close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

¿Cuánto cuesta morir
a manos del Ejército?

El señor Adán Abel Esparza Parra, cuyos hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar, conoce la respuesta: la vida de un civil vale un promedio de 147 mil pesos.
Por Francisco Sandoval Alarcón
31 de mayo, 2011
Comparte

El señor Adán Abel Esparza Parra, cuyos hijos, esposa y hermana fueron acribillados en un retén militar, conoce la respuesta: la vida de un civil vale un promedio de 147 mil pesos.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por Animal Político, la SEDENA ha pagado en promedio esta cantidad a las familias que pierden a uno de sus miembros cuando se ven fortuitamente envueltos por un tiroteo. “Daños colaterales” les llaman.

En contraste,  la misma instancia encabezada por el general Guillermo Galván Galván ha entregado a las familias de los militares caídos en combate, alrededor de 784 mil pesos.

Interrogados sobre el número de bajas civiles “inocentes” en el combate al narcotráfico, la SEDENA elude dar los datos precisos y los nombres porque corresponden a “datos personales que requieren del consentimiento de los individuos para su difusión”, pero al menos señala que ha pagado en los últimos 4 años un total de 67 indemnizaciones por personas muertas y heridas, que equivale a una bolsa de 11 millones 966 mil 553 pesos.

Además, en respuesta a una segunda solicitud de transparencia, el Ejército  reconoce la muerte de 153 militares de diferente rango de 2007 a la fecha, cuyas familias han recibido en promedio 784 mil pesos por indemnización, lo que arroja a su vez una bolsa total de 120 millones de pesos.

En el caso de los soldados que han muerto en accidentes aéreos en el marco de la “lucha permanente contra el narcotráfico”, más el apoyo que por ley tienen que recibir, la SEDENA ha pagado 100 mil dólares a cada familia, como parte de las pólizas de vida estipuladas por manejar equipos de alto riesgo, las cuales están establecidas en dólares.

I.-Le mataron a toda su familia

Esparza Parra perdió a toda su familia y el pulgar de la mano izquierda el 1 de junio de 2007. Un regimiento de 19 militares mató a su esposa, a sus tres hijos, así como a su hermana cuando viajaban camino al poblado de Ocorahui en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Los sobrevivientes quedaron gravemente heridos.

Por arrancarle de un balazo el dedo, el Ejército le pagó 36 mil 916 pesos. Por cada uno de sus hijos muertos, le dieron 147 mil 664 pesos.

El pago por el asesinato de su esposa, una suma similar a la entregada por sus hijos, fue para su suegra.

La suma global arrojó un total de 847 mil 70 pesos, cantidad que representa la indemnización más alta pagada por el Ejército a  familiares de civiles muertos por los errores o excesos cometidos por los militares durante la “guerra” contra el narcotráfico.

En la actual administración la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha pagado, vía cargo al erario, más de 12 millones de pesos por concepto de indemnizaciones a familiares de civiles  muertos y heridos.

II. Súplicas de un herido

La familia de Adán Abel, así como una maestra rural que los acompañaba, todos originarios de la comunidad serrana de La Joya de los Martínez, Sinaloa, viajaban en una  camioneta cuando se toparon con el regimiento de militares, quienes les dispararon.

Con el pulgar destrozado, Adán abandonó el asiento del conductor y le gritó a los uniformados que no dispararan porque los pasajeros eran mujeres y niños. La respuesta militar fueron más tiros, hasta que la camioneta se colapsó al fondo de una breve barranca.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no sólo evidenció la mortal “equivocación” en la recomendación 040 de 2007, sino se fue más allá: Documentó  que los militares, “lejos de proporcionar el auxilio y la atención médica oportuna o implementar las acciones correspondientes para tal fin”,  mantuvieron a los heridos en el lugar de la agresión “por más de tres horas”.

Descubrió también que el responsable del pelotón buscó relacionar a los Esparza con actividades delictivas, pues ordenó a sus subalternos colocar un “costal de hierba verde, al parecer marihuana”, en las inmediaciones donde quedó volcada la camioneta que tripulaba la familia agraviada.

III.-Los pesos de la muerte

Adán Abel Esparza ha recibido, aparte, más de 70 mil pesos de 2008 a la fecha, por los gastos de  rehabilitación que forzosamente ha tenido que llevar para recuperar la movilidad de su mano.

Entre el primero y los siguientes pagos, la SEDENA ha erogado cerca de un millón de pesos por la muerte de los 5 miembros de la familia Esparza y las heridas ocasionadas a otros tres acompañantes.

Una solicitud de transparencia hecha a la SEDENA reveló que del 1 de enero de 2007 a la segunda semana de abril de 2011, la institución castrense pagó 67 indemnizaciones a familiares de muertos y heridos, suma equivalente a una bolsa de 11 millones 966 mil 553 pesos.

El número de civiles muertos, sin embargo, no fue revelado por los representantes de la SEDENA, bajo el argumento de ser información clasificada.

