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Tierra Caliente, <br>con fiebre y sin médicos
Tierra Caliente, <br>con fiebre y sin médicos
8 minutos de lectura
Tierra Caliente, <br>con fiebre y sin médicos
07 de septiembre, 2011
Por: Dulce Ramos
@WikiRamos 

El éxodo de médicos y especialistas en la Tierra Caliente de Guerrero tiene semiparalizado los servicios públicos y privados de salud. Las clínicas particulares han dejado de existir ante el auge de extorsiones del crimen organizado.

Por Juan Veledíaz

Era la única clínica que se anunciaba en el periódico hasta que en julio pasado, la publicidad desapareció. Para esos días no era el primer centro hospitalario en Ciudad Altamirano que cerraba sus puertas, semanas atrás al menos 10 nosocomios privados habían dejado de dar servicio a la población en éste y otros de los nueve municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, la región que abarca ciudades limítrofes con Michoacán y Estado de México. Con las puertas cerradas del sanatorio Ángeles, los especialistas que ahí laboraban encabezados por el pediatra René Gómez Molina, se unieron al éxodo de profesionales de la salud que han abandonado la zona debido al clima de violencia que desde principio de este año se ha recrudecido.

Clínica del IMSS en la región de Tierra Caliente.

Son alrededor de 30 doctores de diferentes especialidades los que han dejado el municipio de Pungarabato, donde se encuentra Ciudad Altamirano, de acuerdo a integrantes de la asociación médica de Tierra Caliente. Esto ha afectado al hospital regional del IMSS –donde sólo queda un especialista –y al del ISSSTE –donde ya no hay ninguno–, en ambos la capacidad operativa se ha reducido al mínimo, añaden los entrevistados quienes por seguridad personal solicitaron no ser identificados con su nombre. Una de las razones, explica uno de estos doctores, es que las bandas de criminales los tienes ubicados con domicilio, teléfono, hábitos, círculo de amistades, pasatiempos, lo que se ha traducido en una marejada extorsiones, robos, secuestros y amenazas, que ha obligado a varios a abandonar la región.

El caso emblemático fue del pediatra Gómez Molina, ilocalizable para entrevistas desde hace varias semanas, quien hizo su última aparición pública a principio de agosto pasado cuando se presentó para jurar el cargo de presidente del PRI municipal de Altamirano, desde entonces según varios de sus conocidos, optó por salir. En esa ocasión, el galeno hizo unas declaraciones al periódico El Sur de Acapulco donde estimó que el 50% de los médicos no sólo habían abandonado Altamirano, sino la región. “No hay condiciones para laborar, yo pienso que el gobierno debería tener un encuentro con el sector salud, porque es grave la situación y deben darse las condiciones para desempeñar este trabajo tan noble, porque algunos han considerado que es una profesión que deja dinero, y esto está afectándonos de manera directa”, declaró en esa ocasión.

Un letrero a las afueras del área de atención del IMSS en Altamirano anuncia que las consultas especializadas se cancelaron, en éste hospital las mujeres embarazadas las atienden médicos generales y si necesitan de un especialista como un ginecólogo, les dicen que tienen que irse hasta Iguala porque no hay quien las atienda, dice Alfredo Rivera Urióstegui, un arquitecto que tuvo que llevar a su esposa a consulta hasta ésta ciudad ubicada a poco más de cuatro horas por carretera. Lo mismo pasó con quien va a consulta al ISSSTE, donde la mayoría de los médicos atendían turnos en el hospital regional ubicado en Coyuca de Catalán, donde las consultas externas y las de especialidades están canceladas desde el mes pasado.

El clima de miedo y zozobra no sólo es entre la población, los empresarios o los comerciantes, ya afectó otros ámbitos de la sociedad como el de los servicios de salud, dice vía telefónica Juan Cuevas Guerrero, director del periódico regional El Debate de los Calentanos. Acostumbrado a las hostilidades entre los grupos del crimen organizado que se disputan esta región, este veterano periodista considera que desde que a mediados de agosto llegó un contingente de 240 policías federales al menos los enfrentamientos a plena luz del día han cesado. Lo que no desaparece, subraya, son las extorsiones.

Escuela primaria en la región de Tierra Caliente.

Sin clases, sin maestros

El mensaje apareció la mañana del martes 6 de septiembre, era una manta colgada a las afueras de las oficinas de la delegación de servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca, localizada en la avenida Universidad en el fraccionamiento Magallanes de este puerto. “Víctor Aguirre Garzón deja de andar firmando por los Beltrán Leyva y Zetas y deja de estar cobrando cuotas a los maestros, el cártel de Sinaloa no extorsiona no roba, no secuestra. Atentamente, Los Calentanos”. El mensaje apareció una semana después de que los maestros de preescolar, primaria y secundaria decidieran suspender clases en Acapulco y en varios municipios de la Tierra Caliente, debido a las amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado. La manta fue una de las tres que colocaron en diferentes puntos del puerto, y en los que una de las bandas que se disputa el corredor costero le atribuía al jefe del llamado “Cártel Independiente de Acapulco” la ola de extorsiones.

