Legisladores estatales de Arizona lanzarán mañana miércoles una campaña para recaudar 50 millones de dólares por internet, con el fin de construir un muro entre esa entidad y México que evite el cruce de drogas e indocumentados.
Una ley promulgada en abril pasado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, autoriza la construcción del muro a través de donaciones privadas y contempla la aportación del trabajo físico de reos estatales para la edificación del mismo.
La campaña de recaudación es encabezada por el senador estatal Steve Smith, quien patrocinó el proyecto de ley.
Smith explicó que se busca obtener el dinero necesario para cubrir los 131 kilómetros de frontera con México, que permanecen abiertos, luego que el gobierno federal concluyera en 2009 la construcción de mil 100 kilómetros de barreras en cinco grandes tramos de la frontera entre México y Estados Unidos.
El legislador señaló que la meta de 50 millones de dólares es un objetivo que se puede alcanzar, al asegurar que ha recibido “una avalancha” de respuestas positivas al plan.
“Recibimos mensajes de toda la gente diciendo que están con nosotros en esto”, dijo Smith.
“Estado tras estado, la gente está respondiendo, porque esto no es sólo un problema de Arizona. La gente está viendo el efecto de los inmigrantes ilegales en su propio estado también”, añadió.
La legislación promovida por Smith contempla también la creación de un Comité de Seguridad de la frontera común, integrado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Arizona, así como sheriffs y funcionarios designados por la gobernadora.
El Comité de Seguridad será el encargado de decidir qué tipo de vallas o cercas se construirán y dónde. El comité comenzaría a tomar esas decisiones una vez que se asegure un mínimo de donaciones para la construcción de las barreras.
Funcionarios de Arizona han recurrido ya con relativo éxito a campañas de recaudación para financiar iniciativas similares.
La gobernadora Brewer recaudó millones de dólares en donaciones privadas a través de internet para cubrir los gastos legales causados por la defensa de la ley antiinmigrante SB1070 que Arizona aprobó el año pasado.
La SB1070, que permanece suspendida por orden de una juez federal, autoriza a los policías a detener a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados y exige a quienes son residentes legales el traer siempre consigo los documentos migratorios que demuestren su estancia legal.
Notimex.
