En el formato del diálogo que hoy se entabla entre el presidente Felipe Calderón y el Movimiento Ciudadano por la Paz se estableció que, además de la intervención de Javier Sicilia, el titular del Ejecutivo federal debía escuchar a otras cinco víctimas de la violencia en el país, las cuales, en nombre de todas las familias afectadas por la guerra contra el crimen organizado, le formularon demandas concretas de acción y, además, le exigieron atención inmediata a 25 casos representativos sobre crímenes que permanecen en la impunidad.

Animal Político te presenta aquí a los ciudadanos elegidos para interpelar a Calderón, así como las historias cuyo urgente reconocimiento se reclama a la autoridad.

1. Julián LeBarón

Su incursión en la lucha contra la inseguridad se dio en 2009, cuando su familia se opuso a pagar un millón de dólares a quienes mantenían secuestrado a su hermano Erik y, en cambio, junto con toda la comunidad mormona del municipio de Galeana, demandaron su liberación en una protesta ante el palacio de gobierno de Chihuahua. Erik volvió a casa días después, corría el mes de mayo.

Para el 7 julio, un grupo de sujetos armados invadió la casa de otro integrante de la familia LeBarón: Benjamín, principal organizador de la protesta contra el secuestro, y se lo llevó consigo, junto con su cuñado, Luis Widmar, quien había acudido en su auxilio. Sus cadáveres fueron hallados con cuatro tiros en la cabeza cada uno.

2. María Herrera

Doña María es una mujer ya madura, en quien radica la encomienda de formular la parte central de demandas al presidente Calderón. Ella es madre de Jesús, Raúl, Gustavo y Luis Armando, cuatro de los 19 desaparecidos de la comunidad michoacana de Pajacuarán, donde la principal actividad económica es el comercio de pedacería de oro.

“Soy una mujer destruida por el dolor“, es como se definió Doña María al segundo día de la Caravana por la Paz, el 5 de junio pasado. Y ayer, en la sede del Centro de Comunicación Social, donde los familiares trazaban su plan de acción durante el diálogo de este jueves con el presidente Calderón, esta mujer de gesto duro acumulaba fuerza, coraje, para hablarle al jefe del Ejecutivo federal, “porque –advertía al resto de las víctimas organizadas– cuando hablo de mis hijos, se me quiebra la voz”.

“Pues esto lo hacemos por ellos y por todos“, fue la voz de ánimo que recibió de alguno de los presentes.

3. Norma Ledesma

En el año 2002, junto con otras madres y familiares de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez, Norma fundó la agrupación ciudadana Justicia para Nuestras Hijas, pionera en la lucha contra el feminicidio en México.

Norma es mamá de Paloma, una joven de 16 años secuestrada en marzo de 2002 y cuyo cadáver fue hallado 27 días después en el campo algodonero, junto con otros cuerpos de jovencitas, en el que constituye uno de los casos emblemáticos de la violencia contra las mujeres que prevalece en aquella ciudad fronteriza.

Gracias a Justicia para Nuestras Hijas, la comunidad nacional e internacional centró su atención en la violencia feminicida patente en México; fue a iniciativa suya que un equipo de forenses argentinos, expertos en identificación de cadáveres, revisara los cientos de cuerpos no identificados de los que las autoridades preservaban muestras y se creó la Unidad Especial Investigadora en Chihuahua.

Desde 2010, Justicia para nuestras hijas alimenta una base de datos sobre mujeres desaparecidas y asesinadas por su condición de género en México.

4. Salvador

Proveniente de Cherán, Michoacán, Salvador representa a los indígenas comuneros que desde abril pasado radicalizaron su lucha en defensa de los bosques del estado, depredados por la tala ilegal, por medio de cierres carreteros que han llevado a la confrontación con talamontes y policías, así como a la desaparición y el asesinato de varios ejidatarios.

