el único estado donde el sistema es aplicado en todo el territorio es Chihuahua”.

4.- Las entidades que están avanzando en la legislación local.

Ana Aguilar explicó que: “lo que hace esta reforma es que es obligatorio para todos los estados hacerlo, y tienen de plazo hasta el 2016 para tener el nuevo sistema implementado. Esto incluye también a la federación, es decir, el sistema de justicia penal federal tiene que reunir las características de las reformas en 2016”.

En todas las entidades se está en algún nivel de trabajo en la reforma, aunque “hay estados en fases muy previas donde apenas se está generando el acuerdo político entre las autoridades” y otros “más avanzados, con una serie de leyes aprobadas incluso y que están esperando el momento de que entren en vigencia”. Asimismo, Aguilar García detalló que “todos los estados de alguna u otra manera tienen un organismo implementador”, donde están representadas “todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia penal, donde se reúnen y trabajan el paquete de leyes”.

Silvano Cantú comentó que en el sureste, “estados como Tabasco, Campeche, Quintana Roo o Chiapas”, enfrentan el proceso de discusión en el que incluso han invitado a la consultoría técnica de Canadá y a la Setec” (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, organismo del gobierno federal para implementar la normatividad secundaria de la reforma de 2008), aunque no hay un consenso en figuras como el arraigo, “que resultan incómodas de aplicar a nivel local, porque reflejan una tendencia y una política del gobierno federal y no de los gobiernos locales, entonces hay un riesgo de que se politice la reforma penal con casos como éste”.

5.- La oposición a la reforma y las críticas a la misma.

Silvano Cantú comentó sobre el tema del arraigo que “de entrada los actores que se han opuesto son loas gobiernos locales de oposición y el Comité de Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, todos de la ONU”.

Sobre el régimen especial de DO, la crítica principal según Cantú  “es la definición de DO, que queda súper laxa porque basta con que más de tres personas se reúnan para cometer un delito y basta con que un testigo anónimo los denuncie por ello”, por lo que “no hay una consistencia probatoria como para imputar a una persona por estas conductas”.

Cantúi finaliza con la reflexión de que el régimen especial de DO provoca una “vulneración sistemática de DH, donde obviamente el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, el debido proceso legal se ven seriamente lastimados por la aplicación de este régimen de excepción”.

Finalmente, Miguel Sarre (@MiguelSarre), profesor e investigador del ITAM en derechos humanos, justicia, seguridad pública, reforma penal y penitenciaria, y maestro en Derecho (Derechos Humanos) por la Universidad de Notre Dame, afirmó que con esta reforma “se debilitan las garantías de defensa, pero justamente antes de suceda el juicio, y para saber si alguien es responsable por DO, se le aplica un régimen donde se le dificulta probar que no es parte de la DO.

Sarre comenta que, por ejemplo,”si fuera que al que resulte responsable se le aplican ciertas penas, resultaría razonable, pero aquí es que al que resulta sospechoso se le aplica un proceso debilitado, con garantías debilitadas y entonces eso no les permite demostrar si efectivamente no era parte de la DO”.

Finalmente el investigador del ITAM comenta que “esto parte de una concepción, del ‘derecho penal del enemigo’, en el que se ve a ciertos sujetos como enemigos de la sociedad de antemano y no como sujetos de derechos”.

——————————————–
Referencias consultables en PDF:
A) Convención de Palermo
B) Reforma al sistema de Justicia Penal (2008)

CONVENCIÓN DE PALERMO

Diario Oficial de la federación (18 agosto 2008) Reforma al sistema de justicia penal

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Pandora Papers: el territorio de Reino Unido que se convirtió en uno de los principales paraísos fiscales del planeta

Este territorio británico de ultramar aparece entre los principales receptores de "inversión extranjera directa" en el mundo, por delante de países como Alemania o Francia.
5 de octubre, 2021
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Las Islas Vírgenes Británicas (IVB) solamente cuentan con unos 36.000 habitantes, pero tienen más de 400.000 empresas. Un promedio de 18 compañías por persona.

Dicho así, uno podría imaginar que este pequeño territorio británico -cuya extensión apenas suma unos 153 kilómetros cuadrados- estaría cubierto de rascacielos y fábricas humeantes donde habría una incesante actividad económica.

En lugar de eso, lo que hay son playas idílicas y empresas de papel. Y es que las IVB son consideradas como uno de los mayores paraísos fiscales del planeta que, como dice el periodista Will Fitzgibbon, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), “atrae por igual a corporaciones legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales”.

Esa también es la razón por la cual cada vez que estalla un escándalo internacional sobre los fondos desviados hacia paraísos fiscales, el nombre de las Islas Vírgenes Británicas llega hasta los titulares de la prensa.

Eso es justo lo que acaba de ocurrir con la más reciente filtración de información financiera publicada por el ICIJ, conocida como los Pandora Papers.

Se trata de una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero, por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Los datos fueron obtenidos por el ICIJ que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios, incluyendo el equipo del programa Panorama de la BBC. Durante meses, más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes distintas encontrando historias que se publicarán esta semana.

En esta ocasión, una de las historias relacionadas con las Islas Vírgenes Británicas se refiere al registro de una empresa registrada allí que ha sido beneficiaria de una multimillonaria operación de bienes raíces para demoler los antiguos cines de la era soviética en Rusia para construir en su lugar centros comerciales.

iStories, una página de periodismo de investigación rusa que participó en la investigación de los Pandora Papers, descubrió que detrás de esta compañía se encuentra Konstantin Ernst, el presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia.

Konstantin Ernst.

Getty Images
Konstantin Ernst, presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia, aparece mencionado en los Pandora Papers.

