Un General en la mira por el caso Jethro
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Un General en la mira
por el caso Jethro

2 de agosto, 2011
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Foto de archivo del general Leopoldo Díaz Pérez (derecha) durante una reunión con Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos

Leopoldo Díaz Pérez, hasta hace unos días comandante militar en Morelos, podría convertirse por la desaparición del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, en el primer caso de un General de alto rango acusado ante la justicia civil de violaciones graves a los derechos humanos. La ruta judicial podría llevar a que la Corte se pronuncie sobre si debería ser enjuiciado por tribunales civiles o dejar que sea el fuero de guerra el que desahogue el sumario donde la línea de mando lo involucra.

Por Juan Veledíaz

Las tropas a su mando se distinguieron durante el conflicto en Chiapas por hacer su propia interpretación del  “Procedimiento Sistemático de Operar (PSO)”, que es como se conoce dentro del Ejército a los planes sobre cómo actuar durante la realización de operaciones militares. El supuesto apogeo de los abusos, detenciones arbitrarias, y allanamientos en comunidades indígenas se dio en los años en que el entonces coronel Leopoldo Díaz Pérez, era el coordinador del llamado “Grupo Chiapas”, un equipo castrense que actuaba en conexión con las fuerzas de seguridad pública y que estaba adscrito a la comandancia de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez. Entre sus tareas tenía organizar las actividades policiaco militares como las que realizaban las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), en poblaciones y carreteras de toda la entidad.

Entre los años 1995 a 2000, Díaz Pérez se hizo célebre entre sus colegas no sólo por presuntamente dar “manga ancha” a sus subordinados, sino por lo que consideraron era una notoria incapacidad para entender el origen de los problemas sociales que empujaron al surgimiento de la guerrilla del EZLN. Su ascenso al generalato se lo ganó tras haber estado en Monte Líbano como jefe del estado mayor del agrupamiento “Sánchez”, comandado por el General Héctor Sánchez Gutiérrez, y por su estancia en Altamirano como número dos del agrupamiento “Baca”, al mando del General Jorge Baca González. Fue una estancia de pocos meses en estas dos comunidades que, sumadas a los cuatro años en que estuvo al frente del “Grupo Chiapas”, le granjearon una reputación marcada por acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

El estigma no importó para el alto mando militar, pocos años después, el General Díaz Pérez fue invitado al Colegio de Defensa Nacional a impartir la conferencia “Fuerzas Armadas y Seguridad Pública”, en aquellos  días  de marzo del 2003 también disertó ante oficiales que cursaban el Diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra sobre “La seguridad pública en México”. De su expediente militar, del cual tiene copia Animal Político, resalta que entre 1988 y 1990 estuvo comisionado en la agregaduría militar en la embajada de México en Washington, DC, de donde volvió al país para incorporarse a tareas operativas en unidades de infantería.

Un PSO a modo

“¡Tíralo!”, supuestamente ordenó el Coronel José Guadalupe Arias Agredano al teniente José Orizaga y Guerra cuando escuchó que el hombre que sus subordinados habían detenido esa tarde en la feria de Cuernavaca, había fallecido por los golpes y tortura a la que fue sometido en las instalaciones del 21 batallón de infantería a su mando. El oficial recordó que su jefe movió la cabeza como si no diera crédito a lo que había ocurrido, a pesar de que era parte del “Procedimiento Sistemático de Operar (PSO)” que empleaban con los detenidos.

El general Leopoldo Díaz Pérez, durante una reunión con el GEM (Grupo Empresarial Morelos) que preside el arquitecto Miguel Ángel Betanzos.

 

La víctima tenía 27 años de edad, se llamaba Jethro Ramsés Sánchez Santana, era ingeniero mecánico eléctrico y cursaba una maestría en administración de negocios. La tarde del 1 de mayo pasado se había ido de fiesta con varios de sus amigos al recinto que albergaba la feria, ya andaban pasados de copas cuando se suscitó una riña en la que, de acuerdo a testimonios recogidos por familiares del joven, éste junto a Horacio Cervantes Demesa con quien llegó al lugar, se mantuvieron al margen. De poco sirvió. Otras versiones recabadas por las autoridades señalaron que la policía municipal y la federal detuvieron a los muchachos quienes fueron entregados al Ejército presuntamente por haberse ostentado como integrantes de la delincuencia organizada. Con este argumento, ambos fueron llevados a las instalaciones castrenses localizadas en el complejo que alberga la comandancia de la 24 zona militar, al mando desde el año 2009 del general Leopoldo Díaz Pérez.