“La palabra que traemos es humilde y sencilla –leyó Salvador, al paso de la Caravana por Morelia, Michoacán, que él en todo momento llamó por su nombre original, Guayangareo–, para contar nuestra historia de lucha: nos hemos levantado en la madrugada del 15 de abril, para detener a la gente mala que mata nuestros árboles, nuestra tierra y agua ¡Ya basta! (…) Nuestra lucha es de justicia para nuestro territorio, justicia para los asesinados, presentación de los desaparecidos, ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! Nosotros vamos a seguir adelante, porque la madre Tierra no se vende –concluyó–, sino que con la vida se defiende.”

5. Araceli Rodríguez Nava

Araceli es familiar de Luis Ángel, uno de los siete policías federales que desapareció rumbo a Ciudad Hidalgo, Michoacán, a donde habían sido adscritos para labores de seguridad pública al servicio del municipio.

Los agentes partieron el 16 de noviembrede 2009, sin viáticos ni vehículos oficiales. “Lo único que les dieron fueron oficios de comisión y sus armas de cargo, fue por eso que buscaron quien los llevara seguros a su destino“, narra Araceli.

Siete días después de su partida, la Policía Federal aún no se percataba de su desaparición, por lo que debieron ser los mismos familiares los que emprendieran su búsqueda. Hasta el momento nada se sabe de ellos.

Homenaje familiar a Luis Ángel:

Las historias…

Además de los casos particulares que enarbola cada uno de los cinco representantes de las víctimas que hoy interpelaron al presidente Calderón, en el encuentro se tenía previsto presentar otros casos de violencia e impunidad considerados emblemáticos por el Movimiento Ciudadano por la Paz, los cuales son:

*La desaparición de los jóvenes esquiadores Fabián López Alonso, Óscar Chavana Leal, Leonardo Garza y Daniel Treviño ocurrida en Monterrey, el 12 de enero de 2008. Las investigaciones familiares permitieron conocer que los deportistas fueron secuestrados por un grupo de hombres con uniformes policiacos a la altura de la tienda Soriana que se ubica a la entrada de la ciudad, a la altura de la carretera federal.

*La desaparición del ajedrecista profesional Roberto Galván Llop, de 34 años, quien fue detenido por la policía estatal de Nuevo León, el 25 de enero en la Ciudad del General Terán, a cien kilómetros de Monterrey. Las investigaciones familiares detallan que el ajedrecista, quien ha representado a México en diversas contiendas internacionales, fue detenido por considerar sospechoso el que estuviera tomando el sol en una banca ubicada frente al palacio municipal, después de una noche de extremo frío. Desde su detención, de la cual hubo varios testigos, no se sabe nada de Roberto. La autoridad reconoce haberlo arrestado, pero se deslinda de su desaparición argumentando que tres horas después fue liberado, de lo cual no quedó constancia oficial.

*La desaparición de Josefina Campillo (exsíndica de Actopan, Veracruz), sus hijas Johana Montserrat, Karla Verónica, así como la joven Aracely Hutrera, quienes fueron secuestradas por un grupo de sujetos que ingresaron por la fuerza al domicilio familiar.

*La muerte del pintor Paris Jesús Carreón Baltazar, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 7 de agosto de 2010 al lado de la carretera México-Puebla. Las investigaciones familiares contradicen la versión oficial de que murió atropellado, debido a que su cuerpo carece de golpes y su ropa no mostró huellas de impacto alguno.

*El asesinato de Joaquín García Jurado Carona, estudiante de arquitectura en la UNAM, quien a los 21 años fue asesinado en la Ciudad de México, dentro de su domicilio, por dos desconocidos, quienes lo ataron, le fracturaron el cráneo con una botella y luego lo estrangularon. De los responsables se cuenta con huellas digitales y rastros de ADN, pero la familia denuncia inacción de la autoridad para su identificación y captura.