Ernst registró esa compañía en 2014, el mismo año que él estuvo a cargo de organizar las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

En su respuesta al ICIJ, Ernst señaló que no ha cometido (y que no prevé cometer) nada ilegal, pues “así es como sus padres lo educaron”.

De tierra de bucaneros a paraíso fiscal

Ubicadas en el Caribe oriental, las Islas Vírgenes Británicas están integradas por cuatro islas grandes y 32 islas e islotes más pequeños, de los cuales unos 20 están deshabitados.

Descubiertas por Cristóbal Colón en 1493, estas islas fueron ocupadas por el Imperio español en el siglo XVI, bajo cuyo control estuvieron por poco tiempo. Para 1648, la Tórtola, la mayor de las islas, estaba ocupada por bucaneros holandeses.

Pocas décadas más tarde, cayeron bajo control del Imperio británico, que en 1773 permitió la formación de un gobierno civil local, la creación de un consejo legislativo parcialmente electo y el establecimiento de cortes constitucionales.

En 1960 se convirtieron en una colonia de la Corona y, en 2002, en un territorio británico de ultramar, por lo que sus habitantes disfrutan de la ciudadanía británica.

Sir Francis Drake.

Getty Images
El explorador, marinero y corsario Sir Francis Drake es una de las figuras históricas vinculadas con las IVB.

Las IVB comenzaron a adoptar en la década de 1970 una legislación que las convertía en un destino para las inversiones offshore y en un paraíso fiscal.

Parte de su atractivo radica en su sistema fiscal.

Las IVB casi no tienen impuestos: no tienen un impuesto sobre la renta que sea efectivo, ni impuestos a las ganancias de capitales, ni impuestos a las herencias, ni impuestos a los regalos, ni impuestos a las ventas o al valor agregado”, destaca al respecto la ONG británica Tax Justice Network.

“Recauda ingresos principalmente a través del impuesto a los salarios, a la propiedad de tierras, así como distintas comisiones. Este es un patrón clásico de “paraíso fiscal” de obtener pequeñas cantidades de dinero de un gran número de transacciones y depender de los lugareños para pagar las facturas”, agregan.

Su otro gran atractivo reside en las facilidades que ofrecen para crear de forma barata y simple empresas de papel que permiten a sus propietarios mantener sus nombres fuera de la vista pública.

Hay muchas razones válidas por las que una persona puede querer que no se conozca que es dueña de determinadas inversiones, por lo que esta oferta de discreción resulta atractiva tanto para inversores legítimos como para aquellos que no lo son.

Más “inversión extranjera” que Alemania

Este esquema de atracción de inversiones ha resultado bastante rentable, al punto que este tipo de servicios financieros y corporativos generan el equivalente a la mitad de los ingresos fiscales, a la par del turismo, la otra gran fuente de financiamiento del país.

En 2019, las Islas Vírgenes Británicas recibieron unos US$57.997 millones en inversiones extranjeras directas, de acuerdo con cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El príncipe Carlos de Gales durante una visita a las Islas Vírgenes Británicas en 2017.

Getty Images
Los ciudadanos de las Islas Vírgenes Británicas son súbditos de la Corona y ciudadanos británicos.

Formalmente, ese monto las coloca por delante de economías desarrolladas como Canadá, Alemania y Francia. No obstante, por tratarse de inversiones en papel, su impacto real sobre el país es mucho menor.

La aparición de las IVB en los Pandora Papers, en realidad, no es una sorpresa, pues ya en 2016 en torno a la mitad de las casi 250.000 empresas offshore establecidas por el bufete Mossack Fonseca y reveladas en los Panama Papers estaban registradas en este territorio británico de ultramar.

En 2018, una investigación de la BBC reveló que compañías registradas en las IVB eran propietarias de una cuarta parte de las propiedades en Inglaterra y Gales que pertenecen a compañías extranjeras.

El archipélago caribeño es la sede oficial de empresas que poseen 23.000 propiedades, más que cualquier otro país”, señaló la BBC al destacar que ese hallazgo contribuía con los temores de que ese territorio británico esté siendo usado para evadir impuestos.

La implicación de las IVB en distintos escándalos financieros en el pasado llevó a que en 2013 Lord Oakeshott, un reconocido político británico, dijera que estos territorios “manchan el rostro de Reino Unido”.

Esos escándalos también han llevado a mejoras en los mecanismos de transparencia en los últimos años y a una mayor cooperación de las autoridades de esos territorios con la comunidad internacional para hacer frente a los problemas de evasión fiscal.

Sin embargo, las facilidades para mantener lejos de la vista pública la información sobre los propietarios de estas compañías offshore parecen facilitar la ocurrencia de irregularidades.

La ONG británica Tax Justice Network critica la política de las IVB de “no preguntar” y de “no ver el mal” a la hora de facilitar el registro de empresas, que, según señala, permite a sus dueños ocultarse detrás de una suerte de apoderados para lograr un secretismo aún mayor así como el establecimiento de compañías de forma fácil y a bajo costo.

“Esta supuesta eficiencia en el registro se ha traducido en una carta blanca para las compañías de las IVB para ocultar y facilitar todo tipo de abusos y delitos alrededor del mundo”, apunta la ONG.

Pese a todo, la cooperación de las Islas Vírgenes Británicas con las autoridades de otros países ha permitido a este pequeño territorio en el Caribe permanecer fuera de la lista de paraísos fiscales “no cooperativos” que elabora la OCDE.

Eso, claro está, no significa que las políticas de paraíso fiscal de las IVB no tengan un impacto en la evasión fiscal.

De acuerdo con estimaciones del Tax Justice Network, las Islas Vírgenes Británicas son responsables de una pérdida global de impuestos equivalentes a unos US$37.500 millones cada año.

Pandora Papers banner

BBC

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.


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