De los 24 permisionarios de centros de apuestas y salas de sorteos (casinos) que operan en México con el aval de la Secretaría de Gobernación (Segob), 15 han montado sus negocios en las ciudades y estados donde, según los informes oficiales de las autoridades federales, operan los llamados cárteles de la droga de Sinaloa, Arellano Félix, Beltrán Leyva, Zetas y Golfo, revela una investigación hecha por Animal Político.

Lo anterior arroja que son 19 las compañías permisionarias de casinos en México que, a su vez, operan un total de 485 centros de apuestas, un hipódromo, un galgódromo y un frontón, pero que, además, cuentan con permisos vigentes para abrir otros 339 casinos, dos hipódromos y dos galgódromos.

Propiedad de Jorge Hank Rhon, las siete empresas permisionarias que controla el exalcalde priista de Tijuana, son las que mayor presencia tienen en los estados donde, según un mapa elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre el Fenómeno Delictivo en México, operan cinco de las siete organizaciones del narcotráfico que hay en el país.

¿Propicios para el lavado de dinero?

“El dinero se lava por intermedio de casas de cambio, casas de bolsa, joyerías, casinos, venta de automóviles, compañías de seguros y sociedades mercantiles”, son algunas de las conclusiones a las que han llegado las autoridades de Estados Unidos (EU) cada vez que emiten informes relacionados con las formas que utilizan los grupos criminales, no sólo de ese país sino de todo el mundo, para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.

En esa ocasión se dijo que son tres los pasos necesarios para lograr el lavado: Colocación, estratificación e integración de los recursos.

Durante la etapa de colocación, explican en el documento, los fondos deben cambiar de forma para ocultar su origen ilícito. Indican que los ingresos del comercio ilícito de drogas se obtienen en forma de billetes pequeños, que abultan y pesan más que las drogas mismas, de ahí que la conversión de esos recursos en otros de más valor, como son los cheques de cajero u otros instrumentos monetarios negociables, se suele hacer a través de negocios que manejan mucho dinero en efectivo como son: restaurantes, hoteles, compañías de máquinas expendedoras, casinos y lavacoches, que sirven de fachada.

En el caso de los casinos, sostienen, la facilidad para aceptar el dinero permite que una vez que los delincuentes convierten los recursos en fichas, los fondos parecen ganancias del juego, lo que a su vez les permite cambiarlos por cheques en los bancos de estos centros de apuestas.

En la etapa de estratificación, se trata de ocultar el rastro que une los fondos a la actividad ilícita mediante la acumulación de una serie de transacciones financieras. Los delincuentes que manejan grandes sumas de dinero, por ejemplo, instalan compañías ficticias en países conocidos “por sus estrictas leyes de protección del secreto bancario o su falta de celo en perseguir el lavado de dinero. Esto les permite transferir sus fondos contaminados a compañías ficticias, a través de cuentas bancarias que abren como dueños de estas sociedades,  hasta blanquear los recursos”.

El pasado 16 de agosto, el periódico El Universal publicó una nota sobre el trabajo académico del investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Carlos Leyva Pedrosa, quien gracias a una serie de solicitudes de transparencia estableció la poca efectividad que tienen las autoridades mexicanas para investigar el delito de lavado de dinero, algo que según lo establecido por el Departamento de Estado de EU, es propicio para el blanqueo de los recursos.

En su trabajo, el investigador estableció que de 525 reportes por manejo irregular de recursos turnados a la Procuraduría General de la República (PGR) de 2004 a 2007, sólo 86 se elevaron a una averiguación  previa por lavado de dinero y de estos, sólo 25, recibieron la sentencia de un juez.

La etapa de integración, la tercera de la lista de los pasos operativos detectados, es según las conclusiones del informe el que mayor rentabilidad  deja a los delincuentes, pues en ella se incorporan los fondos en actividades económicas legítimas. Por lo general se hacen a través de inversiones comerciales, bienes raíces o adquisición de artículos de lujo. Los servicios de transacciones bancarias privadas, los bancos extraterritoriales, las sociedades ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas de telégrafo y la financiación comercial, todos pueden encubrir este tipo de actividades.

Diferencia entre México y Las Vegas

La corrupción existente en el órgano encargado de regular las apuestas, es la diferencia que, según la coordinadora del grupo de trabajo especializado en la vigilancia y el cumplimiento del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en la Cámara de Diputados, la diputada Lizbeth García Coronado, ha encontrado entre la forma de operar los casinos mexicanos y los que operan en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

A decir de la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  existen alrededor de 200 centros de apuestas y salas de sorteos que pudieran estar operando ilegalmente en México y bajo el amparo del narcotráfico, lo cual quedo asentado en una denuncia penal que interpuso, en mayo del presente año ante la PGR, en donde uno de los establecimientos denunciados en esa ocasión, fue el casino Royale de Monterrey en el que murieron más de 50 personas tras un ataque encabezado por una célula del crimen organizado con presencia en Nuevo León.

“Lo que hemos detectado aquí en Cámara es la corrupción que hay en Gobernación, tanto de funcionarios y exfuncionarios”, responde la diputada cuando se le pregunta sobre el por qué en la ciudad de Las Vegas, conocida por ser la capital mundial del juego, no existen las sospechas que se presentan en México, en el sentido de que pudieran estar operando casinos con actividades de lavando dinero.

Como ejemplo entregó fragmentos (no consecutivos), de la resolución de un juez penal que ordenó la aprehensión de tres exfuncionarios de la SEGOB, que presuntamente lucraron con su cargo. Se trata de Roberto Correa Méndez, exdirector de Juegos y Sorteos; Felipe de Jesús Delgado Hernández, extitular de la Unidad de Gobierno y Abraham González Uyeda, exsubsecretario de Gobierno en la presente administración.

Según la copia del documento, en poder de Animal Político, el 7 de octubre de 2010 el Juzgado 47 Penal Federal notificó de su decisión a la PGR, instancia que tampoco ha ejercido su facultad para detener a los exfuncionarios, según señala la diputada.

Lo que pedimos es que aclaren cuál fue la participación de estos exfuncionarios en la otorgación de permisos para operar  centros de apuestas irregulares, comenta la perredista, a quien le parece “sospechoso” que los funcionarios de la PGR y la SEGOB no hayan investigado a estos personajes, así como a los 200 casinos irregulares denunciados, aún cuando la querella se presentó hace poco más de cuatro meses.

“Al momento de que alguien te da aviso, como lo hicimos nosotros desde el grupo de trabajo especializado (en el tema de la Ley Federal de Juegos)… y no hacen nada, estas permitiendo que trabajen ilegalmente”, sostiene García Coronado, quien no descarta que gracias a estos mecanismos de corrupción, que otorgan permisos irregulares y no investigan su operatividad, se estén lavando grandes cantidades de dinero, pues son millonarias las ganancias que obtienen al año los centros de apuestas en el país que en el 2010, tan sólo por concepto de impuestos al gobierno federal, pagaron 4 mil millones de pesos, cantidad similar al presupuesto de Turismo que se ejerció en el país durante ese mismo año.