Trata de personas, segundo ilícito más redituable en México
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Trata de personas, segundo ilícito más redituable en México

Por Patricia Guillén
13 de abril, 2011
Comparte


En México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas, según el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.

Del mismo estudio se desprende que también es, después de Tailandia, el segundo país que mayor número de víctimas de trata provee a los Estados Unidos.

Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79% son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18 % explotación laboral; de acuerdo a cifras del INEGI, de 3.6 millones de personas, el 31% son menores de edad, con edades entre 5 y 17 años, y 70%  personas migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.

Los grupos más vulnerables se definen por género, edad (niños, niñas, adolescentes, principalmente no-acompañados, y adultos mayores), ocupación (agricultores, campesinos, empleadas domésticas), escolaridad y situación migratoria, según información proporcionada por la diputada federal por el PAN Rosy Orozco, Presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas.

En México, de los 31 estados, 28 de ellos y el Distrito Federal tienen en su orden jurídico considerado a la trata de personas como tipo penal, de ellos sólo 13 estados cuentan con una ley especial que prevé protección a las víctimas y cuatro estados no tienen tipificado este delito en sus códigos penales, ni cuentan con la Ley especial.

Acorde con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sin especificar en qué estados de la República Mexicana desde 2008 al 2 de marzo de 2011, han sido sentenciadas 23 personas por el delito de trata, mientras que han sido  rescatadas 123 víctimas, entre ellas 23 menores de edad, mediante 15 dispositivos y seis cateos, tras lo cual fueron arraigadas 102 personas y 109 consignadas.

Las rutas de los tratantes

Los principales estados de la República Mexicana y rutas de redes de tratantes de personas que destacan son: Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal, Oaxaca, entre otros, indicó Rosy Orozco.

Destacó que en la zona del Soconusco-Chiapas existe el intercambio comercial y ocurre una intensa movilidad de nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y, con menor medida, otros países de América del Sur como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Siendo Chiapas uno de los lugares en donde las víctimas se encuentran en mayor vulnerabilidad de caer en redes de tratantes de personas que aprovechan sus necesidades económicas y su situación migratoria irregular. El siguiente caso, es de una joven chiapaneca de nombre Lucero de Jesús Oliva Meza quien lleva desaparecida aproximadamente dos años.

La historia de Lucero Oliva Meza

La mañana del 05 de febrero del 2009, Lucero de Jesús Oliva Meza, una joven de 21 años de edad, salió de su domicilio ubicado en el lado norte en la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estrenaba unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca, les dijo a sus padres “vuelvo más tarde”…

Después de dos años de su desaparición se desconoce su paradero, así como lo que han hecho las autoridades para ayudar, luego de haber sido reportada como extraviada ante las instancias correspondientes, narra su hermana, Karla Oliva.

“La desaparición de mi hermana fue repentina, estábamos en la casa, y recuerdo que dijo que  iba a visitar a una de sus amigas, y desde entonces ya no regresó, ahora las dos, tanto su amiga de nombre Leticia Toledo Fuentes y mi hermana están desaparecidas y ninguna de las familias sabe con certeza lo que ocurre.”

Karla describe a su hermana como una persona platicadora, amiguera, sociable, soñadora, fiestera, a la vez enojona, y falta de comunicación, que en ocasiones no obedecía a sus padres debido al consumo de drogas. Otras actividades que Lucero disfrutaba eran ir a los bares y antros  de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Con esta descripción y con algunas declaraciones hechas en el caso de Lucero comenta: “La Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres se retiró del caso y lo enviaron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de Chiapas (FECDO) por ser un asunto de injerencias con la organización criminal de los Zetas.

“Al iniciar con las investigaciones nos enteramos de muchas cosas respecto a su amiga Érita Toledo con la que llevaba frecuentándose siete meses antes de su desaparición.

“Algunas exparejas de esta chava declararon en la averiguación previa 057/FECDO/2009-09 que Érita Toledo trabajaba como edecán y se anunciaba en una página de internet, su imagen fue quitada tras lo sucedido.

“Además de que la relacionan con posibles nexos con alguna organización de narcos. Con esos datos, la desaparición de mi hermana fue vinculada como un ajuste de cuentas por el consumo de drogas, según Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional contra la trata de personas, a quien hemos acudido para resolver esto que ha llevado años”, explicó Karla

Con lágrimas en los ojos y desconsolada, Karla Oliva Meza dijo que con todo esto han sido víctimas hasta de licenciados usurpadores, de gente aprovechada ante la problemática.

“No sabemos si están privadas de su libertad, pero tampoco lo descartamos, porque ya pasó mucho tiempo y ella no se ha comunicado. Aunque nosotros sabemos que mi hermana no es una monedita de oro, estamos seguros que ella no tenía ni tiene ningún nexo con criminales, es justo que las autoridades nos dejen saber qué pasa”.

Según resultados de la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, realizado en el 2005 y dado a conocer por Marcela Lagarde y de los Santos, atribuyó que durante los últimos años se ha silenciado la violencia específica contra las mujeres, particularmente en Chiapas por ser un estado con una construcción social distinta, pese a que ha reformado su Procuraduría de Justicia en apoyo a las mujeres.

