2010: Menos agresiones a periodistas, pero más graves
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2010: Menos agresiones
a periodistas, pero más graves

Por Dulce Ramos
9 de mayo, 2011
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Tener menos atentados contra periodistas y medios de comunicación, no significa necesariamente que haya menos violencia. En 2010, los ataques contra la libertad de expresión disminuyeron 36% respecto a 2009, sin embargo, en proporción, las agresiones graves como asesinato, desaparición y ataques a medios de comunicación, representan un número mayor.

Los datos se desprenden del informe ‘Violencia en México y el Derecho a la Información’ que presentan hoy las organizaciones civiles Artículo XIX y Cencos. El documento destaca que en la última década, la violencia contra periodistas ha alcanzado sus puntos más altos en el sexenio de Felipe Calderón, con 29 periodistas muertos; ocho de ellos en 2010.

A esta ‘fotografía’ se suma que –contrario al discurso oficial—la mayor parte de las agresiones contra los trabajadores de los medios, no las perpetra el crimen organizado, sino que son responsabilidad directa del Estado mexicano. De las 155 agresiones documentadas por ambas organizaciones, 49.03% fueron cometidas por funcionarios públicos o agentes de seguridad. Aunque aquellas cometidas por el crimen organizado, 26%, son las más violentas.

Sin mejora significativa

En 2010, Cencos y Artículo XIX documentaron 244 agresiones a periodistas y medios de información. Este año los casos disminuyeron a 155. A pesar de la aparente reducción, el análisis señala que la normalización de las amenazas en el gremio periodístico y las aún frágiles redes para documentar y denunciar las agresiones, llevan a un subregistro. Esto sin contar el aumento en la violencia en distintos puntos del país.

“Mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano”, afirma el documento. “Por ello –añade—la autocensura comienza a echar raíces al ser la única opción de protección, por un lado en el trabajo diario (…), pero también al momento de denunciar una agresión”.

Además del subregistro, las cifras revelan que las agresiones graves crecieron en proporción con el año anterior, como se puede observar en los porcentajes de la siguiente tabla:

Año Total de agresiones Asesinatos   Desapariciones   Ataques violentos contra medios  
    Número % Número % Número %
2009 244 11 4.51% 1 0.41% 5 2.05%
2010 155 8 5.16% 1 0.65% 13 8.39%
Fuente: Artículo XIX y Cencos            

En todo 2010, junio y julio sobresalen como los meses más violentos para el gremio periodístico. En ese periodo fueron asesinados cuatro periodistas y seis sedes de medios de comunicación fueron atacadas; la mayoría en estados del noroeste, como Coahuila y Tamaulipas.

 

 

 

Los informadores y trabajadores de medios se enfrentan a diversos tipos de agresiones, pero una de cada dos es un ataque directo a su integridad física o, en el caso de las sedes de los medios de comunicación, un daño material. En segundo lugar se encuentran las amenazas o actos de intimidación o presión.

 

En este contexto de violencia, hay estados donde informar se ha vuelto un trabajo de alto riesgo. Para las organizaciones que elaboraron el informe, las más peligrosas son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guerrero y Michoacán. Los periodistas de estos estados han visto compañeros asesinados, amenazados o amedrentados y sus sedes de trabajo atacadas con armas de fuego.

Entre todas las entidades, las organizaciones señalan a Guerrero como la más violenta, dado que entre 2009 y 2010 suma cinco periodistas muertos.

Años turbulentos

Cerca ya el fin del sexenio de Felipe Calderón, y con datos que la Red Mexicana de Protección a Periodistas otorgó en complemento al informe, las organizaciones reportan que los años transcurridos de la administración actual han sido los más violentos para la prensa en la última década. De 2007 al final de 2010, los asesinatos suman 29 y las desapariciones seis.

Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Relatoría de Libertad de Expresión del organismo, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho recomendaciones concretas para revertir el problema.

 

En lo que respecta a 2010, esta es la relación de los ocho informadores que perdieron la vida, según el documento.

Nombre Estado Fecha Fuente Medio de Comunicación
Valentín Valdés Espinosa Coahuila 8 de enero Policiaca Zócalo de Saltillo
Evaristo Pacheco Solís Guerrero 12 de marzo General Visión Informativa
Jorge Ochoa Martínez Guerrero 28 de enero General El Oportuno/Despertar de la Costa Chica
Juan Francisco Rodríguez Ríos Guerrero 28 de junio Policiaca El Sol de Acapulco
Hugo Alfredo Olivera Cartas Michoacán 6 de julio Policiaca/Política El Día de Michoacán
Marco Aurelio Martínez Tijerina Nuevo León 10 de julio General Radio XEDD ‘La Tremenda’
Luis Carlos Santiago Orozco Chihuahua 16 de septiembre General El Diario de Juárez
Carlos Alberto Guajardo Romero Tamaulipas 5 de noviembre Policiaca Expreso de Matamoros

En siete de los ocho casos, los asesinos fueron directamente por la víctima. La excepción es el caso del reportero del Expreso de Matamoros, muerto cuando cubría un enfrentamiento entre el Ejército, la Policía Federal y presuntos delincuentes. Según cita el informe, el Ministerio Público de Matamoros asegura que el reportero perdió la vida al ser sorprendido por el “fuego cruzado”, en una operación que tenía como objetivo capturar al narcotraficante Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, miembro del Cártel del Golfo.

“El caso sirve como evidencia de los riesgos que enfrenta la prensa para cubrir las acciones emprendidas por las autoridades en el combate al crimen organizado, pero también la omisión por parte de la empresa para la que laboraba, al no proporcionar el equipo y entrenamiento necesario para ese tipo de cobertura, a pesar de ser un derecho humano laboral”, critican las organizaciones.

Funcionarios públicos, los principales agresores

Las amenazas del crimen organizado a los medios y a sus trabajadores son uno de los focos de alerta que se encienden al analizar la libertad de expresión en el país; sin embargo, no son el principal.

Las organizaciones que elaboraron el diagnóstico registran que 49.03% de las agresiones, casi la mitad, fueron cometidas por alguna autoridad, sobre todo por agentes de las entidades federativas. Las policías estatales son responsables de uno de cada tres ataques.

En contraste, apunta el informe, “solamente 26.45% se atribuyen a personas vinculadas con grupos del crimen organizado”. No obstante que el número no es el más alto, los criminales cometen las agresiones más violentas.

El resto de los ataques los cometen simpatizantes o militantes de partidos políticos (2.5%), empleados de empresas de seguridad y autoridades comunales (10.32%) y en 11.61%  de los casos no se logró identificar al agresor.

En los esfuerzos por proteger a todos los que participan en la cadena de la información, la autoridad no sólo es responsable de la mayoría de las agresiones, sino también, incurre en omisiones y dilaciones.

“Cada caso es una historia de impunidad forjada con una cadena larga de hechos en los que las instituciones no reaccionan y terminan por afectar a la sociedad mexicana en su conjunto”, afirman las organizaciones

Las principales observaciones que el documento hace al Estado mexicano son atender las observaciones que hace la comunidad internacional y, de igual forma, los señalamientos de las organizaciones civiles. En lo que respecta al poder Ejecutivo, recomiendan transparentar la situación jurídica de cada uno de los asesinatos y desapariciones de periodistas, así como abrirse al diálogo y la consulta para instrumentar políticas de protección. En estas observaciones también incluyen a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, que deben ser capacitadas para promover y respetar la libertad de expresión.

En materia de garantías individuales, las organizaciones recomiendan mejorar el seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares y transparentar los logros que han tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus actuaciones y en el seguimiento a los casos frente a la justicia.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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