Se presume que dentro, los condujeron al taller de herrería y pintura que solían utilizar como lugar para interrogatorios. Esposado y vendado de los ojos, Jethro fue el primero en ser golpeado mientras Horacio, permaneció retenido afuera en un vehículo castrense. De acuerdo a un informe de la Policía Judicial Militar fechado el 30 de junio pasado, el cual recoge los momentos clave de la detención, muerte e inhumación clandestina de la víctima, en la sesión participaron junto al teniente Orizaga y Guerra, su colegas de grado Marco Antonio Legorreta Álvarez y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero. El documento –el cual se pudo consultar vía las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos en Morelos que llevan el caso— registró que debido a los golpes que los militares propinaron a Jethro, “y aunado al estado de ebriedad en que se encontraba, se comenzó a convulsionar (bronco aspirarse) perdiendo la vida al instante”. El soldado Cristian Andrade Rodríguez, testigo de lo ocurrido, declaró ante el fiscal militar que el joven que vio entrar acompañado de los oficiales lo recordaba porque traía puesta una playera del equipo de futbol de los Pumas. Recordó que su papel fue el de custodiar a las afueras al otro detenido, y que escuchó “gritos muy fuertes, como de dolor”. Entonces el acompañante de Jethro le preguntó que qué le hacían a su amigo, pues “ellos eran gente de bien”. No contestó y luego que transcurrió alrededor de media hora dejó de escuchar los lamentos y gritos. “Observé que sacaron al civil de la playera de Pumas todavía caminando, quien lo sacó fue el teniente Legorreta y dijo que lo cuidara mientras metían al otro civil a la herrería”.

Supuestamente, en la parte trasera de uno de los vehículos militares, los soldados ordenaron a Jethro que se sentara, pero de pronto comenzó a convulsionarse, llamaron a un oficial del área médica, quien buscó reanimarlo pero al paso de los minutos todo resultó infructuoso. En esos momentos fue cuando el teniente Orizaga se dirigió con el coronel Arias para informarle de lo ocurrido. Luego que recibió la indicación de que se deshiciera del cuerpo, volvió con sus hombres y ordenó que liberaran a Horacio. Aquella noche, recordó días después el joven, lo subieron a una camioneta verde olivo y lo fueron a dejar por una brecha de terracería en el municipio de Juchitepec.

Minutos después, Orizaga apoyado por el subteniente Raziel y otro oficial de nombre Rafael Albañil, sacaron el cuerpo de las instalaciones militares para dirigirse en un vehículo militar rumbo a los límites con el estado de Puebla. En un paraje boscoso conocido como “La Ocotera”, dentro del municipio poblano de Atlixco, los militares cavaron una fosa y presuntamente ahí depositaron el cuerpo de  Jethro. Momentos después regresaron al cuartel militar en Cuernavaca. Al día siguiente, Orizaga informó al coronel Arias Agredano que sus órdenes se habían cumplido.

Si había alguien junto al general Díaz Pérez que sabía darle su propia connotación al “Procedimiento Sistemático de Operar” era el coronel Arias Agredano. Lo traía grabado desde el otoño de 1996 cuando estuvo en Fort Benning, Georgia, sede de la Escuela de las Américas, donde realizó el curso de instructor de fuerzas especiales cuando apenas tenía la primera estrella en las hombreras de su uniforme que lo acreditaba como Mayor de infantería. Parte de su expediente castrense fue recogido por la gaceta parlamentaria de la cámara de diputados en febrero del 2003, cuando se discutió su ratificación como Coronel. Ahí se registró que previo a su estancia en los Estados Unidos, había realizado el curso de paracaidismo en la brigada de fusileros paracaidistas. Formó parte de la “Fuerza de Tarea México 86” creada por el mundial de futbol, y tiempo después fue comandante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales adscrito a la segunda región militar en Mexicali. La discrecionalidad parecía un rasgo de su personalidad militar hasta que en Morelos algo le ocurrió.

El 5 de noviembre del 2010, soldados bajo su mando participaban en una operación contra el grupo delincuencial de Julio Radilla, quien después fuera acusado de ser el autor intelectual del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. En esa movilización, efectivos del 21 de infantería aseguraron vehículos, armas y droga. Según la declaración del teniente Marco Antonio Legorreta, incluida en los documentos con la investigación militar, el coronel Arias Agredano y uno de sus oficiales cercanos de nombre Pedro Santiago, se quedaron con una moto Honda color guinda, una camioneta BMW y un vehículo compacto Jetta, objetos que no fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Otro caso que le tocó presenciar ocurrió semanas después en la zona sur de Morelos,  cuando detuvieron a un individuo que portaba armas y 150 mil pesos en efectivo. “El teniente Santiago Chávez y el coronel Arias Agredano no reportaron el aseguramiento del dinero”, señaló Legorreta.

