Tras seis horas de deliberaciones en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el encuentro entre el Poder Legislativo y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad concluyó este jueves con lo que fueron calificados como “acuerdos históricos” y, esta vez, el poeta Javier Sicilia, principal dirigente del conglomerado ciudadano, apoyó su dicho en la palabra de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, así como de defensores de derechos humanos, para plantear las exigencias que, por la tarde, habrían de convertirse en compromisos del Congreso de la Unión.

Sí a la reforma política

Clara Jusidman, quien fungiera como secretaria de Desarrollo Social del gobierno capitalino durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000), tuvo la misión de plantear lo que para el Movimiento por la Paz debe incluir la reforma política, debatida en el Congreso y que peligraba con postergarse.

Las puertas del Congreso –remató–, deben abrirse a la ciudadanía mediante la iniciativa ciudadana legislativa, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la ministración de los jueces, la reelección inmediata de legisladores y alcaldes, así como mecanismos de consulta que acaben con las simulaciones de los repetitivos foros de consulta legislativos.”

Además, se reclamó a los legisladores la “democratización de los medios de comunicación“, a través de la efectiva garantía de derecho de réplica, y criticó el “injustificable” retraso en la designación de los tres consejeros faltantes del Instituto Federal Electoral.

Fue en voz de Emilio Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que se planteó a los legisladores la “inadmisibilidad” de que las personas que se han visto afectadas por el crimen organizado se enfrenten “a la incapacidad del Estado para darles una respuesta”.

Asimismo, se acordó crear una “comisión de la verdad” que “haga visibles”, víctima por víctima, los crímenes cometidos en el contexto de la guerra contra el hampa, a través de la revisión de las investigaciones emprendidas, y de su efectiva conclusión.

Sí a un fondo de restitución para víctimas

Gabriela Cadena es madre de Jaime Alejos Cadena, uno de los jóvenes asesinados junto con Juan Francisco Sicilia, en marzo pasado. En esta mujer, aún joven, fue depositada la encomienda de exigir el establecimiento de “una base jurídica que nos permita reclamar los daños que estamos padeciendo, ya que no sólo hemos debido sufrir la muerte de nuestro hijo, sino que, ante el temor, hemos tenido que dejar el estado de Morelos, nuestro hogar, nuestro negocio…”

Por ello, exige, debe hacerse valer de forma efectiva la obligación del Estado para cubrir los daños causados por la mala aplicación de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, la principal de las cuales es brindar seguridad a la población.

“No sólo exijo sentencia a los culpables –clama la madre–, sino también indemnizaciones a las familias de los inocentes para resarcir, en alguna medida, la situación en la que quedan los familiares de los caídos, así como que haya una ley que nos proteja y una institución especializada en la recuperación moral y sicológica de las víctimas.”

Sí a un auditor especial de las policías federal

Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, fue el encargado de presentar el anteproyecto para la creación del Auditor Especial Para las Policías Federales, que plantea una “auténtica y definitiva reforma policial democrática, que ponga en el centro la reconstrucción de la confianza entre la sociedad y sus instituciones policiales”.

Esta reforma, se estableció, debe “mejorar las plataformas de rendición de cuentas, vía la creación del Auditor Especial, insertado bajo la estructura del Auditor Superior de la Federación”.

Esta figura, cuyo ejemplo se recoge de los antecedentes estadounidense y canadiense, tendría atribuciones para “presentar informes públicos (y) emitir sólidas recomendaciones para aplicar los cambios institucionales que impidan la repetición de conductas desviadas.”

No obstante, la propuesta ciudadana aceptada por el Congreso, “no tendría facultades para dictar por sí mismo medidas disciplinarias”.

Cabe destacar que la iniciativa ciudadana para el auditor policiaco es una de las más desarrolladas, al grado de plantear que éste “sería designado para un solo periodo de cuatro años“, además  que, a su vez, estaría “sujeto a un mecanismo de auditoría social”.

Grupo de seguimiento a los acuerdos

El legislador Alejandro Gertz Manero, del partido Convergencia, fue el autor de la propuesta de crear un mecanismo de enlace inmediato, que verifique los avances en los acuerdos alcanzados por el Congreso y el Movimiento por la Paz.

“Propongo que la semana próxima nos reunamos, para verificar las iniciativas de ley existentes ya, en las que se incluyen muchas de las demandas planteadas por ustedes, como la creación de una contraloría ciudadana, que permitiría que se conformara el cuarto poder en México, el poder ciudadano.”

Cabe destacar que estos acuerdos serán apuntalados durante el mes de agosto, para llevar su discusión a las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, a partir del 1 de septiembre, cuando inicia su próximo periodo de sesiones.

Y será en el pleno que estos acuerdos se traduzcan en ley.