El Council on Foreign Relations (CFR), un think tank independiente no partidista, ampliamente reconocido por sus publicaciones relacionadas con la política exterior estadounidense, lanzó hoy –precisamente el día de la cumbre entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama en Washington, el quinto encuentro de este tipo desde que ambos mandatarios comenzaron sus gobiernos– uno de sus reportes especiales dedicado a la guerra contra las drogas en México y la amenaza bilateral que representa.
El autor del texto, David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego, sostiene que a pesar de los diagnósticos más pesimistas sobre la situación de violencia en México, “el Estado mexicano no es un Estado fallido, ni confronta actualmente un movimiento insurgente”, como han declarado dos altos funcionarios estadounidenses.
Shirk sostiene que existe el riesgo de que la situación empeore si ambos gobiernos no redirigen su estrategia: “La actual crisis de seguridad en México ilustra claramente las limitaciones que tienen las actuales estrategias antidrogas y ofrece la oportunidad de cambiar el paradigma por otro más pertinente”.
El académico –también director del Proyecto Justice in Mexico, un espacio académico de reflexión sobre México y la relación bilateral con Estados Unidos– argumenta en el reporte que el asesinato de Jaime Zapata, agente de inmigración y aduanas estadounidense en San Luis Potosí ha enviado la señal de que los funcionarios estadounidenses en México están “en la mira”, y de que el escenario de violencia puede salirse de control: “Si las actuales tendencias en materia de seguridad continúan empeorando, la emergencia de un verdadero movimiento insurgente, la proliferación de espacios territoriales ‘sin gobierno’ y la ejecución de ataques deliberados contra funcionarios estadounidenses en el país será mucho más probable”, señala el especialista.
Del otro lado
El reporte del CFR también toca un tema poco explorado por la academia y prensa mexicanas: la cada vez más frágil situación humanitaria en la frontera México-Estados Unidos ocasionada por la violencia. En ese sentido, Shirk asegura que “el poder y la violencia de las organizaciones criminales mexicanas presentan una preocupación humanitaria real y han contribuido a la migración forzada y a numerosas peticiones de asilo de mexicanos a Estados Unidos. Si la situación no mejora, una emergencia humanitaria podría causar un flujo de migrantes inmanejables en la frontera.”
Otra de las cosas que debemos evaluar en justa dimensión, dice el experto, es la posibilidad de que la violencia que estamos observando en el lado mexicano de la frontera se presente también en el lado estadounidense. ¿Qué tan probable es esto? ¿De qué forma piensa en esta posibilidad el gobierno estadounidense?. La respuesta de Shirk es contundente: “el que las organizaciones criminales lleven su lucha a suelo estadounidense es un escenario remoto, aún así, la ausencia de ley al sur de la frontera afecta directamente a Estados Unidos”.
Con respecto a la posibilidad de que la violencia en México se extienda hacia la frontera sur –es decir, hacia Centroamérica– el autor sostiene que la actividad de las organizaciones criminales mexicanas efectivamente “debilitan la seguridad y la confiabilidad de otros socios de Estados Unidos en el hemisferio corrompiendo a funcionarios de alto nivel, operativos militares y personal de procuración de justicia. Debilitan también los procesos legales y los derechos humanos, reducen el apoyo público de los programas antinarcóticos y hasta provocan hostilidad hacia Estados Unidos.”
Las recomendaciones
El texto del CFR emite tres grandes recomendaciones a la administración de Barack Obama, y advierte: “Estados Unidos tiene mucho que ganar ayudando a fortalecer a su vecino del sur, pero mucho más que perder si no lo hace”. Las recomendaciones que expone Shirk son:
1. Continúen el buen trabajo hecho en materia de mejoramiento y consolidación de los mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación en seguridad con México y Centroamérica.
2. Concéntrense más seriamente en reducir la demanda de drogas en Estados Unidos, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Dirijan más asistencia directa (recursos) para el desarrollo institucional –sobre todo en términos de la profesionalización del Poder Judicial– y económico en México. Se deben crear más alternativas económicas para que la gente común y corriente tenga una salida que no sea el crimen organizado.
El dinero que Estados Unidos de a México no debe dirigirse únicamente a el ámbito “duro” –militar– sino más bien a mejorar las posibilidades de desarrollo de los mexicanos. “México está en los últimos lugares de prioridad de ayuda en América Latina, a pesar de que los 40 millones de pobres en México son más que la población entera de todos los países de la región, salvo Brasil y Argentina”, concluye Shirk.
3. Comiencen a trabajar para crear una política antidrogas más sensible que incluya visiones alternativas para reducir el daño que causan las drogas (“políticas de reducción de daños”).
