La rendición de cuentas en la Policía Federal (PF), no es un tema prioritario para la corporación encargada de la lucha contra la delincuencia organizada en el país, estableció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2009.
Desde su conformación hace más de un década, la corporación no ha contado con un adecuado mecanismo de control para garantizar que los recursos destinados a su operatividad se gasten correctamente.
Esto ha generado que cada año el órgano dependiente de la Cámara de Diputados, detecte millonarios desvíos al interior de este cuerpo policiaco, principalmente en lo que se refiere al pago de viáticos, escoltas y comisiones de los agentes.
En la revisión de la cuenta pública 2009 por ejemplo, la ASF estableció un posible quebranto por cerca de mil millones de pesos, de ahí que solicitara a la corporación justificar y explicar el destino de los recursos, además de ordenar a su contraloría interna investigar a los funcionarios que pudieron haber ocasionado el deterioro a las finanzas.
Esta cantidad de recursos públicos posiblemente desviados en la PF equivaldrían, por ejemplo, a todo el presupuesto recibido por el gobierno de Oaxaca para dotar de infraestructura; agua, caminos, alcantarillado, electrificación y escuelas, a 90 mil habitantes de las zonas mayormente marginadas.
Las presuntas anomalías detectadas por la ASF significarían más de 33 veces los recursos públicos desviados en el año 2003 en favor de los Centros de Apoyo a la Mujer operados por Provida, organismo encabezado por Jorge Serrano Limón, en lo que ha sido uno de los mayores escándalos mediáticos desde que se echó a andar el sistema de rendición de cuentas y transparencia en México.
Viáticos y comisiones con irregularidades
Entre las irregularidades más recurrentes que detectó la ASF en las cuentas de la PF, destacan la asignación de los recursos para viáticos y comisiones que hizo la corporación a los policías encargados de la implementación de operativos para la prevención y disuasión de los delitos.
En suma fueron 5 las consideraciones que hizo la Auditoria sobre estos dos temas.
En una de estas observaciones, los representantes del órgano fiscalizador detectaron que la PF comisionó por más de seis meses a sus elementos a diferentes estados -con el fin de realizar tareas preventivas-, sin la autorización del comisionado y jefe del Estado Mayor de la Policía, tal y como lo marca el estatuto interno.
Por esa anomalía, aunado al pago de cuotas diarias que se dieron en 2008 y 2009 pero que finalmente se liquidaron con recursos de 2010, los auditores estiman que se pudieron haber gastado 540 millones de pesos.
También se descubrió que la corporación pagó 139 millones de pesos por concepto de salarios a escoltas de servidores públicos, sin embargo, los encargados de las finanzas al interior de la dependencia, no proporcionaron la documentación que justificara y comprobara el gasto.
Adicionalmente, descubrieron que en el Distrito Federal -ciudad en la que se encuentra la base de la PF-, se ordenaron 26 mil 351 comisiones especiales, por un monto total de 120 millones de pesos, así como 998 comisiones con duración de un día, por un total de 326 mil pesos, que no cumplieron con las características señaladas para el ejercicio de la partida, dado que para su aprobación se requiere que la comisión se dé fuera del lugar de residencia.
Pagos duplicados
Otra anomalía identificada por los auditores, fue el pago duplicado que la PF hizo a mil 80 funcionarios por un monto de 8 millones 532 mil pesos.
Aparte, en el caso de otros 228 servidores públicos, se estableció que se les pagó un millón 327 mil pesos para emprender dos o tres comisiones en los mismos periodos, pero en lugares diferentes.
En 308 casos, la corporación destinó un millón 625 mil pesos por comisiones, pero no se contó con el oficio de la solicitud de los recursos; mientras que otros 47 funcionarios que recibieron 897 mil pesos, presentaron oficios que no corresponden con los nombres de las personas comisionadas.
A manera de justificación, la PF, a través de la titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la División de las Fuerzas Federales (DFF), Minerva Rivera, respondió a la ASF que las irregularidades detectadas se debieron a la situación de emergencia que se vive en los diferentes estados del país donde la corporación mantiene su presencia.
“Las tareas en donde la población se encuentra amenazada por situaciones de alto riesgo…requieren de respuestas inmediatas, por lo que la normativa referente al otorgamiento de cuotas diarias de apoyo se ve superada por la dinámica de operación de la PF”.
Ante esto, la Funcionaria urgió en la necesidad de contar con una regulación acorde a la realidad que enfrentan, “ya que la regulación no es aplicable a la realidad del país y a la que enfrenta la División de Fuerzas”.
Aun con estos argumentos, la ASF no aprobó las cuentas financieras y de desempeño de la PF -relacionadas con la puesta en marcha de operativos para la “Prevención y Disuasión del Delito- y le dio un plazo de 30 días a los encargados de la corporación, para justificar las irregularidades detectadas en sus cuentas y resultados.