Contraloría de Jalisco dice no poder sancionar a gobernador por spots
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Contraloría de Jalisco dice no poder sancionar a gobernador por spots

Por Carlos Maguey
11 de abril, 2011
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A pesar que el IFE determinó que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, violó la Constitución con los spots con motivo de su informe de gobierno, la Contraloría estatal anunció que se le hará saber a la autoridad electoral que no puede sancionar al mandatario por ser su superior jerárquico.

María del Carmen Mendoza Flores, contralora estatal, aseguró que tiene restricciones para sancionar a su superior, pero no supo explicar en qué se basaba para este argumento, en lugar de explicarse, hizo llegar una ficha en la que no se plantea una expresa prohibición para sancionar, sino que se trata de una serie de inferencias para llegar a esa conclusión.

“Nosotros estamos manifestando, en una respuesta al IFE con respecto de que la Contraloría, de acuerdo a sus atribuciones, no tiene facultades para actuar en contra de su superior jerárquico”, indicó la contralora en entrevista.

El documento enviado por Mendoza Flores no expone alguna disposición en la ley o en la Constitución para sostener que la Contraloría del Estado no pueda imponer sanciones por tratarse de su superior, como ella lo dijo en entrevista, sino que explica que hay complicaciones administrativas, pues considera que no hay un superior jerárquico del Gobernador que pueda revisar el caso, si fuera necesario.

“Porque el procedimiento para la aplicación de sanciones por faltas administrativas requiere, en última instancia, de la acción del superior jerárquico, ya sea para aplicar sanciones o para resolver sobre el no inicio de procedimiento cuando la Contraloría del Estado lo lleve a cabo de acuerdo a su competencia, por lo que resulta incoherente que el mismo Gobernador, quien es el superior jerárquico máximo del todo el Poder Ejecutivo al ser Titular del mismo, se convierta en juez y parte cuando una queja que puede derivar en procedimiento administrativo vaya dirigida hacia él”, dice el documento.

Lo que dice el IFE

La resolución que el Instituto Federal Electoral entregó el 24 de marzo a la Contraloría del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, cita en su considerando noveno La Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado de Jalisco donde se especifica que son servidores públicos todos los representantes de elección popular, que es el caso del Gobernador.

Y señala que en el Artículo 62 se determina que incurren en responsabilidad administrativa quienes cometan actos u omisiones que contravengan cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones.

Precisamente la decisión del Consejo General del IFE de no imponer sanciones a pesar de que se violó la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe a que los Legisladores Federales no le dieron al órgano electoral facultades para sancionar a las autoridades estatales.

“En el artículo 354 del ordenamiento legal en cita, en el que se detallan las sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, el legislador omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público”, dice el dictamen que se le remitió a la Contralora.

“Es decir, el legislador no consideró a las autoridades y funcionarios públicos como entidades respecto de las cuales este Instituto, por sí mismo, estuviere en aptitud de imponer sanciones directamente”.

El 24 de febrero, el Consejo General del IFE determinó que la transmisión de anuncios publicitarios del cuarto informe de gobierno de González Márquez violaron la Constitución y el Cofipe, y acordó dar vista tanto a la Contraloría como a la Auditoría Superior, ambas del estado de Jalisco, para que ésta determinaran las sanciones a imponer.

La resolución fue resultado de una queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática ante el IFE, y se señaló que además del Gobernador, se considera responsable al director de Comunicación Social, José Rubén Alonso González por la promoción que se hizo de González Márquez más allá de su ámbito territorial de gobierno.

Esta determinación se debe a que los anuncios del informe de gobierno de González Márquez violó, según la resolución del IFE, el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, y párrafo quinto del Artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, la Contralora Mendoza Flores aseguró que tampoco iniciará proceso de sanción contra el director de Comunicación Social, pues la resolución del Instituto Federal Electoral fue impugnada, por lo que esperarán a que esta sea resuelta y hasta entonces, se podría iniciar algún proceso de sanción.

“Ante esta impugnación la Contraloría tiene que esperar para que el tribunal resuelva y en su caso, si acepta (sic) la apelación, entonces la Contraloría quedaría fuera de este procedimiento, pero si es rechazada (sic) esta impugnación, entonces ya estaríamos iniciando un procedimiento específicamente en la dirección de Comunicación Social”, dijo Mendoza Flores.

En la ASEJ la revisión hasta el próximo año

Será hasta el próximo año cuando la Auditoría Superior del Estado de Jalisco analice si existen elementos para fincar responsabilidades por utilizar recursos públicos para pagar anuncios publicitarios que están fuera de norma y que violan la Constitución y el Cofipe.

