Como en la metáfora del pesimista que ve un vaso medio vacío, ahí donde un optimista lo halla medio lleno, la opacidad en el gasto del gobierno mexicano en materia de seguridad pública puede ser entendida como un “problema que nos desborda de manera brutal”, lo mismo que como un “enorme espacio de oportunidad para mejorar la efectividad” de las autoridades.
Tal es la conclusión del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, vertida en el estudio Gasto en seguridad, observaciones de la Auditoría a la gestión y uso de recursos, en el que se destacan los problemas administrativos detectados en el combate al delito que demandan “atención inmediata”, y que, siguiendo la misma lógica, al resolverse en el corto plazo se contribuiría ampliamente a la lucha contra la inseguridad, o que, por el contrario, “impactarían negativamente” de continuar la tendencia mostrada hasta ahora. Animal Político aquí te los presenta…
1.- Policía Ficción
Tras analizar la incidencia delictiva de 2009 en las 14 regiones del país afectadas de manera particular por el crimen organizado, en las cuales se determinó sufragar operativos especiales de la Policía Federal (la misma corporación ensalzada a través de una miniserie, por la que la SSP pagó a Televisa 118 millones de pesos), México Evalúa determinó que los homicidios vinculados al hampa no disminuyeron, sino que aumentaron 44% con respecto al año anterior. Es decir que, en un año, tras las 168 acciones especiales de la PF en esos 14 puntos, el número de asesinatos del crimen organizado pasó de 2 mil 242 a 5 mil 25, según estadísticas oficiales.
Además del efecto negativo de esta movilización de recursos humanos y materiales, el estudio elaborado con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación destaca malos manejos económicos en la Policía Federal, tales como que entre 2008 y 2009 se entregaron “apoyos” por 540 millones de pesos a personal que fue “comisionado” durante 180 días, “aún cuando las comisiones no pueden exceder más de 30 días, todo ello, sin contar con la autorización acorde con los lineamientos generales”.
Por otra parte, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública arrojó datos contradictorios en el mismo periodo, ya que “en 50% de las entidades federativas el número de elementos registrados fue superior a los elementos existentes”.
Otro dato ilustrativo es que el número de armas con las que contaban las distintas corporaciones mexicanas disminuyó 19.6% de 2008 a 2009, “sin que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública explicara las razones, no se sabe si están extraviadas, fueron robadas o cuál es su ubicación final”.
2.- ¿Dónde quedó el FUA?
Para contar con herramientas informáticas y estadísticas que permitieran desarrollar una lucha efectiva contra el delito, las autoridades crearon un ente denominado Plataforma México, adscrito a la SSP, encargado, entre otras cosas, de poner en marcha el Centro de Información Estratégica en Seguridad así como el Sistema Único de Información Criminal, para lo cual cuenta con un fondo que, hasta 2009, sumaba ya 2 mil 893 millones de pesos.
Dichos recursos, sin embargo, no son manejados directamente por la SSP, sino por un fideicomiso que, afirma México Evalúa, “no cumple con las características establecidas por la normativa correspondiente respecto a su operación y reporte”. Las adquisiciones realizadas por este fideicomiso, destaca el estudio, no se tramitaron a través del Formato Único de Adquisiciones (FUA), ni cuentan con formato de suficiencia presupuestal; además, para dichas compras, tampoco se realizaron sondeos de mercado, “por lo que no se cumple con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en los cuales se fundó la selección del procedimiento (de adquisición), que permitan garantizar las mejores condiciones para el Estado”.
Otra anomalía detectada en el manejo de ese fideicomiso es que la SSP no incluyó en su contabilidad los 196 millones de pesos generados por concepto de rendimientos financieros.
El fideicomiso fue, asimismo, empleado para la adquisición de mil 234 bienes para la Policía Federal, de los cuales 20% no están incluidos en los “registros de bienes” proporcionados por la corporación, mientras que otro 10% “no se encontraban resguardados, por lo que no es posible identificar al servidor público responsable del buen uso de éstos“.
Por último, el mismo informe destaca que, aún con la libertad de operación y gasto de Plataforma México, las entidades auditadas “tienen sistemas paralelos de información, debido a las insuficiencias operativas de éste”.
3.- La calmada provincial
A través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP),
Las entidades federativas, sin embargo no han ejercido una tercera parte de los recursos entregados para tales fines, tanto en 2009 como en 2010. En el primer año, por ejemplo, de los 6 mil 916 millones de pesos entregados a los estados, no se aprovechó el 35.1%, mientras que al año siguiente el subejercicio fue de 34%.
“Existe la percepción –señala México Evalúa–, de que el FASP premia a quien no ofrece buenos resultados, por estar asociada su asignación a los índices de criminalidad y la realidad local.”
Además, de los recursos que sí fueron gastados, hubo una parte manejada irregularmente, como los 68.4 millones de pesos que se usaron en 2009 para el pago de percepciones extraordinarias, “sin cumplir con la totalidad de las evaluaciones para su otorgamiento”; además, destaca el informe, “existe un número de adquisiciones de bienes que debieron llevarse a cabo mediante licitación pública, pero la mayoría de estas compras se adjudicaron en forma directa”.
4.- Crimen y castigo
Pero no sólo en cuanto a vigilancia de recursos existen inconsistencias… también las hay en cuanto a vigilancia de delincuentes: de los 97 mil 148 internos del fuero federal registrados en 2009, poco más de 77% se trató de personas que ya habían recibido sentencia condenatoria, pero de éstas, 60% obtuvieron una condena que purgan en libertad.
En teoría, estos delincuentes no encarcelados deberían recibir visitas constantes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para verificar que lleven una vida honrada; sin embargo, sólo 3% de estos convictos recibieron vigilancia efectiva en 2009, y tal cifra cobra relevancia, cuando se toma en cuenta que 40.6% de las personas sentenciadas por la comisión de algún delito son delincuentes que ya antes habían sido capturados por las autoridades y puestos en libertad.
5.- Equilibrio de la balanza criminal
Aunque entre 2000 y 20010 se multiplicó por siete el gasto de todos los niveles de gobierno, así como de los tres Poderes de la Unión, en materia de seguridad y justicia (al pasar de 20 mil millones de pesos a 140 mil millones), dicho incremento “no estuvo asociado a un decremento de la delincuencia, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo, en lugar de mostrar un efecto opuesto”.
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, aumentó 71% en promedio anual entre 2006 y 2009, pero los delitos del fuero federal incrementaron 5.2% en el mismo periodo, lo que “permite dimensionar la amplitud de la brecha entre el ritmo de crecimiento del presupuesto ejercido y su impacto en la incidencia delictiva”.
Además, en el mismo lapso los delitos de alto impacto no disminuyeron, sino todo lo contrario: el secuestro subió 83%; los asesinatos 33% y el robo con violencia 31%.
