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En México no valen las pruebas,
sólo las acusaciones: Morera
Por Paris Martínez
12 de abril, 2011
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Luego de pasar cuatro años en la cárcel, condenada por supuestamente propiciar la violación de un menor de edad dentro de una escuela de Oaxaca, y en un caso que actualmente analiza el pleno de la Suprema Corte ante las presuntas inconsistencias jurídicas que presenta, la maestra Magdalena García Soto se encuentra actualmente en una encrucijada: sostener su inocencia y aguardar a que los ministros tomen su última resolución en torno al amparo solicitado, o esperar a diciembre y pagar una fianza para obtener la libertad, aunque así, implícitamente, termine aceptando que es culpable.

Caso San Felipe, acusación politizada.

En 2007, la maestra García Soto fue acusada de permitir que dos maestros (hasta el momento prófugos) agredieran en varias ocasiones a un alumno de cuatro años del Colegio San Felipe, quien declaró luego ante las autoridades judiciales: “Los maestros malos me bajaron el calzón y me lastimaron la colita”.

Sin embargo, afirma María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común, misma que ha dado seguimiento al caso de la maestra García Soto, “por difícil que pueda parecer, aquí la víctima es la persona que ha permanecido en prisión, dado que las pruebas usadas en su contra son muy cuestionables, y fue encarcelada porque el caso se politizó y la opinión pública se formuló una imagen adversa de ella pues, lógicamente, lo que menos queremos como sociedad es que lastimen a nuestros niños”.

Por ello, añade, las personas que deberían enfrentar a la justicia, son Ulises Ruiz, quien gobernaba Oaxaca cuando ocurrieron los hechos, y quien fuera su procurador de justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, “porque al tener tanta presión mediática, en 2007 terminaron encarcelando a una inocente. Su consigna fue refundir a la maestra como fuera, ni siquiera investigaron si el delito se había cometido, dónde y cuándo. Por ellos es que el caso se politizó“.

Para sostener sus argumentos, Morera enlista lo que ella califica como pruebas deficientes, empleadas para condenar a la maestra: la declaración del menor no se realizó ante un juez y sólo quedó registro escrito de ella, por lo que no se puede constatar en qué términos fue formulada o si fue inducida por alguien más; para ratificar las afirmaciones del menor, se presentó un análisis médico que certificaba la presencia de líquido seminal en el niño, firmado por un gastroenterólogo que después se comprobaría, estaba en Argentina en el momento de la auscultación y quien, a su regreso a México, aceptó que no podía ratificar dicha evaluación, además, subraya Morera, el lugar donde se afirma que el niño fue violado es un salón que en ese momento era ocupado para actividades de desarrollo psicomotriz, con la presencia de niños y maestros.

Todo ello, asegura la presidenta de Causa en Común, organización civil que el próximo jueves celebra su primer año de existencia, que el asunto se agrava porque indica que todo ciudadano, en cualquier momento, puede sufrir el mismo trance: ser sentenciado a prisión, sin que se cuente con pruebas científicas, periciales, que demuestren su culpabilidad”.

Urge poner en práctica la reforma penal

Luego del gran debate en torno al sistema penal acusatorio desatado por la exhibición del documental Presunto Culpable, que exhibe las deficiencias del sistema no sólo de enjuiciamiento en México, sino también el de investigación pericial, Morera afirma que el caso de la maestra García Soto viene a abonar a la impresión de que cualquier ciudadano puede perder la libertad, sólo con una acusación verbal.

“Para algunos, la declaración del menor es incuestionable, pero yo no digo que el niño mienta, lo que digo es que no hay ninguna prueba que constate que la maestra participó en el delito, por eso éste es un caso emblemático, puesto que si ya estuviera en marcha la justicia oralizada, las sesiones hubieran estado grabadas y sabríamos cómo fue exactamente que estas declaraciones se formularon, y es que ni siquiera el juez lo sabe, porque no estaba presente. Justo así es como terminan los inocentes en la cárcel.”

María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común.

Por ello, afirma, “la importancia de la película Presunto Culpable radica en que sensibiliza al ciudadano a que en cualquier momento puede estar del otro lado de la reja, siendo inocente, y por eso es que es importante que se modifique la forma de hacer justicia en México, y aunque en 2008 fue aprobada la reforma del Sistema Penal Acusatorio, para que las investigaciones dejen de basarse sólo en cuestiones testimoniales, y estén respaldadas por procedimientos científicos, al paso que vamos es difícil que pueda concretarse en 2016, tal como está planeado”.

Cabe destacar que, en febrero pasado, la madre del menor agredido, Leticia Valdés, declaró ante la prensa estar “extrañada” ante la defensa que Causa en Común ha realizado de la maestra García Soto, puesto que “este es un proceso penal, es un delito que estén evidenciando a mi niño porque fue víctima de violación, es una situación que está protegida por tratados internacionales. Él ha sido estigmatizado“.

– Como representante de una asociación civil dedicada al combate a la impunidad, ¿no resulta adverso defender casos tan sensibles como el de una persona acusada de violar a un menor?, se le pregunta a Morera.

– Yo entiendo que todos somos muy sensibles, si alguien me habla de una violación por supuesto que quiero que se halle al culpable, pero no podemos basar lo de las culpabilidades en dichos –subraya–: eso es muy peligroso, porque mañana cualquiera puede ser acusado de cometer un delito grave, y si lo único que vale es la palabra del acusador, y no las pruebas, de antemano esa persona quedará condenada, y ser inocente puede resultar lo de menos.

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