Las auditorías que realiza la ASEJ son, de acuerdo con la legislación, una revisión a ejercicios concluidos, por lo que no podrá iniciar al menos hasta el próximo año con la revisión del gasto que se hizo de estos spots, pues se erogó el recurso en 2011.

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¿Cuán factible (y conveniente) puede ser la compra privada de vacunas contra COVID-19?

Varios países han abierto la puerta para el acceso privado a las vacunas. Sin embargo, existen reparos sobre la conveniencia de un modelo de negocio particular a la hora de enfrentar una emergencia de salud pública como la del coronavirus.
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10 de mayo, 2021
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Vacunas con un dólar

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Varios países han intentado abrir sus legislaciones para permitir la venta de vacunas de forma privada.

La vacunación contra la covid-19 avanza a contrarreloj en el mundo, a cargo de gobiernos y entidades de salud pública: hasta el momento se han administrado más de 1.150 millones dosis a nivel mundial, según el monitoreo de la Universidad de Oxford.

Mientras países como Israel, Reino Unido y Estados Unidos han logrado ejecutar campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones se encuentran rezagadas.

En ese escenario, y ante el aumento de contagios, países como Indonesia, India y Pakistán, entre otros, han optado por incorporar a privados a la compra de vacunas, pero controlados desde instancias gubernamentales.

Y en América Latina, impulsados por el desabastecimiento, Brasil, Colombia, Perú y México están abriendo puertas para que empresarios y gobiernos locales puedan adquirir las dosis que se necesitan.

Sin embargo, la opción de la compra privada es aún muy incipiente y genera reparos.

Distintos expertos en salud han expresado inquietudes, no sólo por las cuestiones comerciales asociadas a la compra de vacunas, sino también sobre la conveniencia de un modelo de negocio privado a la hora de enfrentar esta emergencia de salud pública de gran escala.

¿Ayuda o estorbo?

El principal objetivo de las vacunas es “salvar vidas, y ese objetivo es mejor financiado por fondos públicos”, afirma un documento que la OPS compartió con BBC Mundo.

“Los países se han alineado con el marco de valores y objetivos de la Organización Mundial de la Salud y consideran garantizar la vacunación sin ningún costo para la población“, señala.

El objetivo de la vacuna actualmente es su utilización como medida de salud pública. El primer objetivo es proteger a las personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse gravemente de covid-19 o de morir por la enfermedad”, le dice a BBC Mundo Ana Elena Chévez, asesora regional en inmunizaciones del organismo.

vacunas rodeadas de Euros

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“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, y no solamente para los que puedan pagar”, señala la OPS.

“Por eso el uso de las vacunas por ‘pago de bolsillo’ puede ampliar las inequidades que desafortunadamente la pandemia ha subrayado tanto en la región”, agrega la asesora, en su análisis de América Latina.

Ante la escasez de vacunas, resulta problemático “pensar que un adulto mayor por no tener acceso a la vacuna no se pueda vacunar, y una persona joven y saludable que pague por ella pueda tener acceso”, compara Chévez.

Quienes rechazan la idea de “privatizar” la compra de vacunas señalan que la apertura de un mercado privado, en vez de ayudar a alcanzar las metas de vacunación completa en los países, generaría un efecto contrario: los particulares entrarían a competir con el Estado como proveedor, lo que podría incluso entorpecer la campaña de inmunización.

Los países de América Latina no tienen recursos ilimitados para, además de atender una emergencia de salud pública como lo es la pandemia en todos sus niveles, prestar recursos a los privados para que ellos puedan aplicar las vacunas que adquirieron”, le dijo a BBC Mundo Ángela Uyén, investigadora especialista en enfermedades infecciosas y asesora de Médicos Sin Fronteras.

“Los privados necesitan enfermeras para aplicar las vacunas, lugares para almacenarlas, centros de vacunación… y eso no va a venir de otro lugar que no sea el Estado, o en competencia con él”.

El médico cirujano mexicano Xavier Tello, añade un elemento técnico.

“Muchas de esas vacunas están aún en fase III de ensayos clínicos. Por esa razón técnica, sin hablar de la conveniencia de que exista o no, es que no hay todavía un mercado establecido como sí sucede con otros medicamentos aprobados para su venta al público”, añade Tello en diálogo con BBC Mundo.

Logística

Uyén señala que, en los países donde se han adelantado propuestas para la implementación de un mercado privado de vacunas, las empresas y los particulares ya tienen una alta participación en la prestación de los servicios regulares de salud.

Ella y otros especialistas coinciden en que tal vez la mejor manera en que los privados pueden ayudar a los procesos de inmunización es haciendo parte de la cadena logística.

Vacunas con signo de Copyright

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Varios expertos han señalado que la liberación de las patentes ayudaría aumentar la producción de vacunas alrededor del mundo.