Por tratarse de datos personales se requiere del consentimiento de los individuos para su difusión —respondió el General de Brigada del Estado Mayor, Genaro Robles, en una carta enviada al IFAI ante la solicitud de Animal Político.

Lo que sí informó el Ejército es que 30 de los 67 pagos correspondían a  indemnizaciones por montos superiores a 147 mil pesos, que es el dinero que han pagado a familiares de civiles muertos.

Según el listado entregado por la SEDENA, la indemnización más alta se dio en 2007 y fue de 849 mil 70 pesos. Esa cantidad coincide con el pago que los militares hicieron por el asesinato de los cinco miembros de la familia Esparza.

IV.-Los civiles muertos

Trece en cinco meses.Aunque la SEDENA se negó a dar los nombres de las víctimas de las agresiones y las fechas en las que ocurrieron, en al menos otras  dos solicitudes ciudadanas realizadas al  IFAI la institución castrense dio a conocer esos datos.

A finales de 2010, por ejemplo, la SEDENA reconoció que del 13 de mayo al 8 de septiembre —es decir, un lapso de 5 meses— 13 civiles sin vínculos con la delincuencia habían muerto en retenes o por fuego cruzado, por lo que fueron indemnizados.

Por los 13 decesos, así como por los pagos a otros seis civiles que resultaron heridos, la SEDENA desembolsó 1 millón 794 mil 521 pesos.

Los casos se dieron en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y todas estas muertes se dieron en retenes militares, justo cuando las víctimas conducían o tripulaban sus vehículos.

Por estos hechos un oficial, cuatro tenientes, dos cabos, un subteniente, un capitán y 32 soldados del Ejército han sido procesados por los tribunales militares.

Sólo dos de los 13 asesinatos fueron dados a conocer por el Ejército a través de un comunicado de prensa emitido en septiembre de 2010. En el texto se informó que en la carretera federal Nuevo León-Monterrey cuatro militares que se encontraban en un retén dispararon contra un vehículo en el que viajaban siete civiles, de los cuales dos murieron y cinco resultaron heridos.

Por este error, la SEDENA pagó 335 mil 566 pesos a la esposa de una de las víctimas.

V.- Indemnizaciones a soldados

La familia de un teniente coronel de Infantería asesinado en Michoacán durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes, que hasta enero de 2011 era el militar de más alto rango asesinado en la “guerra” contra el narcotráfico, recibieron por el seguro de vida que el Ejército otorga a los militares caídos en cumplimiento de su deber alrededor de 543 mil pesos.

El Artículo 63 de la Ley de Instituciones de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas señala que cuando un militar muere en cumplimiento de su labor se le debe pagar, de acuerdo con su salario vigente, un seguro de vida por 40 meses de sus haberes y sobre haberes, de ahí que al coronel le tocara una suma mayor a medio millón de pesos.

De enero de 2006 a enero de 2010, según informes publicados en su página de transparencia, la SEDENA tenía reportada la muerte de 153 militares en el marco de su “campaña permanente contra el narcotráfico”.

Del total de muertos, uno era coronel de Infantería, cuatro tenientes coroneles, dos mayores, dos capitanes de primera, nueve capitanes de segunda, 31 tenientes, 10 subtenientes, ocho sargentos de primera, 25 sargentos de segunda, 60 cabos, 96 soldados y un cadete.

En el caso de los soldados muertos, el Ejército pagó a cada una de sus familias un seguro de aproximadamente 175 mil pesos, lo que multiplicado por 96 arroja una suma de 16 millones 819 mil 200 pesos.

Por los 153 soldados muertos en los últimos 5 años, la SEDENA pagó más de 55 millones de pesos por los seguros de vida a los que eran acreedores, sin contar que las familias de los fallecidos siguen recibiendo una pensión del 100 por ciento, según el sueldo percibido antes de morir.

Vi.-Cinco a uno

Adicionalmente a la cifra mencionada, hay 79 familias que de 2008 a la fecha han recibido entre 500 mil pesos y 100 mil dólares cada una, por un seguro de protección que tenían los militares que conducían o tripulaban vehículos terrestres y aeronaves del Ejército.

Según una segunda de solicitud de información hecha a la SEDENA, la “mayoría” de los accidentes ocurridos a personal terrestre y aéreo se dieron en el marco del combate a las “operaciones contra la delincuencia organizada”.

En lo que se refiera a los montos entregados por la muerte de accidentes aéreos, las aseguradoras han pagado pólizas de 100 mil dólares a 42 familias, lo que arroja un total de 4 millones 200 mil dólares (en moneda nacional son 49 millones 140 mil pesos, con un tipo de cambio de 11.70).

Por accidentes vehiculares, la cantidad pagada es de 18 millones 500 mil pesos, lo que significa que 37 familias recibieron 500 mil pesos cada una por estos hechos, según información que entregó el Ejercito a Animal Político a través de segunda solicitud de transparencia.

Entre lo que se ha pagado por seguros de vida que exige la Ley de Instituciones de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y las pólizas de accidentes, los familiares de los 153 militares muertos han recibido más de 120 millones de pesos, es decir, un promedio de 784 mil pesos para familia.

