Mientras la Auditoría Superior de la Federación ya pidió a la Contraloría del Estado de Oaxaca y a la PGR se investiguen a exfuncionarios de la administración de Ulises Ruiz por un posible desvío de recursos en las cuentas públicas 2009, en el Congreso estatal los diputados no han podido establecer los posibles daños causados por el exgobernador priista y sus más cercanos colaboradores, a las finanzas locales.
“Nos estamos topando con una verdadera valla para investigar”, reconoce el diputado Flavio Sosa, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el Congreso de Oaxaca, quien asegura que la de Ulises “fue una administración de corrupción perfectamente diseñada”.
Explicó que a tres meses y medio de haber llegado al Congreso estatal, los legisladores que integran la Comisión de Vigilancia están “paralizados” en su trabajo porque desconocen el manejo que se dio a las finanzas en los últimos años de la administración priista.
“La Auditoría Superior del Estado no ha fiscalizado ninguna cuenta”, comenta quien fuera uno de los más férreos opositores de Ulises Ruiz.
Lejos de investigar las cuentas, explicó Sosa -en entrevista telefónica-, la Auditoría local dependiente del Poder Legislativo, es encabezada por Rosa Lizbeth Caña Cabeza, un personaje ligado al círculo del exgobernador Ulises Ruiz. “Fue procuradora de justicia en el 2006. En el momento más álgido del conflicto entre la APPO-SNTE y el Gobierno Estatal. Ella es cómplice de los crímenes políticos”.
Analizan auditar cuentas de manera externa
El hecho que un personaje tan cercano a Ulises Ruiz sea la encargada de investigar las supuestas anomalías en su gobierno, ha generado que los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASE en el Congreso estatal, analicen la posibilidad de conformar un mecanismo externo y extraordinario de fiscalización, con el único objetivo de tener claridad en el manejo de los recursos.
Una de las propuestas es que la Contralora del Gobierno del estado, la exdiputada panista Perla Woolrich Fernández, practique una auditoría a las cuentas de Ulises Ruiz a través de un despacho externo, que también serviría para revisar las cuentas de 170 municipios que ante la ASE han solicitado la fiscalización de los recursos en sus salientes administraciones, ante la sospecha de que se cometieron actos de corrupción -la solicitud no ha sido atendida por la Auditoría-.
Impulsar un mecanismo extraordinario de fiscalización, no será el único paso que tendrán que dar los diputados para tratar de fiscalizar los recursos. También tendrán que analizar las leyes que se aprobaron durante el último periodo de labores de Ulises Ruiz, pues detectaron que muchos de los cambios legislativos se hicieron para no investigar y favorecer posibles actos de corrupción.
“Lo que observamos es que antes de su salida, Ulises y los diputados del PRI realizaron una serie de reformas que le permitieron poner candados a las cuentas y los programas para que no se investigaran las anomalías”, sostiene Flavio Sosa.
Para conocer una postura oficial sobre los señalamientos que lanzó el diputado sobre la falta de resultados de la ASE, se solicitó una entrevista telefónica con Rosa Lizbeth Caña, Auditora del estado, quien hasta la noche del martes no había emitido ningún pronunciamiento. El argumento de una de sus asistentes, quien se identificó como la “Licenciada Alejandra Rita Pérez”, es que la Auditora se encontraba en una zona apartada del estado, por lo que era “imposible” comunicarse con ella.
Dependencias a modo
A decir de Flavio Sosa, la ASE no es la única instancia -creada durante el sexenio de Ulises Ruiz- que ha servido como “tapadera” de las supuestas anomalías cometidas en la saliente administración priista. Denunció cómo órganos como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO); el Instituto de Transparencia y el Tribunal de lo Contencioso, son dirigidos por personajes cercanos al exmandatario estatal.
Recordó que en la comparecencia que Heriberto Antonio García titular de la CDDHO, tuvo con los diputados locales, todos a excepción de los del PRI, solicitaron su renuncia. Uno de los argumentos que ofreció en tribuna el diputado del PRD, Pavel López Gómez, para pedir la salida de García, es que el ombudsman no ha ofrecido resultados en temas tan sensibles como son los asesinatos contra líderes sociales.
Públicamente los legisladores del PAN, PRD, PT y Convergencia, acusan a García de proteger y ser amigo de encumbrados priistas de Oaxaca. Es otro de los argumentos por el que piden su salida de la CDDHO.
La “caja grande” del PRI
En las observaciones que la ASF hizo de las cuentas públicas de Oaxaca en el 2009, el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados detectó que en ese año el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), destinó más de 12 millones de pesos a los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que nada tenían que ver con los objetivos del fondo de donde fue sacado el recurso.
“El IEEPO no ha sido la caja chica, ha sido la caja grande de los gobiernos priistas”, sostiene Flavio Sosa, cuando se le pregunta sobre los movimientos financieros detectados por la ASF en las cuentas del sector educativo.
Asegura que con una auditoría a “fondo” de las cuentas de Ulises Ruiz, se podrá saber el nivel de deterioro en las finanzas públicas del estado, pues no tiene duda al señalar que en la pasada administración se hicieron “varios movimientos” financieros como los detectados por la ASF en las cuentas de la IEEPO, que sirvieron para enriquecer a los más cercanos colaboradores del ex gobernador.
“Es la única formar de explicarnos los 2 mil 400 millones de pesos en las cuentas bancarias de los familiares del exsecretario de Finanzas –Miguel Ángel Ortega Habib- de Ulises Ruiz”.