En Chiapas, el fenómeno de la trata de personas se encuentra íntimamente ligado al fenómeno migratorio. Este último es un proceso complejo que responde a influencias económicas, sociales y culturales vinculadas con la construcción social de lo masculino y femenino, y que atañe y es afectado por las relaciones de género.

Servidores públicos enredados con traficantes de personas

Según información obtenida por la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosy Orozco, en Chiapas han sido desarticuladas 23 bandas relacionadas con el delito de trata de personas, algunas de las cuales contaban con protección de diversos servidores públicos,quienes también han sido detenidos.

“Es un problema muy serio que en Chiapas falta mucho por hacer, la mayoría de los reportes en trata en todo el país, la complicidad tiene que ver con personas de migración y Chiapas es uno de los principales estados en focos rojos que tenemos.

“Sin educación, sin cultura, sin realmente una vocación de servicio, y sin profesionalización la policía no puede hacer nada, por eso me da gusto que estén capacitando a los policías y estén profesionalizando a la gente en sus respectivos cargos.

Así como le hicieron en la SIEDO debe hacerse una limpieza de todo el personal en todas las instituciones públicas”, señaló Orozco, y destacó que actualmente en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración se encuentra investigando a nivel de toda la República para descubrir a esos funcionarios cómplices que esperan que hasta el mismo Instituto de Migración sea revisado.

En Tapachula, y otros municipios importantes del Soconusco, contantemente hay una contratación de trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos, también de trabajadoras domésticas de  la misma nacionalidad.

La edad de las empleadas domésticas por lo general oscila entre 12 y 20 años, aunque también las hay mayores. Hay algunas que comienzan a verse mujeres con 10 u 11 años y son empleadas en esta actividad.

En otros datos, se menciona que las trabajadoras sexuales también pueden laborar en la vía pública. En un parque o restaurante pueden contactar a sus clientes, a quienes  llegan a atender en taxis, cuartos de hotel, baños públicos. Estas empleadas, generalmente forman parte de redes de comercio sexual.

La edad de la mayoría de las mujeres que desempeñan estas labores  es de 10 a 35, difícilmente de más años. Aunque el problema de la trata de personas se recrudece entre las que son menores de edad, principalmente en las que tienen entre 11 y 16 años de edad.

“En la trata clandestina los tratantes prefieren agarrar a niños desde los 12 años; es una manera más fácil de someterlas y educarlas como ellos quieren”, agregó la diputada.

Actualmente en Chiapas, se dieron cumplimiento a 22 órdenes de cateo en diversos municipios, detenido a 11 presuntos tratantes, asegurado los inmuebles que ocupan los bares denominados “El Bohemio”, “El Aguaje”, “El Aventurero” y “El Brindis de la Texana” y el 21 de febrero del 2011 se dictó la primera sentencia condenatoria por el delito de trata según información manejada por la PGJE.

Entre las mujeres desaparecidas actualmente en Chiapas, se encuentran Lucero de Jesús Oliva Meza,  Érita Leticia Toledo Fuentes, Alejandra Páez Bonifaz, Amalia Hernández Torres, América Pascacio Gutiérrez, Estéfani de Jesús Santos, María de los Ángeles Cundapí Toalá, María del Carmen Ramírez Ruiz, María Reyna López Hernández y las hermanitas Yeni Fernanda y Alicia Cecilia Acuña García.

De  acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 56% de las víctimas de trata humana en el mundo son mujeres y niñas.

Las víctimas de la trata sufren abuso físico, psicológico y sexual, y es un delito tan grave como el homicidio, la violación sexual y el secuestro, que debe ser procesado legalmente.

Protocolo de Palermo para prevenir la trata de personas

En esta semana, los diputados David Razú Aznar y Maximiliano Reyes Zúñiga, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 188bis del Código Penal para el Distrito Federal.

Éste indica que las instancias del Estado Mexicano deben responder ante la violencia contra las personas en algún estado de vulnerabilidad, especialmente en el tema de trata de personas.

“La iniciativa pretende armonizar la legislación penal vigente en materia de trata de personas, con el protocolo de Palermo, con la finalidad de ampliar el tipo penal, si bien no hay un instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas”, explicó Razú Aznar.

Por otro lado comentó que dentro de la Agenda Legislativa del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, específicamente la línea de acción 2321, obliga a este órgano legislativo a impulsar foros de discusión al interior de la misma con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos para analizar los avances y retos para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.

El Protocolo de Palermo declara que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas, amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Entre otras propuestas, la iniciativa pretende dejar en claro las definiciones y conceptos: trata de personas,  la captación, el transporte y el traslado.

Además, la iniciativa pretende adicionar un tercer párrafo al mismo artículo 188bis, quedando:

“Al que induzca, promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, capte, acoja o reciba para sí  o para un tercero, a través del engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad a una persona para someterla a cualquier corma de explotación, para el aprovechamiento de la prostitución ajena, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, esclavitud, servidumbre, matrimonios serviles o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio  del DF se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa.

Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.

No se considerará como causa excluyente de responsabilidad del delito de trata el consentimiento dado por parte de la víctima”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Getty Images

Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
Comparte

Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

Getty Images
106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Iw8YMJx_rSM

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.