*La muerte de los nueve jóvenes víctimas del operativo policiaco en la discoteca News Divine, así como los abusos cometidos contra decenas de adolescentes arrestados por las autoridades del Distrito Federal aquel 20 de junio de 2008. Los familiares exigen que se finque responsabilidad penal a los entonces jefes de la Policía Preventiva, Joel Ortega; de la Procuraduría de Justicia local, Rodolfo Félix Cárdenas; al delegado en Gustavo Á. Madero, Francisco Chíguil; y a los mandos operativos Guillermo Zayas y Luis Rosales Gamboa.

*El asesinato de Jorge Otilio Cantú, quien murió el 18 de abril de este año abatido por militares en Nuevo León. Las investigaciones familiares demostraron que el acta de defunción fue falseada, para ocultar que había recibido cuatro tiros en el rostro, a quemarropa; la autoridad debió reconocer que a su cadáver le fue sembrada un arma. Tanto la justicia local como la militar se declararon incompetentes para juzgar a los siete militares responsables y, por ahora, se aguarda que un tribunal colegiado defina ante qué instancia deberán responder los homicidas.

*La desaparición forzada del teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, quien fue visto por última vez el 8 de mayo de 1993 dentro de las instalaciones del 26 Batallón, con sede en Ciudad Juárez. Para deslindarse de la desaparición, el Ejército presentó un documento en el que Miguel Orlando hacía ver sus deseos de desertar, en el cual su firma fue falsificada. Las investigaciones familiares se centran en presuntos problemas que Miguel Orlando tuvo con sus superiores, en relación con irregularidades en la lucha al narcotráfico desarrollada en la zona. “El enemigo del verde es el mismo verde“, solía decir el teniente, recuerdan sus familiares.

*El asesinato del profesor Edmundo Nava Mota Álvarez, quien fue acribillado en Ecatepec, tras denunciar en 2007 la proliferación de bandas de narcomenudistas alrededor del plantel que dirigía, la Preparatoria Oficial 115. Aunque del presunto homicida se conoce la identidad, las autoridades no han concretado su captura.

*La desaparición forzada de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 27 años, que el 1 de mayo pasado fue arrestado por la Policía Municipal de Cuernavaca, entregado a la Policía Federal y, finalmente, puesto a disposición del Ejército. Los testimonios de los policías involucrados indican que Jethro fue puesto en manos de 20 soldados, que se lo llevaron a bordo del vehículo rotulado con el número 0821362, escondido bajo una lona. Hasta el momento, no se ha vuelto a saber de él.

*El asesinato de 15 adolescentes en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, el sábado 30 de enero de 2010, cuyos familiares ahora también claman por justicia para las cuatro personas detenidas por la policía como presuntos responsables de la masacre, ya que, afirman, han sido torturados para autoincriminarse.

*El asesinato de Viviana Rayas Arellanes, de 16 años; desapareció el 16 de marzo de 2003 en el centro de la capital de Nuevo León, y ante la insistencia de la familia, les fueron entregados sus restos luego de un tiempo. Las dos personas que en su momento fueron responsabilizadas por la autoridad, recuperaron su libertad por falta de pruebas. Hasta la fecha, la muerte de la adolescente, quien había acudido a realizar una tarea escolar cuando fue raptada, permanece impune.

*La desaparición de Melchor Flores Landa, mimo de Monterrey, mejor conocido como El Vaquero Galáctico, quien fue arrestado el 5 de febrero de 2009 por policías municipales, con los cuales antes ya había tenido altercados por considerársele como “ambulante”. Los agentes que lo detuvieron confesaron después haberlo entregado, junto con otros dos secuestrados (Gustavo Castañeda Puentes y Andrés Batres), a un grupo de la delincuencia organizada. Desde entonces no se sabe nada de ellos. “La autoridad nos ha dejado la investigación a nosotros, los familiares”, denuncia su padre don Melchor Flores.

*La desaparición forzada y secuestro de migrantes en Coahuila (donde desde 2007 se han documentado al menos 185 casos, ninguno de los cuales, señala la Comisión de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, ha sido esclarecido por las autoridades) y de Tamaulipas (donde al menos 193 cadáveres presuntamente de migrantes han sido descubiertos en fosas clandestinas).