En esta semana santa, Animal Político ha retomado lo que se ha escrito sobre los siete pecados capitales utilizados por el catolicismo para mirar, de una manera poco común, a los políticos en México.
Ayer lunes santo inició esta serie con la soberbia, cinco estampas de personajes como la maestra del sindicato más grande de América Latina, Elba Esther Gordillo; el ex gobernador poblano, Mario Marín; el expresidente Vicente Fox, el otrora mandatario colombiano, Álvaro Uribe y el legendario Napoleón Bonaparte.
Ahora, martes santo, utilizaremos parte de lo que se ha escrito sobre la Avaricia para alumbrar a quienes dirigen al país.
La avaricia (en latín, avaritia) es —como la lujuria y la gula—, un pecado de exceso. Sin embargo, la avaricia (vista por la Iglesia) aplica sólo a la adquisición de riquezas en particular.
Tomás de Aquino escribió que la avaricia es “un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales”. En el Purgatorio de Dante, por ejemplo, los penitentes eran obligados a arrodillarse en una piedra y recitar los ejemplos de avaricia y sus virtudes opuestas.
“Avaricia” es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen la deslealtad, la traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar.
La búsqueda y acumulación de objetos, robo y asalto especialmente con violencia, los engaños o la manipulación de la autoridad son todas acciones que pueden ser inspirados por la avaricia.
Cuando se han cumplido ya cuatro años del gobierno de Felipe Calderón ¿a cuántos personajes les ha ganado la avaricia?, es decir, ¿cuántos funcionarios han sido sancionados por corrupción o por malversación de recursos públicos?
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), estás son las cifras:
-1, 948 denunciados penalmente hasta enero pasado.
-31 mil 223 sanciones administrativas, hasta julio del 2010.
. 7 mil 600 sanciones administrativas anualmente contra 8 mil funcionarios.
– 3 mil 877 son inhabilitaciones para volver a ejercer cargos públicos que van de los 3 hasta los 12 años.
Según estos números oficiales anualmente habría 487 funcionarios puestos ante la mirada de los jueces poder delitos que van más allá de una sanción administrativa; ya sea pública o privada. Todos ellos 1,948 fueron consignados penalmente.
No obstante, México no ha podido, durante ese mismo periodo de tiempo, obtener por lo menos una calificación aprobatoria de 6 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
De hecho, dese que inició la alternancia partidista, México no sólo nunca ha conseguido estar a media tabla entre los países menos corruptos del mundo, sino que además su calificación jamás ha llegado a los 4 puntos.
En la medición más reciente –año 2010-, México obtuvo una calificación 3.1, ubicándose en el lugar 91 de 178 países participantes. En ese mismo lugar aparecieron Burkina Faco y Egipto.
La medición de Transparencia Internacional se base en que piensa la gente sobre la corrupción en sus países. La paradoja consiste en que México cuenta con una de las mejores leyes de transparencia en el mundo la cual ha servido de base para crear otras normas en Centroamérica y el Caribe.
El Pemexgate
Uno de los casos más que más llamaron la atención de la prensa nacional e internacional durante el sexenio pasado fue, sin duda, el llamado “pemexgate”. Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps, los principales implicados en la malversación de millones de pesos para utilizarlos en la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, nunca pisaron la prisión.
En contraste, durante el gobierno de Calderón 14 trabajadores de PEMEX, acusados de fraude, deberán pagar una inédita multa 5 mil 134 millones de pesos por la presunta fraudulenta licitación para la renta de cuatro buques.
No obstante no se trata de personajes del dominio público aunque sí de importancia dentro de la estructura administrativa en la paraestatal. En este caso aún faltan las sentencias.
Además de la situación descrita, la corrupción y la forma en que los mexicanos perciben que sus gobernantes trabajan sobre el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y datos personales (IFAI) abrió un nuevo punto de controversia: las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Vicente Fox
Desde que dejó Los Pinos, los bienes y la jubilación del expresidente Vicente Fox han sido dos de las piezas constantemente requeridas por organizaciones no gubernamentales y algunas reporteras. A más de cuatro años de distancia, no sólo ha sido imposible acceder a la documentación original sino que ahora ya no existen las copias de esos documentos en la propia secretaría de la Función Pública, de acuerdo con una resolución reciente del IFAI.
El pasado 15 de abril, las comisionadas –en este caso encabezadas por María Marván- ordenaron a la Secretaría de la Función Pública investigar a los funcionarios que actuaron con negligencia al no conservar en sus archivos copias de las investigaciones sobre la evolución patrimonial del Fox.
En su última sesión pública antes del actual periodo vacacional, el IFAI determinó que se determinen las responsabilidades administrativas sobe quienes tenían la custodia del expediente 142/2007 radicada en la Dirección Adjunta de Verificación y Evolución Patrimonial.
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