Aquí lo explicamos gráficamente para visualizar las diferencias entre civiles y militares muertos

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
AFP

El gobierno de EU pide cadena perpetua más 30 años de cárcel para 'El Chapo' Guzmán

La fiscalía estadounidense presentó un memorando de sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión para Joaquín "El Chapo" Guzmán como líder del cartel de Sinaloa. El juez decidirá la pena la semana próxima.
AFP
11 de julio, 2019
Comparte

El gobierno de Estados Unidos definió qué pena quiere para Joaquín “El Chapo” Guzmán por ser un líder “despiadado y sanguinario” del narco en México: cadena perpetua más 30 años de cárcel.

El memorando de sentencia fue presentado por la fiscalía de EE.UU. al juez Brian Cogan este miércoles, cuando resta una semana para la fecha definida por éste para dictar sentencia a Guzmán en Nueva York.

Todo indica que el dictamen que aguarda a “El Chapo” es pasar el resto de su vida en prisión, al menos antes de apelar el fallo, ya que el gobierno ha evitado pedir la pena de muerte como parte del acuerdo para extraditarlo desde su México natal.

Uno de los abogados de Guzmán, Jeffrey Lichtman, indicó en un comunicado que su cliente “enfrenta una sentencia de por vida obligatoria, por lo que incluso si el gobierno solicitaba un año de prisión, el juez Cogan debe sentenciarlo a cadena perpetua”.

El pedido de la fiscalía ocurre una semana después que el propio juez rechazara un pedido de “El Chapo” para ser sometido a un nuevo juicio en EE.UU., al advertir que hubo una “cadena montañosa de pruebas contra el acusado”.

La fiscalía anunció además que presentará pedidos de restitución a víctimas identificables de conspiración de asesinato por parte Guzmán, aunque por ahora solo una de ellas indicó que pretende seguir ese reclamo.

Los cálculos del gobierno

“El Chapo”, de 62 años, fue hallado en febrero culpable de los 10 cargos por narcotráfico que enfrentaba, en un juicio considerado el mayor en la historia de EE.UU. por drogas.

En su memorando de sentencia, la fiscalía sostiene que probó que Guzmán “fue responsable de la importación o intento de importación dentro de EE.UU. de al menos 1.213.100 kilogramos de cocaína”.

Agrega que además hizo lo mismo con “1.440 kilogramos de cocaína base, 222 kilogramos de heroína, 49.800 kilogramos de marihuana y cantidades de metanfetamina”.

Corte de Estados Unidos donde se enjuició a El Chapo.
Getty Images

El juicio de “El Chapo” es considerado el mayor en la historia de Estados Unidos por narcotráfico.

Todo esto, señala el gobierno, como líder de “una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México”, apelando al secuestro, tortura y asesinato.

“La abrumadora evidencia en el juicio mostró que el acusado era un líder despiadado y sanguinario del Cartel de Sinaloa”, sostienen los fiscales.

Y recuerdan que sólo por el primero de los cargos en los que “El Chapo” fue encontrado culpable, el de liderar en una empresa criminal continua entre 1989 y 2014, “la sentencia mínima obligatoria es la cadena perpetua”.

Agrega que el pedido de 30 años adicionales se debe a que el jurado condenó a “El Chapo” por el uso ilegal de un arma de fuego en relación con el narcotráfico, ofensa que involucró una ametralladora y tiene esa sentencia mínima obligatoria consecutiva a la cadena perpetua.

“Juicio espectáculo”

Por otro lado, el gobierno solicitó “la restitución de las víctimas de conspiración de asesinato por un monto que luego determinará la Corte”.

“Todas menos una de las víctimas con las que el gobierno pudo ponerse en contacto indicaron que no buscarían la restitución en este caso”, añade la fiscalía, que aguarda una declaración jurada de quien aceptó, cuya identidad se desconoce.

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

Getty Images
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue capturado en México y enjuiciado en Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno de EE.UU. ya había presentado una solicitud de decomiso de más de US$12.700 millones a “El Chapo”.

Esta suma surge de una estimación del valor de mercado de las drogas traficadas por Guzmán, sin considerar los costos operativos del negocio.

En su respuesta de este miércoles al memorando de la fiscalía, el abogado defensor de “El Chapo” sostuvo que el pedido de restitución a las víctimas “es una ficción muy parecida a la solicitud de decomiso de US$12.700 millones”.

“El gobierno no ha localizado ni un centavo de sus activos. Todo parte del juicio espectáculo”, indicó Lichtman.

Además, insistió con el argumento de que el jurado mintió y cometió “crímenes” en el proceso, pese a que el juez ya desestimó esto como base para aceptar el pedido de un nuevo juicio.

“Ni el juez ni el gobierno se preocupan”, protestó Lichtman. “Por esta razón, siempre habrá una mancha de injusticia en este veredicto”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZwTsrVEPTus&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=8CSZJ19jYrc

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

¡Muchas gracias!


Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.