A partir de la denuncia iniciada por desaparición forzada en la procuraduría de justicia de Morelos, canalizada después a la PGR que la remitió a la procuraduría de justicia militar, hace unas semanas la autoridad ministerial castrense detuvo al teniente Orizaga y Guerra y al subteniente Raziel Aguilar. También mandó citar el pasado 30 junio al coronel Arias Agredano quien, de acuerdo a diversas fuentes militares, no se presentó ni se le localizó en su comandancia del 21 de infantería en Cuernavaca. Desde hace unos días las versiones de que el coronel Arias desertó, comenzaron a circular en la 24 zona militar, mientras en la oficina de comunicación social de la secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del coronel Ricardo Trevilla, se informó que se desconocía su situación.

Leopoldo Díaz Pérez se pasó 60 días con deslindes de responsabilidad a sus hombres del 21 batallón de infantería.

Que la Corte se pronuncie

Sabía que la línea de mando, que es la columna vertebral del Ejército, comenzaba y terminaba con él. Quizá por ello, a juicio de las ONG de derechos humanos en Morelos, el general Leopoldo Díaz Pérez se pasó 60 días –casi dos meses— con deslindes de responsabilidad a sus hombres del 21 batallón de infantería sobre la detención y desaparición de Jethro. Primero por medio de misivas a diputados del congreso del estado, y después en oficios ante la procuraduría de justicia morelense. De poco sirvió, dos semanas después que la procuraduría castrense iniciara las pesquisas con la detención de los dos oficiales y la orden de presentación judicial contra el coronel Arias Agredano, el General fue removido de su cargo al frente de la 24 zona militar en Cuernavaca.

La huella de Díaz Pérez en Morelos quedó registrada en 35 expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos –sólo durante 2010— que la Comisión Estatal, a cargo de Lucero Benítez Villaseñor, integró y canalizó a la CNDH. Según la ombudsman, el militar deberá responder judicialmente no sólo por la “desaparición forzada” del joven ingeniero, sino por el cúmulo de acusaciones sobre la actuación de sus tropas en el estado de Morelos.

Más allá de las declaraciones lo que se necesita es actuar contra el general Díaz Pérez, dice José Martínez Cruz, coordinador de comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la ONG que encabeza la abogada Juliana Quintanilla. El vocero explica que el problema que existe con la procuraduría militar que lleva el caso, es que no investiga a ninguno de los policías municipales y federales que intervinieron en la detención de ambos jóvenes. Tampoco ha sancionado a los militares que en un primer momento negaron tener conocimiento del paradero de Jethro. “Hubo un amparo que interpusieron los familiares, y todas las dependencias negaron conocer del paradero de Jethro, cuando el visitador del juzgado, que era autoridad del amparo, se presentó en la 24 zona, le negaron el acceso. Le dijeron que ahí no estaba y que no podía pasar. Por esto existe una sanción administrativa, menor por unos cuantos salarios mínimos, simplemente por el hecho de que rindan información falsa, pues había testimonios de dos oficiales que entraron con el joven al taller de herrería y ahí lo torturaron”.

Durante los poco más de dos años al frente de la zona militar en Morelos, los militares al mando de Díaz Pérez acumularon denuncias en contra por robos, allanamientos, torturas, detenciones arbitrarias y actos de rapiña. “Para nosotros hay responsabilidad del General Díaz Pérez porque era el responsable de los operativos”, añade Martínez Cruz entrevistado vía telefónica. Pese a que se iniciaron investigaciones ministeriales por detenciones ilegales y torturas, como el caso de los hermanos apellidados Jaimes, detenidos hace unos meses a las afueras de una tienda departamental en Cuernavaca, y llevados al cuartel de la zona militar donde fueron torturados y golpeados, para posteriormente ser abandonados en malas condiciones por la carretera federal en el municipio de Huitzilac, en este caso, junto a otros canalizados vía PGR al fuero de guerra, al final no se hizo nada.

Por esta razón el equipo jurídico de la Comisión Independiente se ha abocado a reunir el mayor número de evidencias para ser canalizados a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde se prepara una controversia constitucional, una vez que se agoten las instancias jurídicas que se presentaran durante el transcurso de la investigación por la desaparición de Jethro, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y siente jurisprudencia. Luego que hace unas semanas la Corte falló a favor de que sean los tribunales civiles y no los militares, los que juzguen a los miembros de las fuerzas armadas  acusados de violaciones graves a los derechos humanos, lo que se busca es que ahora analice las circunstancias jurídicas en que se presentó la desaparición de Jethro y se pronuncie si Díaz Pérez y sus subordinados deben ser procesados en juzgados civiles. “Como el caso aún está en investigación –pues su identidad no ha sido del todo corroborada en la osamenta que se exhumó del sitio donde los militares supuestamente lo enterraron—,  no hay retroactividad, no hay sentencia; como implica violación grave de derechos humanos, es idóneo para ser atraído por la Corte”, subraya Martínez Cruz.

