El Senado aprobó en lo general la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas, propuesta y enviada por el presidente Felipe Calderón el pasado 3 de marzo.
Con 83 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, los legisladores aprobaron esta ley que tiene como objetivo prevenir y sancionar las malas prácticas de los servidores públicos en materia específica de contrataciones públicas. Las sanciones son dos fundamentales: la multa y la inhabilitación de los puestos públicos.
“Con el propósito de no limitar el concepto de contratación pública, se plantea una definición amplia que, en términos de lo referido en la iniciativa, permitirá encuadrar cualquier práctica de corrupción que menoscabe los recursos federales”, según los legisladores.
Los senadores plantearon que la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea la encargada de aplicar esta Ley, de dictar las disposiciones administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento y para interpretar sus disposiciones para efectos administrativos, en el ámbito de la Administración Pública Federal.
¿El siguiente paso? La Asamblea analizará una serie de artículos reservados por parte de las comisiones dictaminadoras.
Malos manejos de recursos federales
*En febrero pasado, la SFP sancionó a cuatro exempleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que autorizaron un pago de 8.95 millones de pesos por una obra pública que no había sido ejecutada.
*También en febrero, la SFP destituyó e inhabilitó por diez años para ocupar cualquier empleo en el gobierno federal a dos funcionarios de PMI Comercio Internacional –brazo comercial de Pemex- por tramitar el pago irregular de liquidación a un funcionario que había sido destituido por sanción, emitida por la misma dependencia.
*Ese mismo mes, la SFP determinó sancionar a 12 servidores de Pemex y a tres empresas ante la asignación irregular de contratos de obra pública, por 38.9 millones de pesos, para la rehabilitación del complejo petroquímico Escolín.
*En enero pasado, tres funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco fueron acusados de malversar 2.2 millones de dólares por la SFP, quien presentó una denuncia penal contra los implicados.
Con información de El Universal.
