El pasado 4 de julio los yucatecos vivieron algo poco común cuando un  grupo de ciudadanos quienes se oponían a la construcción de un paso a desnivel fueron atacados por un puño de golpeadores. El video circuló en las redes sociales. ¿Qué ha pasado desde entonces? Los agresores siguen impunes y los agredidos abandonaron las denuncias. La disputa sigue en las calles y ahora se pasó al terreno político, como una fractura expuesta.

Por Luis Castrillón

El principal argumento de regidores de extracción priista en el cabildo de Mérida e incluso del gobierno del estado es que las movilizaciones previas a la construcción de la obra en la confluencia de la avenida mencionada y Circuito Colonias, y posteriores al choque entre ciudadanos y militantes del PRI y del PAN el 4 de julio pasado en ese sitio, son promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN) y organizaciones civiles identificadas, e incluso calificadas de “satélites”, con el panismo yucateco.

En contraparte, integrantes de esas agrupaciones señalan la ausencia de la detención de cualquiera de los posibles responsables de las agresiones ocurridas en julio pasado, así como el rechazo “sin mayor análisis” de una solicitud de juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara por parte de la mayoría priista en la Comisión de Legislación del Congreso yucateco, como una muestra de que “no existe división de Poderes” en Yucatán y del “autoritarismo” del gobierno estatal.

De acuerdo con la Fiscalía General del estado (FGE) de Yucatán es falso que los procedimientos en respuesta a las 25 denuncias que fueron interpuestas luego del 4 de julio estén detenidos por una cuestión de carácter partidista o porque el gobierno de la entidad esté decidido a minimizarlas o incumplir su responsabilidad de castigar a quienes resulten responsables de algún ilícito.

La dependencia indicó que a partir de las denuncias se integraron tres expedientes, de los cuales siete averiguaciones previas ya se encuentran en los juzgados de defensa social y que contienen las demandas de ocho personas. De dicha documentación han resultado indiciados nueve individuos contra quienes se ha solicitado orden de aprehensión o de comparecencia, según sea la causa, debido a que se trata principalmente de delitos menores, específicamente por lesiones.

Además, según lo informado por la Fiscalía, solamente “el 30 por ciento” de los denunciantes han mantenido “interés jurídico”, es decir que el resto de los agraviados no han dado seguimiento o aportado más elementos para sustentar sus acusaciones, como si lo hicieron en los días posteriores al choque entre grupos ciudadanos y de militantes priistas y panistas a través de videos y fotografías que enviaron a diversos medios de información locales, cada uno destacando la parte donde eran agredidos.

Incluso, aseguró la dependencia, hubo quienes aportaron datos falsos al momento de presentar sus denuncias, como direcciones domiciliarias que al ser verificadas por agentes del ministerio público resultaron ser inexactas o corresponder a otra persona sin relación alguna con los hechos.

IvonneOP Ivonne Ortega

@@GoZombie_ los expedientes se mandaron al juez (poder judicial) y es quien determinará culpabilidades.

IvonneOP Ivonne Ortega

@@GoZombie_ las denuncias se pusieron, la fiscalía hizo su parte pero muchos de los que demandaron no ratificaron su declaración.

En el caso más destacado de las denuncias, en el proceso contra Carlos Chalé Herrera, exempleado del rastro municipal, a quien se identificó como quien orquestaba las agresiones contra ciudadanos y militantes panistas el día de los hechos, tampoco existe avance más allá de la orden de aprehensión girada en su contra, la cual no surtió efectos luego de que la defensa del indiciado solicitara un amparo para protegerlo de actos de la Fiscalía General del estado.

Chalé Herrera y su defensa incluso se adelantaron a cualquier otra disposición de los juzgados o la Fiscalía al solicitar el día 22 pasado que se le fijara un monto de caución debido a que los delitos que se tipificaron en su contra son menores, por lo que alcanzaba ese beneficio que finalmente se estableció en 13 mil 700 pesos, lo que le permitirá continuar el proceso en su contra en libertad.

