El Instituto Federal Electoral (IFE), no cuenta con un mapa actualizado que le permita identificar las secciones y distritos en los que pudiera tener injerencia el narcotráfico en las campañas electorales.
El riesgo de no contar con este mapa, abre la puerta para que personajes vinculados con actividades delictivas puedan aspirar a una alcaldía o diputación a nivel federal o estatal, revela un estudio practicado por la Fundación Murrieta a petición del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
En el informe además, se menciona que aun cuando desde el 2009, el IFE tenía detectados 92 municipios con “posibilidades reales” de que la delincuencia interfiera en sus procesos electorales, de los cuales 38 presentaban problemas exclusivos por narcotráfico, no se cuenta con un mapa que permita al Instituto, así como a las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional (Sedena), investigar a los candidatos de las ciudades donde se presuma la participación de estos delincuentes.
De las 38 ciudades que afrontan estos problemas, en al menos 4, se celebrarán elecciones en el 2011. Se trata de los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atizapán de Zaragoza, Estado de México; Santa María del Oro, Nayarit y Saltillo, Coahuila.
¿Narco bancada?
Para el presidente de Fundación Murrieta, Marco Antonio Hernández, no hay duda que el hecho de no contar con un mapa o catalogo que le permita al IFE investigar el financiamiento de las campañas electorales, podría abrir las puertas de la política a personajes coludidos con el narco, tal como sucedió en Colombia en 1982, cuando el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria fue elegido Diputado suplente en el Congreso de la República de Colombia,
“Sí es necesario que exista este catálogo para se cruce con la información de la SEDENA y la Secretaría de Seguridad. Esto para que den a conocer las secciones o distritos que tengan presencia del crimen organizado y con ello aplicar una mayor rigurosidad a todo el proceso electoral, pero desde el punto de vista económico, seguir el rastro del dinero (en las campañas)”, sostiene Hernández, cuyo informe, avalado por el PNUD, fue entregado al IFE.
Bajo el título: “¿narco bancada?”, uno de los apartados del documento de 204 cuartillas, explica que si bien hasta hace algunos años, el blanco electoral de las bandas del crimen organizado eran las elecciones municipales, por la posibilidad de poder influir en la designación de los jefes de las policías locales, “parece ser que están encontrando utilidad de contar con diputados federales y locales dentro de su esquema de complicidades”.
¿De qué les sirve contar con un diputado a la delincuencia organizada?, cuestionan los investigadores de la Fundación Murrieta, quienes ofrecen una conclusión y respuesta: “Además de la obvia influencia y tráfico de poder que puede tener un diputado y la posibilidad de que algunos de ellos alcancen en el futuro puestos de elección en el poder ejecutivo, puede, desde su posición bloquear iniciativas…como la extinción de dominio, lavado de dinero, registros e identificación al comprar celulares, vehículos blindados o automóviles de superlujo”.
Michoacán y Edomex, figuran en lista
En su página de internet, el IFE tiene clasificadas todas las secciones electorales del país que reciben un trato especial por presentar diversos problemas que van desde lo social, lo geográfico y lo político, sin pasar por alto el tema de la inseguridad y el narcotráfico.
Esas secciones, fueron catalogadas con niveles de afectación 1 y 2, por lo que una de las consideraciones para que los numeraran de esa manera, es que las zonas estuvieran enfrentando “problemas de alta inseguridad pública, de salud pública y/o afectadas por el narcotráfico”.
En esos lugares reconoce el IFE, se pone en riesgo la integridad de los capacitadores electorales, de ahí que se dificulte notificar a los ciudadanos seleccionados para participar como funcionarios de casilla.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto, en el nivel 1, ubicaron 6 mil 140 secciones, mientras que en el 2, en el cual se encuentran los casos más “extremos”, fueron catalogadas mil 211.
Sólo los estados de San Luis Potosí y Aguascalientes, no tenían secciones electorales afectadas.
De los cinco estados que figuran en la lista negra del IFE -con el mayor número de secciones afectadas-, en 2 se celebrarán elecciones en el 2011. Son el Estado de México y Michoacán, con 6 mil 230 y 2 mil 741 secciones, con niveles de afectación 1 y 2, respectivamente.
En el caso del Estado de México, las 68 secciones con nivel de afectación 2, están localizadas en los municipios de Teoloyucan; Coacalco de berriozabal; Ixtapaluca; Ecatepec de Morelos; Naucalpán de Juárez; Zumpango de Ocampo; Tejupilco de Hidalgo; Texcoco de Mora y Cuautitlán Izcalli. En este último municipio, el pasado 3 de mayo, fueron decapitados 4 hombres, cuyas cabezas se encontraron en el toldo y el cofre de un vehículo BMW.
En Michoacán, fueron 66 secciones las catalogadas con nivel de afectación 2. Todas estaban distribuidas en los municipios de Lázaro Cárdenas; Puruándiro; Jiquilpan de Juárez; Zamora de Hidalgo; Ciudad Hidalgo; Zacapú; Pátzcuaro y Apatzingán de la Constitución. La lista del IFE sin embargo, no incluía los municipios de la llamada Tierra Caliente Michoacana, zona controlada por el Cártel de la Familia.
