La abogada Marisela Morales Ibáñez, respaldada hasta por el gobierno de Estados Unidos, es la propuesta del presidente Felipe Calderón para encabezar la Procuraduría General de la República (PGR).
La fiscalía federal, máxima autoridad investigadora de narcotraficantes, lavadores de dinero o funcionarios defraudadores, tiene cada vez menos detectives, prácticamente no cuenta con herramientas para concretar los grandes “golpes” contra el crimen que antes lograba y tiene, con la autoridad actual federal, a los procuradores con menos margen para salir a dar la cara e informar sobre su trabajo.
De entrada, la tan Agencia Federal de Investigación (AFI) creada por decreto del Ejecutivo federal en noviembre de 2001, ideada por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y anunciada como la desaparecedora de la Policía Judicial Federal, como parte de la estructura de la PGR, se fue diluyendo con el paso de los años para cederle facultades investigadoras a la Policía Federal Preventiva –hoy sólo Policía Federal para quitarle la limitante de ser responsable sólo de prevenir los delitos-.
De manera inesperada, el propio García Luna se encargó de desmantelar a la AFI, en septiembre de 2008, argumentando que ahí la corrupción prevalecía y armó un operativo en sus instalaciones de la colonia Lomas de Sotelo. La PFP, que se supone no tenía que investigar, paradójicamente estaba sometiendo a los verdaderos investigadores.
En mayo de 2009, a partir de una serie de modificaciones a ordenamientos internos de la PGR, se decidió transformar a la AFI en Policía Federal Ministerial, cuyas diferencias con la primera nunca se explicaron ni trascendió como grupo policiaco en los reportes de resultados de las corporaciones federales.
No obstante, la disolución de los “afis” como tales nunca quedó concretada, hecho que nunca se explicó, por lo que actualmente siguen existiendo en el país grupos de trabajo que aparecen, firman documentación y utilizan uniformes como integrantes de la Agencia Federal de Investigación.
Marisela Morales, todavía titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se enfrentaría, de ser nombrada procuradora general de la República, a un segundo problema: encabezar una institución castigada en recursos y herramientas para trabajar en tiempos en los que el combate al narcotráfico y el crimen organizado son prioridad del gobierno calderonista.
Pese a que el Congreso de la Unión autorizó incrementos presupuestales para las áreas federales encargadas de enfrentar a la delincuencia para el presente 2011, el caso de la PGR difirió de la mayoría de esas instituciones, pues cuenta apenas con 11 mil 997 millones de pesos para trabajar, que representan 72 millones menos de los que le aprobaron para el año pasado, frente al incremento de dinero que sí tuvieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que trabajan con 50 mil 039 millones y 18 mil 270 millones de pesos, respectivamente.
Mensaje del presidente Felipe Calderón, donde propone a Marisela Morales como posible titular de la PGR:
Las medallas colgadas
La limitación de presupuesto y falta de herramientas son quizá algunas de las causas que hayan provocado que los resultados en detenciones importantes o grandes investigaciones por parte de la PGR pierdan dimensión frente a los logros mostrados por otras instituciones federales.
La Secretaría de Marina-Armada de México, una de las instituciones hoy consentidas de Estados Unidos –que puede comprobarse a través de los cursos de capacitación en temas de crimen organizado otorgados o en el equipamiento asignado a través de la Iniciativa Mérida-, puede presumir por ejemplo el abatimiento de los importantes capos Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, en diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, y de Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, apenas el pasado mes de noviembre en Matamoros, Tamaulipas.
Un dato curioso es que el primero de estos golpes lo realizaron los marinos en un estado en el que no hay costas.
La Policía Federal, corporación cada vez más poderosa, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, también se colgó su gran medalla al aprehender a finales de agosto del año pasado, en el Estado de México, a Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, pese a que se dijo que la captura ocurrió circunstancialmente al cometer el narco una infracción de tránsito.