“El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, donde todas las vacunas han sido provistas por el gobierno pero se ha contado con el apoyo de clínicas, farmacias y entidades particulares que han sido parte de la masiva campaña que han tenido”, señala Uyén.

Sin embargo, su intervención no debe cambiar el modelo ni las prioridades actuales, indican los especialistas.

“Los planes de cada país contemplan brindar la vacunación sin ningún costo para las personas, nunca debe ser solamente para los que puedan pagar”, dice Chévez.

Los ministerios de salud cuentan con el personal, la logística y la cadena de frío necesaria para implementar la vacunación universal. El sector privado podría contribuir de forma solidaria”, añade la representante de la OPS.

Demora en el programa Covax

El problema al que se enfrenta la mayor parte de países es el desabastecimiento global de dosis de vacunas contra el covid-19.

En América Latina son varios los gobiernos que han anunciado retrasos en los planes oficiales por falta de dosis, entre ellos, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, donde los suministros han alcanzado apenas para vacunar a entre 3% y 14% de sus poblaciones con al menos una dosis.

A lo que se suma la demora en las entregas por parte del programa Covax, que pretendía, mediante un plan solidario, garantizar el acceso a las vacunas de forma equitativa a todos los países, especialmente los de menores ingresos.

En América Latina, muchos gobiernos habían elaborado sus planes de vacunación contando con esas dosis.

Creo que el problema ha sido la adquisición desmesurada de algunos países, que ha impactado en algo tan importante como el plan Covax”, señala Ayén.

Vacunas en un podio.

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Hasta ahora los principales laboratorios que producen la vacuna se han negado a negociar con particulares.

Hasta el momento, Covax ha entregado cerca de 40 millones de dosis en 102 países. Y su objetivo es llegar a 2.000 millones de dosis a finales de este año.

“Que Covax no esté funcionando como se pensó que iba a funcionar no puede dar cabida a la entrada de un mercado privado”, anota la analista.

Iniciativas en la región

Con un cuadro crítico por los casos de covid-19 en Colombia -cerca de 17.000 nuevos contagios y 400 muertos diarios-, el gobierno del presidente Iván Duque decidió abrir a privados la adquisición de las vacunas el pasado 21 de abril.

Los anuncios ocurrieron antes de las masivas protestas que han sacudido al país en los últimos días y que han dejado al menos 19 personas muertas.

“Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima (Instituto de Vigilancia de Medicamentos del país) para uso de emergencia”, aseguró el mandatario.

Aunque el decreto permite la importación de las vacunas, no permite su venta.

“Solo podrán ser adquiridas (por privados) para su aplicación gratuita a grupos poblacionales previamente definidos y aprobados por el Ministerio de Salud”, señala el decreto.

De acuerdo con el gobierno colombiano, la idea es permitir que las empresas puedan facilitar la vacunación de sus empleados de una forma más directa.

Actualmente en Colombia se están aplicando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Ya se conoció públicamente que las farmacéuticas Pfizer y Sinovac han rechazado hacer negocios con privados allí, mientras que no han trascendido detalles de negociaciones con los otros tres laboratorios.

Covax

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Lo cierto es que el programa Covax no ha cumplido con todos los objetivos que se había propuesto para la entrega de dosis.

Las trabas que se ven en Colombia ya se han registrado antes en otros países: aunque la normativa permita la importación de vacunas, los privados no consiguen alcanzar acuerdos con las farmacéuticas.

A principio de año, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a un conglomerado de clínicas privadas llamado ACBVAC a buscar de forma particular vacunas para luchar contra el incesante aumento de casos en el gigante sudamericano.

Sin embargo, las farmacéuticas productoras de vacunas insistieron en que solo negociaban con gobiernos.

“Creo que en el futuro va a existir un mercado privado, sin duda, pero ahora no están dadas las condiciones para que algo así ocurra”, señala Tello.

Al caso de Brasil y Colombia se suma Perú, que esta semana aprobó una legislación que habilita la adquisición de vacunas por parte de privados y gobiernos regionales.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mostró abierto a la posibilidad, aunque no existe al momento una decisión oficial en este sentido, y lo mismo ocurre en otros países como Ecuador y Argentina (donde se planteó la posibilidad en el Congreso).

Vacunas

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Analistas señalan que los gobiernos son los encargados de garantizar el éxito de los planes masivos de vacunación.

“Si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna”, apuntó López Obrador y dejó abierto el juego para que el cuestionado mercado privado sea una realidad en su país.

Los analistas no descartan que en el futuro, una vez las vacunas hayan terminado la fase III de investigación y la situación de la pandemia haya mejorado ostensiblemente, que pueda existir una venta a particulares de la vacuna de covid-19.

Pero ahora, están de acuerdo, la prioridad debe ser la salud pública.


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