La suspensión de clases en las escuelas públicas, que de acuerdo al gobierno del estado se centraría en 52 planteles en el estado de Guerrero, se suma al cierre definitivo de todos los planteles privados en la región de Tierra Caliente, algunos de los cuales tenían décadas en funcionamiento. “Lo más grave para Altamirano es que hasta hace unos meses había tres escuelas privadas, una de ellas, el “Colegio Tepeyac” tenía más de 50 años de antigüedad, otra fue el “Antonio del Castillo” que tenía 20 años de servicio y el “Colegio San Ángel”. Cerraron porque les pedían un millón de pesos al año por dejarlos laborar, los directivos buscaron apoyo del gobierno pero nunca les ayudaron, como no vieron a dónde acudir decidieron salirse y cerrar los planteles”, dice Cuevas Guerrero, oriundo de la región y conocedor de los entretelones de los intereses políticos y de los poderes “facticos” de la zona. El director del rotativo de mayor circulación en esta zona de Guerrero, señala que por lo menos 75 maestros adscritos al municipio de Pungarabato –que junto a Altamirano incluye otras 15 comunidades—solicitaron licencia sin goce de sueldo debido a las amenazas de que fueron objeto desde el ciclo escolar pasado. Hay centenares de alumnos de escuelas públicas y privadas afectados, la cifra no puede ser precisa porque en cada uno de los nueve municipios que forman parte de Tierra Caliente como Ajuchitlán, Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan entre otros, el número es variable, añade.

Para la dirigencia magisterial aglutinada en la sección 14 del SNTE que cubre el estado, el número de alumnos afectados por el cierre y el paro de escuelas públicas en Guerrero oscilaría en los 50 mil, con poco más de tres mil 500 profesores en suspensión de labores. Tan sólo en Acapulco y su zona suburbana, de acuerdo a cifras del magisterio guerrerense, el pasado lunes 5 de septiembre fueron 170 planteles públicos de diversos niveles escolares los que no abrieron sus puertas debido a que las autoridades no cumplieron su palabra de reforzar la seguridad en torno a los colegios más alejados, como los de las colonias Zapata y Libertadores, donde varios mentores han sido amenazados y secuestrados para exigirles una cuota para poder laborar. Existen casos en que a la plantilla docente de varias de estas escuelas en el puerto, les han exigido el 50% de su salario para dejarlos trabajar, acusaron los dirigentes magisteriales en una conferencia de prensa el pasado viernes 2 de septiembre.

Silvia Romero, secretaria de Educación de Guerrero.

“Que pase una noche sin sus guardaespaldas”.

Desde julio pasado, Silvia Romero Suárez, titular de la secretaría estatal de educación, dio a conocer que alrededor de mil maestros de preescolar, primaria y telesecundaria habían solicitado a la dependencia a su cargo ser transferidos en el siguiente ciclo escolar a otros planteles debido a la que “sus vidas corren peligro” por la violencia que impera en los municipios de Arcelia, Altamirano, Apaxtla de Castrejón y Cuetzala de Progreso, donde estaban adscritos. Luego de varios intentos por concretar una entrevista con la funcionaria para que diera su versión del problema, su jefe de prensa Humberto Valdés Vilchis, argumentó una agenda “muy saturada” para no hablar con la prensa, y aseguró que la situación no era como decían los mentores. Desde su punto de vista el cambio de adscripción era por “mejorar de sueldo y por el lugar”, aunque en “dos o tres casos documentados en Altamirano sí se comprobó que hubo amenazas directas”.

Raúl Salgado Leyva, subsecretario de educación básica de Guerrero, desmintió al vocero de la dependencia el viernes pasado cuando reconoció que hay varios casos de mentores amenazados por el crimen organizado en Tierra Caliente. Detalló, en declaraciones a colegas de la prensa local, que en el caso de Acapulco los ejemplos más graves se localizan en siete planteles en “colonias precaristas”, donde la plantilla de profesores están amenazados y han sido intimidados por los delincuentes, lo cual ha repercutido en que las clases no sean regulares “afectando a más de mil alumnos”. En el caso de la región calentana, añadió, por lo menos son 20 planteles en Pungarabato, Zirándaro y Coyuca de Catalán donde los profesores no han dado clases debido a que les piden cuotas para poder laborar.

El magisterio guerrerense llamó este martes 6 de septiembre al gobierno del estado a que garantice las labores educativas no sólo en Acapulco, sino en las comunidades de la sierra y de Tierra Caliente donde la delincuencia organizada tiene “sometidos” a los cuerpos policiacos pues las corporaciones municipales y estatales ya fueron rebasados por los criminales. La colocación de mantas en las entradas de las oficinas de la delegación de la secretaría de educación y en tres planteles escolares de Acapulco, la mañana del martes, fueron un recordatorio y ejemplo de la falta de vigilancia policial, insistieron. Desde el 26 de agosto pasado en que comenzó el paro y hasta esta segunda semana de septiembre, se habían sumado 57 delegaciones sindicales de todo el estado, lo que equivaldría al cierre de poco más de 200 planteles de diferentes niveles escolares.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, dado a conocer a principios de esta semana, los maestros fijaron su postura: “El magisterio de la región Acapulco-Coyuca informa a la ciudadanía la realidad de la inseguridad que viven los maestros en servicio y jubilados: secuestros a mano armada en centros de trabajo y en el traslado de los domicilios a las escuelas, extorsiones vía telefónica, amenazas a maestros que han sido levantados o secuestrados en caso de que denuncien los hechos violentos de los que han sido víctimas, robos de autos con uso de violencia, usurpo de casas habitación, amenazas vía mensaje a celulares. A todos estos hechos las autoridades de educación estatal han hecho caso omiso, manifestando que son rumores, psicosis, anónimos, en fin”. Vía telefónica uno de los dirigentes magisteriales en Tierra Caliente invitó a la titular de educación del estado, Silvia Romero Suárez, a que pase un día entero en alguna escuela de cualquiera de los  municipios de la región, sin sus guardaespaldas, para que vea lo que siente vivir en la zozobra.

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