Y al Ejército Mexicano, no se impidió tampoco realizar la investigación que concluyó con uno de sus más recientes éxitos: la muerte en un tiroteo, el 29 de julio de 2010, de Ignacio “Nacho” Coronel, importante socio del todavía prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Antes, en otras gestiones de gobierno, se ensalzaba la labor investigadora de la fiscalía federal a la que renunció apenas el jueves el Arturo Chávez Chávez, a través de grandes operativos que concluían con importantes aprehensiones.
Pero hoy ¿qué gran operativo como los anteriores puede atribuirse a la PGR? Quizá el más importante que se recuerde es el que incluyó la temporal detención de funcionarios locales en el estado de Michoacán presuntamente vinculados con el narcotráfico, también conocido como “El Michoacanazo”, que sin embargo, al final tuvo un resultado favorable a los implicados.
Los 35 servidores públicos señalados por presuntamente colaborar con la organización delictiva conocida como “La Familia Michoacana”, todos están en libertad: un juez, ministerios públicos, presidentes municipales, un procurador y jefes policiacos.
Entre ellos está el perredista Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy Rangel, quien aunque la Cámara de Diputados aprobó su desafuero, sigue gozando libertad porque aún se espera que un juez emita una nueva orden de aprehensión.
Fiscalías que no operan
A los anteriores inconvenientes a los que tendría que enfrentarse Morales Ibáñez al frente de la PGR, habrá que añadirse la inoperancia de áreas que prometían ser revolucionarias en la investigación de delitos clave, y que finalmente se convirtieron en apéndices de la dependencia federal, como son la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La primera de ellas opera con limitantes. Por ejemplo, que no está facultada para indagar ilícitos de violencia hacia las mujeres ni de trata de personas cuando tengan vínculos con la delincuencia organizada, o que no es competente para conocer delitos de violencia de tipo sexual.
En tres años de existencia, la Fevimtra a cargo de Sara Irene Herrerías ha conseguido solamente una sentencia entre las poco más de 500 averiguaciones previas iniciadas, de acuerdo con sus datos oficiales.
En tanto, la FEADLE –antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas-, creada a través de un acuerdo del procurador general de la República, ha sido fuertemente cuestionada por organismos civiles tras los casi nulos resultados que obedecen a su poco margen de acción.
Por ejemplo, la organización Article 19 señala que esta nueva fiscalía mantiene la facultad discrecional para atraer los casos que considere, lejos de prever criterios transparentes y objetivos sobre los casos que conocerá.
“Esto se traduce claramente en que sigue sin tener facultad de investigación para la mayoría de los casos de agresiones”, señala en un documento que hizo público a través de Artículo 19.
El Acuerdo A/145/10 en el que basa sus operaciones la FEADLE, continúa Artículo 19, no contiene disposición alguna que obligue agotar las líneas de investigación en todo delito cometido contra quienes ejercen el periodismo considerando la presunción de haberse cometido un delito contra la libertad de expresión.
“El presente marca avance significativo en la definición de sujeto, sin embargo, notamos todavía deficiencias claras ya que lo deja abierto a la interpretación del mismo.
“Los limitados avances del presente acuerdo siguen estando dentro de un marco normativo federal deficiente. Al presente acuerdo le hace falta acompañarlo de la reforma integral referente a la federalización”, añade la organización no gubernamental.
Marisela Morales, quien tendrá que responder frente al trabajo de las citadas áreas de la PGR de ser nombrada titular de la misma, llega con el antecedente de encabezar una SIEDO manchada tras el encarcelamiento de Noé Ramírez Mandujano, a quien se le detectaron vínculos con el narcotráfico y fuera encarcelado, dentro de la Operación Limpieza impulsada por el gobierno federal.
Hoy, algunos legisladores y especialistas consideran que la PGR pretende convertirse en una fiscalía de persecución política frente a la cercanía de la elección presidencial de 2012.
Redacción Animal Político.
