El titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJ-NL), Adrián de la Garza Santos, afirmó que más policías podrían estar implicados en el crimen colectivo del casino Royale, donde murieron 52 personas.
El funcionario señaló que la investigación continuará “caiga quien caiga”, luego de que ayer la Policía Federal capturó a Miguel Ángel Barraza Escamilla, un elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien coadyuvó como “halcón” con los delincuentes que perpetraron el ataque.
Indicó que Barraza Escamilla es el único elemento de la SSP estatal implicado hasta ahora, pero si de las indagatorias se desprende el involucramiento de otros elementos de cualquier orden de gobierno, se les aplicará la ley. De la Garza añadió que “pudiera haber” más efectivos involucrados, pues “las investigaciones, conforme se han ido desarrollando, habremos obtenido información, como en el caso de este policía de Seguridad Pública estatal y que no descartamos que pueda haber participado algún otro policía”.
De manera conjunta con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, la instrucción es investigar hasta sus últimas consecuencias el caso, reiteró en conferencia de prensa. “Tenemos otros sujetos identificados en ese evento y vamos a seguir las investigaciones”, toda vez que al menos seis personas más participaron en el criminal ataque, subrayó De la Garza Santos.
Respecto a Barraza Escamilla, mencionó que sigue declarando ante un agente del Ministerio Público federal y al concluir se determinará su situación jurídica, es decir, si se le arraiga o consigna penalmente.
Por otra parte, el procurador de Justicia neoleonés indicó que el arraigo a Manuel Jonás, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal Bretón, deriva de la denuncia de presuntos cobros ilegales hechos en casinos de la ciudad. Se estimó que por los tipos de delitos imputados del fuero común, “para efectos de que no hubiera nada que obstaculizara la investigación, se determinó solicitar la orden de arraigo a un juez, cumplimentada el día de ayer”, por lo que se procederá a las diligencias correspondientes, expresó.
Por lo pronto, mencionó que el hermano del alcalde regiomontano no declaró y se acogió a los beneficios del Artículo 20 constitucional, pero se seguirá indagando si hay delito o no. “No descartó que pudiera haber delitos de otro orden o de otro fuero como a nivel federal en el desarrollo de la investigación, si encontramos algún delito de este tipo, que lo haya cometido el señor Jonás Larrazabal o cualquier otro particular, lo haremos del conocimiento de la autoridad federal”, subrayó.
Actualmente en la PGJNL hay una denuncia contra el arraigado por parte del partido Convergencia, además de la que él mismo entabló por los delitos que resulten de lo publicado en medios de comunicación hace dos días, mencionó.
Notimex*
Nota Relacionada:
