El narco encarece ¡hasta frutas y verduras!
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El narco encarece
¡hasta frutas y verduras!

Por Dulce Ramos
26 de abril, 2011
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El campo mexicano, como se dice de forma coloquial, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Heladas, granizo y sequías han encarecido productos como el limón o el aguacate, pero otro factor más se suma a las dificultades que atraviesa la agricultura: la influencia del narcotráfico.

Distintos productos agrícolas llegan a los supermercados con un sobreprecio de hasta 50% respecto a la temporada de cosecha anterior por las extorsiones que se deben pagar por cada camión que sale con mercancía distintos puntos del país; sobre todo, a la frontera.

La prensa estadounidense reporta que, en estados como Michoacán, familias productoras de limón pagan hasta 800 pesos a miembros del crimen organizado, por cada cargamento que sale hacia la capital del País. Otra manera en que los cárteles ejercen su influencia, es restringir las hectáreas disponibles a la siembra. Todo ello, hace que el producto llegue al consumidor final con precios cada vez más altos.

Un artículo del diario texano The Monitor, en McAllen, asegura que la llegada de frutas y verduras a la frontera con Tamaulipas se ha convertido en una carrera de obstáculos. Con el fin que el chofer, el camión y la carga lleguen seguros y completos, empacadoras y exportadoras han cambiado sus rutas para evitar los puntos de mayor riesgo. Con ello, el traslado de mercancías se ha encarecido y también el precio final.

Mecanismos de protección

Asegurar que 40 toneladas de manzana lleguen de los campos chihuahuenses hasta los anaqueles de un supermercado en la capital, cuesta algo más que combustible, salario de un chofer, peaje y otros rubros propios del viaje por carretera. Hoy, los productores intentan asegurarse de que un camión lleno de mercancías llegue a su destino completo y, para ello, deben asegurar vehículos y carga.

Pedro Torres Ochoa, agricultor y representante del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, cuenta que dependiendo del tonelaje a transportar, el productor paga entre 20 y 30 mil pesos de un seguro que con los años se ha ido encareciendo debido a la demanda. El Frente calcula que contratar un seguro aumenta el precio final del kilo de manzana hasta en 15%. Lo mismo ocurre con el frijol o el maíz que se produce en el estado.

Asegurar la carga, sin embargo, no salva a los productores de las vicisitudes en los caminos. Con su acento norteño marcado, Torres Ochoa dice que entre los agricultores que conoce, por lo menos tres le han comentado de un cargamento que nunca llegó a su destino. En el camino al Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, desaparecieron camión, chofer y cargamento. Todos, afirma, han denunciado el hecho ante las autoridades chihuahuenses, sin que hasta ahora haya resultados.

El tamaño de los productores no importa. Grandes y pequeños empresarios desempeñan sus labores acotados por las leyes del narcotráfico. El representante del Frente Democrático afirma que hay pequeños productores que deben entregar al narcotráfico entre 2 mil y 3 mil pesos mensuales. “No suena a mucho, pero mensualmente, y por cada productor, se hace bastante”, subraya con preocupación.

La inseguridad, sumada a los ocho meses de sequía que ha sufrido el campo chihuahuense, encarecen cada vez más los productos de la tierra.

Se frena el desarrollo

La circulación de los productos del campo no es la única que se ve afectada; también los proyectos de desarrollo se han frenado por la actuación del crimen organizado. En Michoacán, por ejemplo, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate (APEAM) esperaba este año la visita de ingenieros de Nueva Zelanda que harían una investigación para alargar la vida del fruto en los estantes de los supermercados. Ricardo Vega, representante de APEAM cuenta a Animal Político que el proyecto, uno de los más importantes de este año para la Asociación, debió posponerse ante las recomendaciones que distintos países hacen a sus ciudadanos para que se abstengan de viajar a México por la inseguridad. El programa de investigación, en el que se invertirían 4 mil dólares, tendrá que esperar a que el campo mexicano viva momentos menos álgidos.

“Necesitamos que el gobierno trabaje y que haga lo que le toca. Cuando investigadores de fama internacional y renombre se sienten temerosos de venir a nuestro país, todos salimos perdiendo”, afirma Vega en entrevista telefónica.

Sobre las extorsiones a los productores, Vega dice que la Asociación carece de un registro que indique el aumento en este tipo de prácticas, pero reconoce que entre los círculos de agricultores se escuchan cada vez más fuertes los comentarios que el narcotráfico cobra por cada camión cargado de mercancía.

Si Michoacán comienza a alertarse por esta problemática, otros estados, sobre todo fronterizos, ya han levantado la voz sobre los golpes que el narcotráfico da a este sector productivo. Cafetaleros de la frontera sur, productores de manzana en Chihuahua y ganaderos de Coahuila –donde el domingo murió a tiros uno en un intento de secuestro—tienen que enfrentarse al poder de los cárteles para comercializar su producto. Ellos y el consumidor que cada vez se encuentra con precios más y más caros, son los que pagan las consecuencias.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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