“Los secretarios de Estado que aspiran a cargos públicos se han conducido con pleno respeto a las leyes electorales y a las reglas que dicta el partido, en lo referente a las expresiones que han hecho sobre sus eventuales aspiraciones políticas”, dijo en un comunicado de prensa el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, como respuesta a la denuncia que ayer presentó el PRI contra Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano, por la presunta promoción de su imagen antes de los tiempos legales para los comicios presidenciales de 2012.
Madero dijo que la demanda del PRI tiene un objetivo de propaganda mediática y no tiene sustento legal por dos razones:
1.- “No existe desvío de recursos públicos de parte de los citados funcionarios, ni es aplicable el procedimiento especial sancionador, toda vez que las expresiones hechas sobre sus eventuales aspiraciones políticas no se han hecho a través de tiempos contratados en radio y televisión, así como tampoco se han organizado conferencias de prensa para hablar de ese tema; antes bien, las declaraciones fueron realizadas a pregunta expresa de los medios de comunicación.
2.- “Los comentarios vertidos por los funcionarios aludidos sobre sus eventuales aspiraciones políticas no constituyen una violación a las leyes electorales ni a alguna otra y las han realizado en pleno ejercicio de su libertad de expresión. Ninguno de ellos ha hecho promoción con el objetivo de obtener votos o solicitar apoyo expreso a sus proyectos personales.
El presidente del PAN dijo que la denuncia del PRI es una “acción desesperada” después de observar que en 40 días los liderazgos del blanquiazul “han logrado interesar y posicionarse ante la opinión pública y los ciudadanos como opciones fuertes y viables para, en su momento, competir y ganar la contienda que se vivirá en el 2012, fenómeno que no ocurre con sus aspirantes priistas”.
La denuncia del PRI
El diputado federal priista, Sebastián Lerdo de Tejada, por medio de su representante ante el IFE presentó una denuncia vía procedimiento especial sancionador contra los secretarios de Hacienda, Educación y Trabajo (Cordero, Lujambio y Lozano, respectivamente) y además demandó que el IFE dicte medidas cautelares, con el objetivo que los funcionarios suspendan ese tipo de acciones.
El PRI sostuvo en su denuncia que Cordero, Lozano y Lujambio aprovechan sus cargos y los recursos públicos, además de la cobertura de los medios de comunicación, para promover su imagen antes de los tiempos electorales.
