En los últimos días y a propósito de la exhibición en las salas de cine del documental Presunto Culpable, se han dado un sinnúmero de debates sobre la forma y los procesos de impartición de justicia en México, cuestionamientos que van desde la presentación de los acusados, los procedimientos, el papel de la defensa y de la parte acusadora, hasta la sentencia emitida por el juez.

Según cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta mediados de 2010 había 14 millones 172 mil 483 ciudadanos indígenas en México, concentrados, principalmente, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para esta población, sólo hay 18 defensores públicos y 265 intérpretes certificados disponibles.

De acuerdo con el Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2006, de una población penitenciaria de 214 mil 275 personas, existían entonces 8 mil 767 indígenas en las cárceles mexicanas. De estos, 961 están a disposición de autoridades del fuero federal (212 procesados y 749 sentenciados), es decir, 10.96% de los detenidos; y 7 mil 806 (2 mil 483 procesados y 5 mil 323 sentenciados), lo que representa el 89.04%, están a disposición del fuero común.

Para los indígenas acusados, la falta de defensores públicos, asesores, traductores o intérpretes en sus lenguas, derivan en el desconocimiento de sus derechos y en el difícil reclamo de su cumplimiento.

Además, son sometidos a procesos por autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes. En muy pocos casos, los indígenas cuentan con traductores habilitados, porque aunque son hablantes de la lengua indígena con conocimientos del español, no tienen los conocimientos jurídicos para explicar en su lengua los alcances y consecuencias de los procesos en los que los acusados están involucrados, además que no cuentan con los recursos económicos y sociales necesarios para contratar servicios de asesoría y defensoría jurídica particular.

Actualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI) trabaja con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el tema de la preparación y certificación de los defensores públicos bilingües y traductores e intérpretes.

En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) opera un programa para la excarcelación de indígenas, el cual considera aspectos como la buena conducta, entre otros, para lograrla.

Cerna Lara dijo que, si bien la ley establece que es obligación de los ministerios públicos y jueces el solicitar asistencia de un intérprete o traductor de la lengua indígena, esto no se cumple a cabalidad, “y por eso estamos trabajando en ofrecer a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia un padrón nacional de intérpretes y traductores al cual puedan acudir cuando requieran sus servicios”.

Por otra parte, el funcionario señaló que entre los problemas manifestados por las autoridades, están los de carácter administrativo, por ejemplo, el que los ministerios públicos o los jueces tienen tiempos muy cortos para conseguir intérpretes.

“Son de 24 a 48 horas, no hay un instrumento eficiente que les permita tener un intérprete cuando se necesita”, dijo Cerna Lara, y agregó que de ahí surge la necesidad de dar a conocer el padrón nacional de intérpretes y traductores acreditados.

A la fecha se han realizado nueve diplomados en este tema, y ya se acreditó a 265 intérpretes de diferentes variantes lingüísticas, cantidad que, sin embargo, se encuentra por debajo de las necesidades de la población indígena en México.

El primer diplomado fue en 2007 y se realizó en Guerrero y después en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Chihuahua, estados en los que se encuentran los mayores problemas en cuestiones jurídicas con la población indígena.

Sin embargo, hasta la fecha no existe un registro del número de intérpretes o traductores que prestan servicios sin demostrar que cuentan con conocimientos vastos que les permitan realizar una defensa adecuada, lo que propicia el incumplimiento de los procesos y procedimientos jurídicos o administrativos en perjuicio de los indígenas.

Los principales obstáculos

Es importante que los intérpretes o traductores conozcan la lengua indígena, sin embargo, se enfrentan a la tarea de conocer a cabalidad los conceptos jurídicos. Aun cuando los intérpretes tienen conocimientos de derecho, no siempre son bien aplicados a los casos reales, por lo que se han dado a la tarea de realizar un glosario de los preceptos del derecho positivo para lograr que los implicados comprendan el alcance de su acusación y las consecuencias.

Otro de los problemas es la falta de recursos económicos para defender a los indígenas, ya que aunque las instancias públicas buscan cubrir los honorarios de los defensores, intérpretes y traductores, muchas veces son las organizaciones civiles que de buena voluntad hacen esta tarea.

En el Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas 2003 y 2004 se señala que es en el campo de la procuración de justicia donde se observa la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, que denuncian ser víctimas de discriminación, vejaciones, abusos, detenciones arbitrarias y torturas.

Ante esta situación, organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos se han dado a la tarea de vigilar que se cumpla el proceso pertinente, es decir, que se cumpla, en primera instancia, la garantía de contar con un intérprete.

En los mismos informes se señala que en los juicios en los que se ven involucrados los indígenas se multiplican las irregularidades porque el ministerio público y los jueces suelen ignorar las costumbres jurídicas indígenas, así como sus usos y costumbres.

En muchas ocasiones, según los informes, las sentencias están fuera de proporción a los delitos imputados, como sucede con los casos vinculados a delitos ambientales, contra la salud, las leyes federales de armas y de telecomunicaciones.

Cerna Lara argumenta que se debe buscar que los indígenas primero sean juzgados con base en sus usos y costumbres, salvo que sean mestizos, ya que en ese caso se apela de manera irrestricta al derecho positivo, y que si se apela sólo a la justicia indígena la problemática es menor, pero cuando se sale de estos límites, es indispensable el requerimiento de intérpretes.

“Por ello es importante que estos conozcan la cultura para que los indígenas puedan ser defendidos apropiadamente, y en los casos que así sean, puedan evadir las consecuencias del dolo en la ejecución de un delito”, subrayó Cerna.

El funcionario del INLI refirió que, por ejemplo, “robarse a la novia” es una tradición en los pueblos indígenas: “puede resultar incluso loable este hecho al interior de la comunidad, al defender el hombre su rol de protector, hombre valeroso y proveedor; sin embargo, de acuerdo a los mestizos, este hecho puede llevar a un indígena a la imputación de las responsabilidades por el delito de secuestro”.

De igual forma, dijo Cerna, algunos indígenas se ven obligados a portar armas de fuego que les permiten desarrollar su trabajo en el campo para defenderse, incluso, de animales salvajes, lo que ha provocado que varios sean juzgados y sentenciados.

Otros son utilizados en el paso de drogas, es decir, que sin tener conocimiento de la mercancía que trasladan de un lugar a otro, son juzgados por tráfico de droga, explicó el funcionario del INLI.

Cerna Lora subrayó que dentro de la capacitación que se da a los defensores, intérpretes y traductores prevalece la defensa de los derechos humanos, aún por encima de los usos y costumbres, como es en el caso de la violencia contra las mujeres.