El caso de Herrera Chalé ha sido el más cuestionado, ya que había sido empleado del ayuntamiento desde la administración panista -que dejó el cabildo luego de perder las elecciones municipales ante el PRI en 2009-,  y fue oficialmente despedido, según informó el municipio, luego de ser plenamente identificado como uno de los agresores.

Sin embargo, continúa como líder de uno de los dos sindicatos de trabajadores del Rastro Municipal, lo cual ostentó al ser presentado como tal en una reunión con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros.

En dicho encuentro realizado el día 14 pasado, el indiciado compartió mesa con el líder local de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), Mario Tránsito Chan Chan y otros líderes gremiales también afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, Herrera Chalé se negó en su momento a firmar el documento en el que se le informó su baja, lo que podría utilizar como un argumento para posteriormente demandar al ayuntamiento meridano.

En cuanto a la solicitud de juicio político contra la presidenta municipal Angélica Araujo Lara, el 9 de agosto pasado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales rechazó por mayoría -con el voto de sus integrantes priistas- la demanda al considerar que “no hubo violaciones sistemáticas y generalizadas al orden jurídico” que se indica como causal principal para iniciar dicho proceso, de acuerdo con la ley de servidores públicos, en los actos de la alcaldía al ordenar y llevar a cabo la construcción del paso a desnivel inferior en la Prolongación de la Avenida Paseo de Montejo.

No hay división de Poderes en el estado

Para la dirigente del Frente Cívico Familiar (FCF) en Yucatán, Patricia MacCarthy Caballero, es posible “afirmar que no hay separación de Poderes en Yucatán”. La integrante de ese grupo que ha sido señalado como “satélite” del panismo yucateco, sustentó lo aseverado en un primer punto con la negativa del Legislativo estatal –cuya mayoría está integrada por diputados de extracción priista- a entrar al análisis de la solicitud de juicio político contra Araujo Lara.

Consideró que de igual forma –en sumisión al Poder Ejecutivo encabezado por Ivonne Ortega Pacheco- ha actuado la Fiscalía General del estado que sólo está “poniendo obstáculos” a los demandantes y citó como ejemplo que las averiguaciones previas han sido mal integradas, sin pruebas suficientes y devueltas por los juzgados de defensa social.

Lamentó que lo mismo ocurra con los organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), la cual a su parecer “es una vergüenza”. Hemos visto los expedientes levantados por los visitadores respecto del día de las agresiones contra los ciudadanos, agregó, donde llegaron a decir que no pasó nada.

Cuestionada sobre la supuesta relación entre el FCF y el PAN en la entidad, respondió que “ya es de risa esa descalificación fácil… Siempre recurren a eso. Tenemos 25 años de habernos constituido y no con el PAN, hemos encabezado denuncias de diversa índole. No somos panistas y quienes nos descalifican con ese argumento no entienden que la ciudadanía sí puede organizarse”.

Al hablar sobre el mismo tema, la representante de Sociedad en Movimiento, Gina Villagómez Valdez, expresó que “claro que es un problema político” el debate y las protestas ocurridas antes y después del 4 de julio en torno de la construcción del paso a desnivel inferior en la Prolongación de Paseo de Montejo y las agresiones entre ciudadanos y militantes del PRI y del PAN en el lugar.

“Es un problema político desde el momento en que el ayuntamiento de Mérida violó los derechos de los ciudadanos al llevar a cabo una obra en una zona protegida por ley para su conservación como patrimonio cultural edificado, que no estaba considerada en el Programa Operativo Anual (POA) de la administración municipal y donde apenas una par de semanas antes se habían invertido cerca de dos millones de pesos para mejorarla”, expuso.

Claro, es un asunto electoral, agregó también, al indicar que el tema de fondo es que la presidenta municipal, el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega, que la respalda, buscan dejar una huella, una obra de infraestructura magna, que destaque y que represente su administración para reforzar la posible candidatura de la alcaldesa a la gubernatura en las elecciones de 2012.

