Gobernador saliente deja a Q.Roo endeudado por 20 años

Este martes concluye el gobierno en Quintana Roo del priista Félix González Canto, quien deja una deuda histórica en las arcas del estado. A la opacidad en el manejo de los recursos públicos, críticos de su gestión señalan que también tuvo una abierta inclinación por colocar a sus familiares en cargos donde se manejara éste dinero

Gobernador saliente deja a Q.Roo endeudado por 20 años

Cancún, Quintana Roo.- La sonrisa del diputado priista Luis González Flores aquella tarde del pasado 19 de octubre de 2010 era como la síntesis de su quehacer parlamentario en los últimos meses. Parecía irónica, a ratos sarcástica, pero quienes lo observaron ese día en el salón de plenos del Congreso del estado, cuentan que no cabía de gusto luego de que la mayoría priista que encabezaba autorizó al gobierno de Quintana Roo que contratara un préstamo por 2 mil 700 millones de pesos.

Su andar pausado por los pasillos del recinto, luciendo su pelo cano con entradas prominentes y un bigote blanco, lo habían hecho ubicable durante su cabildeo  para que, en menos de un año, el poder legislativo quintanarroense avalara un segundo decreto para endeudar al estado en los siguientes 20 años. Meses antes, en diciembre de 2009, operó con su bancada y la del Verde Ecologista para que, sin el aval del PAN ni del PRD, se aprobara que el gobierno estatal adquiera un préstamo por 2 mil 661 millones, también a pagar en 20 años. En ambos se argumentó que los fondos serían para financiar “obra pública productiva”.

Luis González Flores, ex líder del Congreso de Quintana Roo.

Cuando en el año 2008 González Flores llegó como diputado y líder del Congreso, tenía una encomienda de su sobrino, el gobernador Félix González Canto. Como la legislatura saliente había estado dominada por la oposición, las propuestas del gobierno del estado para adquirir deuda habían sido rechazadas. Pero en ésta, donde el PRI tendría mayoría, y que además encabezaría su familiar, el gobernador recibió su primer aval en noviembre de aquel año cuando se le autorizó que adquiriera un préstamo por mil 900 millones de pesos. Tres años después Quintana Roo se encuentra en la lista de los 10 estados de la República más endeudados, con poco más de 7 mil 261 millones de pesos, cantidad que no incluye la deuda contraída por los nueve municipios del estado durante este lapso, que sumarían alrededor de dos mil 417 millones de pesos.

Este martes 5 de abril, la sonrisa del hoy exdiputado del PRI podría volver a las planas de los periódicos locales cuando Roberto Borge Angulo tome posesión como nuevo gobernador de Quintana Roo. Entre la clase política local se da como un hecho que González Flores, en “pago por sus servicios” en la gestión de su sobrino, haya recomendado a su sucesor ponerlo como nuevo secretario general de gobierno, es decir, número dos del estado.

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Félix Arturo González Canto se caracterizó por encabezar un gobierno (2005-2011) “peleado con la transparencia en el uso de los recursos públicos”, dice William Souza Calderón, quien fue diputado local independiente hasta hace unos días y hoy está afiliado a Acción Nacional. Explica que si algo caracterizó al gobernador saliente durante su gestión, fue su “preocupación por el culto a su personalidad”. Fue como una suma de “banalidades, alejadas del interés general, viendo solo el interés personal. Un autoritario que no le gusta la democracia, caracterizado por el despilfarro de recursos públicos y quien exigía siempre sumisión”.

Felix Arturo González, durante la inauguración de la terminal tres del Aeropuerto Internacional de Cancún.//FOTO: Cuartoscuro

Un ejemplo fueron los 300 millones de pesos que gastó el gobierno en la construcción del centro de convenciones de Chetumal. Un inmueble en la capital del estado que sólo se usó durante sus últimos informes de gobierno. El resto del año, no se le da algún uso, es “un elefante blanco”. Otro caso fue la compra de parque vehicular para “la alta burocracia”, un gasto del que no se tuvo el reporte completo y del que sólo se informaron generalidades. “El empleo constante del avión del gobierno para fines personales, pasó a ser de uso particular en su gestión. Félix es un hombre alejado del cuidado de los recursos, sólo llegó a beneficiarse y a disfrutar del puesto. En esta legislatura que concluyó presentamos una iniciativa que exigía rindiera cuentas de sus viajes, tanto nacionales como al extranjero. Se echó abajo. Entre que sale del país, gastó lo que quiso sin rendir cuentas”.

La opacidad fue quizá el rasgo de gobierno pero no podría desdeñarse el nepotismo, dice por su parte José Hadad, diputado local por Acción Nacional en la legislatura que concluyó sus labores a finales de marzo pasado. Siempre se le cuestionó por qué le daba a sus familiares cargos cuya responsabilidad algo tenía que ver con los dineros públicos.

Su tío, como líder del Congreso, operó los tres decretos para endeudar al estado de aquí hasta el año 2030. A su primo Javier Zetina González lo puso al frente de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, instancia que maneja siete terminales marítimas ubicadas a lo largo de la Riviera Maya y percibe ingresos superiores a los 120 millones de pesos anuales.

Javier Zetina González, director de la API en Quintana Roo.

A otro de sus primos, Óscar Conde Canto, lo colocó como director de ingresos del municipio de Cancún, la ciudad que más beneficios fiscales capta en el estado. A Manuel Conde Canto lo nombró director de la zona federal marítima y a Juan Carlos González Hernández, como alcalde de Cozumel, su tierra natal, lo apoyó para que durante su gestión, que concluye este 10 de abril, adquiriera varios préstamos que dejaron “hipotecado el futuro de la isla”.

Hadad coincide con Souza en que en  la zona sur de Quintana Roo, fuera de Cancún y las arenas blancas de las playas en la Riviera Maya, nunca se vio que el gobernador saliente tuviera una estrategia para reactivar la economía. “No hubo una obra que beneficiara a la población, las que hay son inversiones federales”, comenta Hadad. “Se requiere generar empleos, que el sur se active con infraestructura. Seis años después no hay nada de eso. La queja es que se promocionó a la zona norte y el sur no existe”, opina por su parte Souza.

Fuera del coro de aduladores que impera en el estado, donde políticos del PRI, del Verde Ecologista y hasta algunos perredistas, optaron por no cuestionar al gobernador saliente, los dos exdiputados fueron de las pocas voces que desentonaron. Souza dice que González Canto ahora le apuesta a dejar a alguien afín como su sucesor, que más que le ayude a incrementar su bienestar, “le cuide las espaldas para continuar tras bambalinas manejando el gobierno”.

Cauto, en ocasiones callado, González Canto no ha querido responder a los dichos que señalan la opacidad y el nepotismo como rasgos de su gobierno. Hace unas semanas salió al paso de la única cuestión que al parecer le preocupa: el que se tenga a su gobierno como el que triplicó la deuda pública que dejó su antecesor en el cargo Joaquín Hendricks. Un rotativo capitalino publicó en marzo pasado que las corredurías financieras Fitch Ratings y Standard & Poors, colocaron en negativo las calificaciones crediticias de Quintana Roo, debido al incremento de su deuda a corto y mediano plazo. El gobernador desmintió que la deuda de corto plazo ascendiera a 2 mil 880 millones de pesos y que a largo plazo haya un débito de 5 mil 300 millones.

Dijo que cuando se llegara al techo del último endeudamiento, éste oscilaría en 4 mil 800 millones de pesos, “pero no los ocho mil que se comenta”. Consideró que esto no pone en peligro la calificación que tiene el estado ante las corredurías internacionales pues, si bien reconoció que es a la baja, “un punto no es significativo”.

Y como si fuera dedicatoria, uno de sus paisanos, el exgobernador Pedro Joaquín Codwell, actual senador de la República y presidente de la comisión de puntos constitucionales, con quien no tiene buena relación, aparece como uno de los legisladores que impulsan una iniciativa de reforma a la Constitución, la cual buscaría como primer paso, evitar excesos en el endeudamiento de las arcas públicas por parte de los gobernadores.

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