El 23 de octubre de 2008, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal estatal para proteger la vida de un individuo desde el momento en que es concebido y penalizar el aborto.
La reforma fue promovida por los grupos parlamentarios del PAN, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social (PES), una entidad política de filiación cristiana, a través de la diputada panista Gloria Loza, presidenta de la Comisión estatal de Equidad y Género.
Cuando llegó el momento, la reforma fue votada con 21 sufragios a favor a cargo del PAN, Panal, PRI y PES, y tres en contra, dos del PRD y uno del PVEM.
Fue en 1998 cuando el Congreso estatal promovió por primera vez esta iniciativa de ley, sin embargo, hasta el 3 de julio de 2008 la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Estatal la aprobó, a pesar del rechazo de múltiples organizaciones civiles en Baja California.
Organizaciones civiles denunciaron que la votación de esta iniciativa se había pospuesto en seis ocasiones, y que el 23 de octubre se aprobó “de forma sorpresiva y sin haber consultado con la sociedad”.
“Nos enteramos porque nos filtraron la información, ya que el dictamen no se encontraba en el orden del día, después de negociaciones que desconocemos, el PRI propuso una votación secreta”, acusó María del Carmen Rioseco, de la asociación civil Alaide Foppa.
La impugnación de la reforma
A menos de un año de la aprobación de la reforma que dotaba de personalidad jurídica al embrión, el ombudsman de Baja California, Francisco Sánchez Corona, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma que prohibía despenalizar el aborto, hasta en casos de violación y malformación del producto.
El 26 de enero de 2009, Sánchez Corona dijo que las modificaciones aprobadas por el PAN, PRI, PES y Panal fijaban las bases para que en el futuro también se prohibiera el uso de anticonceptivos.
Tres días después, el 29 de enero, la SCJN admitió la impugnación que promovió Derechos Humanos de Baja California.
El ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia fue Fernando Franco González Salas, quien solicitó a las partes –el Congreso y Derechos Humanos- sus argumentos de defensa.
Fernando Franco es uno de los ministros que votó a favor de la ley que despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal.
Los casos de Paulina y Lesly
El 1999, Baja California negó a Paulina -una jovencita de 13 años de edad que quedó embarazada después de una violación- el derecho a abortar, a pesar que el Código Penal estatal lo permitía.
En 2006 y después de este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno de México crear una norma oficial para que nunca más ocurran casos como el de Paulina, se atiendan de forma “pronta, científica y expedita” a las víctimas de violencia sexual y familiar y se pongan a su alcance el método de anticoncepción de emergencia, medidas profilácticas y la interrupción legal del embarazo.
La Norma Oficial Mexicana 046, Violencia Familiar, Sexual contra las Mujeres fue aprobada por unanimidad en la Secretaría de Salud (Ssa), sin embargo, nunca fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Otro caso es el de Lesly Karina Díaz Zamora, de 19 años de edad, a quien metieron a la cárcel el 20 de enero de 2011 acusada de “homicidio agravado por parentesco” por haber sufrido un aborto espontáneo.
En mayo de este año la cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California revocó la sentencia de 23 años de cárcel que habían decretado para Lesly. Esta sentencia fue resultado de una apelación que interpuso el abogado Arnoldo Castilla, quien argumentó que la joven sufrió un aborto espontáneo en su casa. Lesly tenía cinco meses de embarazo y, según declaró en tribunales, no sabía que estaba embarazada.
Aquí puede ver una lista de las Reformas aprobadas a las constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción (vía GIRE)