Al cuestionarle que el argumento que regidores y diputados priistas han expuesto para descalificar la protesta del 4 de julio, señaló que hubo “una violación de los derechos urbanos de quienes habitan en la ciudad y eso le dio derecho a quienes lo hicieron a entrar al área a protestar”.

“El error de la alcaldía y el gobierno del estado fue no haber dispuesto de la fuerza pública para proteger la protesta de los ciudadanos o impedirla si fuese ilegal; cometieron el error de enviar a golpeadores”, abundó.

Y aseguró: “hicimos cuatro llamadas a la policía y no llegó, llamamos a la Cruz Roja cuando comenzaron las agresiones y tampoco llegó. Fue una emboscada contra los ciudadanos. Desde que comenzó la protesta estuvimos pendientes de las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona, estaban moviéndose, en operación, estaban viendo todo. ¿Qué esperaban que pasara?

Personalmente, la también investigadora en Antropología Social, también ha sido señalada como cercana al PAN y de operar directamente a favor de la causa electoral blanquiazul hacia 2012, a lo cual respondió: lo niego rotundamente.

“Y si así fuera, no tiene nada que ver con la violación a los derechos de los ciudadanos. Si todo eso –los señalamientos en su contra- fuera cierto, lo cual niego, no elimina la violación de las leyes con un proyecto no presupuestado, no consensuado y que fue una ocurrencia para tener, precisamente, una estrategia electoral”, agregó.

La misma película partidista

“Es la continuidad de la misma película partidista del PAN donde más que paz quiere propiciar mayor violencia”, aseveró el regidor meridano de extracción priista, Roberto Hevia Jiménez, al referirse a las diversas manifestaciones realizadas por ciudadanos sin aparente filiación partidista, integrantes de organismos civiles y militantes del PAN posteriores al 4 de julio pasado.

“La sociedad real, agregó, no sale a hacer comparsas. Son gente de Acción Nacional e incluso militantes del PRI que buscan atacar al gobierno actual”, expresó en alusión a la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho y a la presidenta de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), Blanca Estrada Mora, ambas integrantes del PRI y criticadas por su desempeño durante su administración, la una, y la otra por su explícita participación en actos a favor del PAN, además de asesorar durante su gobierno y actualmente, al hoy exgobernador Patricio Patrón Laviada.

Sobre las denuncias penales y la atención que ha dado la Fiscalía General yucateca a las mismas, dijo que como regidores “somos respetuosos de todo comentario o protesta de quien no se sienta atendido, pero tiene que ser ante esa instancia correspondiente”.

El problema, aseguró, es que algunas de las personas que interpusieron las denuncias no siguieron el procedimiento, no aportaron más información, parecía más un acto mediático que una demanda real de justicia.

Hevia Jiménez señaló como un ejemplo de lo que llamó “la cerrazón de los panistas”, a la nula disposición que los regidores del partido blanquiazul en el cabildo local han tenido en los últimos días para discutir la propuesta de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga una donación para instalar el equipo de iluminación del paso a desnivel inferior en la Prolongación de la Avenida Montejo.

En medio de las discusiones que parecen no llegar a ningún punto específico, el ayuntamiento de Mérida mantiene su confianza en que sí las lluvias que han afectado la ciudad durante agosto pasado y este mes “permiten una tregua”, la obra del paso a desnivel inferior quedará concluida en tiempo y forma a más tardar a principios de octubre próximo.

De hecho, en un recorrido por la zona de obras fue posible constatar que éstas tienen un avance superior al 80%, pese a que la empresa que ganó la licitación para realizarla, Proser, tuvo que enfrentar no sólo el retraso de un día por las protestas del 4 de julio, sino además la ausencia de un proyecto ejecutivo completo para los trabajos.

Sin embargo, las autoridades municipales confían en que la constructora termine la obra como está programado, basándose en el cumplimiento que han tenido en otras licitaciones obtenidas como las de iluminación los 52 kilómetros del Anillo Periférico de Mérida, y los 35 de la carretera de Mérida a Progreso, entre otras que ha ganado en la actual administración estatal y municipal.