La Jornada publica hoy que según el exembajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, la ciudad fronteriza de Matamoros resultó resumir lo peor de lo peor, incluso comparado con lo que ocurría en Ciudad Juárez y Tijuana en octubre de 2009, en términos de la falta de coordinación entre policías y militares para combatir al narcotráfico. Lo anterior se expresa en un cable confidencial y vedado para extranjeros (clasificado como noforn con el número de identificación 09MEXICO3018), que integra el paquete de despachos diplomáticos entregados por Wikileaks a La Jornada.

Recién desempacado en México, el diplomático se embarcó en un recorrido por las ciudades de la frontera norte, donde el gobierno de Estados Unidos planeaba intervenir a fondo para obtener algunos éxitos inobjetables en la batalla contra los poderosos cárteles asentados en estas regiones. Tijuana y Juárez fueron sus primeras paradas. Matamoros fue la tercera. En este despacho con fecha 19 de octubre de 2009, Pascual reprueba sin atenuantes la actuación de las corporaciones mexicanas en Tamaulipas, incluido el Ejército. En las condiciones imperantes en la frontera del noreste, asegura, esta lucha (contra el crimen organizado) es insostenible.

Después de reunirse e interrogar a un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a un vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), al procurador estatal, al alcalde y a otros funcionarios, Pascual describe así la situación: El rendimiento de las fuerzas de seguridad es muy bajo. No generan información de inteligencia útil; no existe ninguna coordinación entre las diferentes agencias de seguridad, no patrullan en forma conjunta y, si lo hacen, no actúan de manera efectiva. No logran consignar a los delincuentes. Agrega: No desarrollan medidas para proteger a la población ni para impedir que los ciudadanos se integren a las organizaciones del narcotráfico.

Sobre todo, los emisarios de Washington descubren que la llamada Operación Conjunta Noroeste (que abarca Nuevo León y Tamaulipas, involucra a más de tres mil militares y policías y actualmente sigue vigente) en realidad no tiene nada de conjunta. Los funcionarios civiles del estado con quienes se entrevistó Pascualdescribieron su relación con el gobierno federal como de muy bajo perfil. En cuanto al sistema judicial y la capacidad de las autoridades de procesar delincuentes, el cable dice: Las fuerzas de seguridad rara vez logran integrar una escena del crimen. Una abrumadora mayoría de detenidos jamás llega ante un tribunal. El Ejército se limita a actuar en la escena del crimen. Las policías municipal y estatal no intervienen en estos casos porque el narcotráfico corresponde al ámbito judicial federal. Ante este panorama, según Pascual, un delincuente detenido en Tamaulipas tiene las siguientes opciones: O bien muere en un enfrentamiento, o confiesa en los interrogatorios militares o sale libre. Sin la posibilidad de que (los criminales) sean consignados y sentenciados, esta lucha es, al final de cuentas, insostenible.

Tres meses después de este encuentro (24 de enero 2010), el mismo Pascual redactaría el demoledor informe secreto, preparatorio para la reunión de alto nivel del Grupo de Trabajo de Defensa Bilateral, dirigido al general Paul Stockton, secretario adjunto de la Defensa para la seguridad interna y asuntos de las Américas. En este texto el embajador calificaba al Ejército mexicano de incapaz de enfrentar a las sofisticadas organizaciones del narcotráfico, hablaba de su aversión al riesgo, de los problemas de militares con el respeto a los derechos humanos de los civiles y de las profundas rivalidades dentro del equipo de seguridad del presidente Felipe Calderón.

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