La última imagen que los morelenses tenían del General Díaz Pérez era la de un militar uniformado en verde olivo de campaña que se paseaba a las afueras del condominio Altitude. Esa tarde de diciembre del 2009 tenía un temple que lucía a ratos nervioso, a ratos como extraviado. Frente a él un comando de la armada se enfrentaba en esos departamentos al grupo que custodiaba al capo Arturo Beltrán Leyva. Nadie le avisó del operativo y no permitieron que se acercara más allá del perímetro de seguridad que delimitaron los marinos. Quizá porque sabían que aquel  personaje, se dijo en esos días, era uno con los que el General seguramente se iba reunir para comer.

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Familia mexicana lleva 6 meses encerrada en iglesia de Canadá para que no la expulsen

El caso de esta familia mexicana ha despertado la solidaridad de la sociedad canadiense.
6 de junio, 2022
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Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:

“México: hallan nueve cuerpos descuartizados”

“La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa”

Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.

Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de cárteles que se peleaban entre sí el control del mercado de la droga.

La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los cárteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.

Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.

Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?

BBC Mundo cuenta su historia.

El viaje

En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.

Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.

Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EEUU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.

Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.

Frontera canadá EE.UU.

Getty Images
La familia intentó cruzar por tierra a Canadá desde EE.UU.

Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.

Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.

Los cárteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.

Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 “intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas”, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.

Los llamaban advirtiéndoles que si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.

Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cártel prendió fuego a su negocio.

Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.

Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.

banderas de canadá, EE.UU. y México

Getty Images
Canadá, EE.UU. y México comparten el T-MEC, un tratado de libre comercio que en julio de 2020 sustituyó al Nafta.

Segundo intento

Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.

A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.

Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EEUU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.

“A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)”, explica Istvanffy.

Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.

Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.

Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.

Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.

Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cártel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.

Como volvieron a negarse, “los encerraron en un baño de la casa , los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos”, cuenta Istvanffy.

No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y “ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad”, explica Istvanffy.

Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.

Hombre con arma

Getty Images
Los carteles incendiaron el negocio y la casa de la familia.

La decisión

La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.

Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.

“El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los cárteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado”, agrega Istvanffy.

“Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen”, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.

Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.

La iglesia como última opción

En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al “santuario”, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta “al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí”, explica Istvanffy.

Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: “si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.”

A los Pérez los acogió una iglesia protestante.

Iglesia protestante

Facebook oficial de Plymouth Trinity

“No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen”, dijo la congregación en un comunicado.

Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.

Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: “hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro”.

La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.

“Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense”, agrega el abogado Istvanffy.

Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Sherbrooke. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.

“Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad de Sherbrooke. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo”, agregó.

La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.

Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.

pasaporte mexicano

Getty Images
Los ciudadanos mexicanos pueden estar seis meses en Canadá.

Trasfondo político

Canadá se ha destacado históricamente por acoger personas refugiadas de diversas regiones del mundo y por lo general aparece en la lista de naciones solidarias en medio de las guerras.

Aunque ha recibido refugiados de Europa, África y Asía, su cercanía con Latinoamérica hace que sea un destino viable para esa población.

Muestra de eso es que, después de Ecuador y España, Canadá es el tercer país que ha recibido a más colombianos en calidad de refugiados durante el conflicto interno.

También hay una población importante de chilenos que huyeron del régimen militar de Pinochet, así como salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos.

Pero el mayor desafío se ha presentado con México. “El problema es que hay una discriminación bastante fuerte contra los mexicanos porque para el sistema canadiense México representa un desafío importante: pueden entrar sin visa, son miembros del tratado de libre cambio con EEUU. y Canadá. Son nuestros vecinos más inmediatos de Latinoamérica”, explica Istvanffy.

Y agrega, “hace 10, 12 años, más de la cuarta parte de la gente que pedía refugio en Canadá eran mexicanos. Así que buscaron un sistema de trabas para impedir que los mexicanos entren fácilmente a Canadá”.

Entre tanto, los Pérez ya completan seis meses refugiados en la iglesia de Sherbrooke y, aunque están seguros, su cotidianidad no ha sido nada fácil en medio del encierro.

Es tal el miedo que sienten que no quieren dar entrevistas porque temen que el cártel tome represalias en México. Saben que haberlos denunciado en otro país es un desafío muy peligroso.

“Lo más probable es que mueran en México. No tienen a dónde ir. Uno de los carteles más peligrosos los ha amenazado. Es un grupo muy violento, es la muerte lo que les espera”, concluye Istvanffy


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