La periodista María de Jesús (Marichu) Bravo y al maestro Gilberto Martínez Vera pasarán al menos un mes en la cárcel, eso en el mejor de los casos, porque podrían ser condenados hasta por 30 años.
La decisión del gobierno de Veracruz de encarcelar a estos dos usuarios de redes sociales, a quienes acusan de producir “alarma, temor, (y) terror” en el puerto a través éstas, no sólo ha generado que organismos internacionales y naciones, que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos, se manifiesten contra la medida adoptada por las autoridades estatales. Grupos ciudadanos y legisladores federales se han pronunciado, cada quien en su ámbito, a favor de la libertad de los detenidos, además de anunciar algunas acciones, tanto legislativas como sociales, para liberarlos.
Por lo pronto, este jueves un juez federal le dio entrada al juicio de amparo indirecto que solicitó la defensa de los inculpados, quienes el lunes cinco de septiembre impugnaron el auto de formal prisión que un juez local les dictó por su presunta responsabilidad en los delitos que los acusan y estableció, como fecha de audiencia para desahogar los alegatos entre las partes involucradas, el viernes 23 de septiembre a las 14:00 horas, día en que podría decidirse el futuro de los presuntos “terroristas”. En su resolución, el representante del Poder Judicial se comprometió a actuar con “celeridad” para resolver la situación legal de los detenidos el pasado 26 de agosto.
En las ciudades de Veracruz y Boca del Río, por separado, un grupo de ciudadanos, que se organizó tras el encarcelamiento de Marichu y Gilberto, anunciaron que encabezarán dos marchas en el puerto, la primera el martes 13 de septiembre y la segunda el viernes 16, para pedir al gobierno de Duarte respeto a la libertad de expresión, así como a los comentarios que se hacen a través de las redes sociales.
Los exhortos
“El Senado de la República exhorta respetuosamente al C. Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, a que retire los cargos en contra de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por actos terroristas y sabotaje mediante el uso de redes sociales en internet”, fue lo que escribió el senador Francisco Castellón Fonseca en la propuesta de exhorto que remitió al Senado y que, a su vez, fue enviada a la Comisión de Participación Ciudadana para sus análisis.
Presentada el martes 6 de septiembre, en la propuesta el senador perredista enumera una serie de injusticias que, a su punto de vista, se cometieron contra los supuestos terroristas.
Señala que ante la falta de información veraz y oportuna por parte de los gobiernos, los ciudadanos de diversos puntos del país han hecho uso de Internet para mantenerse informados de los hechos delictivos y de la inseguridad que se desarrolla en sus estados y comunidades. Como ocurre en Nayarit, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.
“Los ciudadanos con mayor frecuencia están acudiendo a las redes sociales para informarse y protegerse de los hechos de violencia cada vez más comunes en sus entidades”, expone el perredista, quien considera que el imponerse una sentencia de terrorismo o sabotaje contra los detenidos, se estaría “cometiendo un error al satanizar y criminalizar el uso de Internet como medio de información ciudadana.
Lamentó que no sólo Veracruz cuente con leyes que castiguen el uso de redes sociales e internet. Acusó a “gobernadores y congresos de… Tabasco y Nayarit, (quienes) lamentablemente han aprobado leyes anti redes sociales… con lo que han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación y acceso al conocimiento. Sigue sin quedarles claro que cualquier tipo de mecanismo que busque controlar lo que circula en la red y el uso de la misma, coarta los más elementales principios de libertad de expresión”.
La diputada del PRD, Mary Telma Guajardo, presentará, el próximo martes, un segundo exhorto para que sea la cámara baja quien convenza al gobernador Duarte de garantizar los derechos del “debido proceso de los detenidos” e investigar las denuncias sobre maltrato y coerción de las que, según denunciaron, fueron objeto tras ser detenidos por las autoridades ministeriales. Originalmente el exhorto de la perredista sería analizado este jueves 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, pero ante la falta de quórum se tuvo que suspender la sesión que se celebraba en el recinto legislativo de San Lázaro.
Convocan a movilizarse
Angie Figueroa, coordinadora de medios del movimiento Libertad de Expresión del Pueblo y para el Pueblo de Veracruz @l_expresionpp, que se conformó tras la detención de María de Jesús y Gilberto, informó que los integrantes del grupo están convocando a dos marchas para exigir a las autoridades estatales el respeto de la libertad de expresión en las redes sociales.
Entrevistada telefónicamente por Animal Político, señaló que la primera movilización se realizará el martes 13 de septiembre, a las 6 de la tarde, en la ciudad de Veracruz, donde marcharán del parque Zamora al Palacio Municipio, mientras que la segunda la harán el viernes 16, a las 9:30 horas, en la localidad de Boca del Río, lugar de donde son originarios los detenidos. Para las dos marchas están convocando a los participantes salir vestidos con alguna prenda blanca, así como con una veladora.
Las demandas que plantean los integrantes de este movimiento son: Salvaguardar el derecho a expresarse con libertad en las redes sociales; respetar la privacidad de los usuarios y sus contactos y exhortar a que la libertad de expresión no sea violentada por las autoridades de ningún orden de gobierno.
Juez federal le da entrada a impugnación
Este jueves, el Juez Segundo de Distrito a nivel Federal, con sede en Veracruz, le dio entrada a la demanda de amparo promovida por la defensa de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez, contra el auto de formal prisión que un juez penal, a nivel local, les dicto por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sabotaje.
Lo anterior significa que aún cuando el Juez Federal admitió la demanda, los procesados seguirán en prisión preventiva en tanto no se resuelva el juicio de fondo, ya que el “incidente de suspensión relativo, en razón que no fue solicitado expresamente por la defensa” por tratarse de un delito grave en las leyes estatales, de ahí que optaran por solicitar el amparo indirecto pero sin la suspensión.
En el documento emitido por el Juez Federal, cuya copia obtuvo Animal Político, cita a las partes involucradas a una audiencia constitucional que se llevará, a las 14:00 horas, el viernes 23 de septiembre de 2011.
Textualmente señala: “Remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídanseles sus informes justificados que deberán rendir dentro del término de tres días, en su caso remitiendo copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, así como todas aquellas que sirvieron de base para emitirlo; apercibidas que, en caso de no cumplir, o hacerlo de manera extemporánea, al resolver el fondo del asunto, les será impuesta multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo”.
En su resolución, el Juez se compromete a emitir con rapidez una sentencia, “en atención al tipo de garantías fundamentales que se pudieran violentar, (lo que) justifica la urgencia y la prontitud con que el juzgador debe substanciar el juicio, a fin de resolver rápida y eficazmente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado; y en su caso, sea el disconforme inmediatamente restituido en el goce de las garantías que le hayan sido quebrantadas por las autoridades responsables”.
