¿Quién falló al suspender el subsidio a seguridad?
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¿Quién falló al suspender el subsidio a seguridad?

Por Marco Cancino y Mariana Tapia
10 de octubre, 2011
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Las policías municipales enfrentan, además, escasez de recursos, preparación deficiente y, en muchos casos, condiciones laborales poco deseables; como consecuencia, la eficiencia del trabajo de las policías se reduce y la desconfianza de la población aumenta.

El Gobierno Federal, a partir de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en marzo del 2007, ha implementado políticas para mejorar la situación de las instituciones de seguridad municipales; entre ellas, cooperación interinstitucional, homologación de reportes, capacitación y subsidios directos. Sin embargo, aumentar las partidas presupuestarias no es suficiente si no se acompaña de un eficaz monitoreo al uso de los recursos (desempeño) y una evaluación de  los resultados alcanzados (impacto), es decir, se debe vigilar la aplicación correcta y estratégica de los mismos.

El caso del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) refleja la carencia de mecanismos institucionales eficientes para dar cumplimiento a los objetivos de gobierno en materia de seguridad, más allá de sus elementos puramente administrativos.

 

Su Origen

La reforma al artículo 21 constitucional reconoce la responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno de diseñar e instrumentar políticas públicas eficientes y eficaces, en materia de seguridad pública. Sin embargo, la realidad parece anteponerse a las disposiciones constitucionales, ya que no sólo las carencias presupuestarias de los gobiernos municipales, sino la  debilidad institucional existente en muchos de ellos, impide que cumplan dicho mandato.

De entre las debilidades estructurales de las policías municipales destacan: la falta de preparación técnica, legal y operativa de sus elementos; la desigual distribución de las policías municipales en el país (sólo 12 entidades cuentan con policía municipal en todos sus municipios); la escasez de recursos para financiar la operación de sus policías; los bajos salarios (su salario promedio es de 6,200 pesos mensuales); alta rotación y deficientes registros de su personal.

Por lo tanto, la necesidad de crear un instrumento que permitiera mitigar las principales debilidades de las policías municipales y modernizarlas en términos de equipo y capacidades del personal, dio origen al SUBSEMUN.

El subsidio se otorgó por primera vez en 2008 e inició con 150 municipios y delegaciones beneficiarias, distribuyendo un total de 3.88 miles de millones de pesos. Ya en el  2011 el número total de municipios beneficiados por el subsidio representan 220 (Gráficas 1 y 2), que en conjunto reciben un total de 4.05 miles de millones de pesos y según los criterios del propio subsidio, los montos que reciben los municipios oscilan entre los 10 y 95 millones de pesos al año.

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Como mencionamos antes, los recursos del SUBSEMUN tienen por objeto la profesionalización de los funcionarios y el equipamiento de las instituciones policiacas; en términos específicos, deben utilizarse en:

 

  • Servicio profesional de carrera.
  • Evaluación de  control de confianza.
  • Evaluación de destrezas, conocimientos y desempeño.
  • Capacitación.
  • Además, un porcentaje específico de los recursos deben destinarse  a la homologación salarial de los cuerpos policiales y al menos 10 por ciento en acciones de prevención del delito.

 

La suspensión de la segunda ministración de los recursos del SUBSEMUN a 162 municipios (monto equivalente al 30 por ciento del total anual asignado), en agosto del 2011, provocó una reacción en cascada de las autoridades locales, entre ellos, las de Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León, Boca del Río, Veracruz y Reynosa, Tamaulipas), quienes atribuían dicha suspensión a razones partidistas  (en algunos casos) o a la falta de sensibilidad política, en otros, dado que los niveles de inseguridad que vive el país, principalmente en los municipios beneficiados por el subsidio, es justificación suficiente para recibirlos sin ninguna condición adicional.

 

Afirmar que el Gobierno Federal retiró el subsidio por razones políticas carece de precisión; al menos en términos partidistas. Al analizar la relación entre municipios y partido político que lo gobierna (Gráfica 3) podemos observar que la distribución de los municipios por partido político es uniforme y todas las entidades federativas, a excepción de Querétaro, tuvieron uno o más municipios que vieron cancelado su subsidio.

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A decir del Secretariado Ejecutivo del SNSP (SESNSP), la razón por la que se suspendió la entrega del subsidio fue el incumplimiento por parte de los municipios de uno o más de los siguientes puntos contemplados en las reglas de operación del SUBSEMUN, publicadas el 28 de enero de 2011:

  • Solicitud de envío de recursos
  • Comprobante que acredite el depósito de recursos para coparticipación
  • Acreditación de que al menos 30 por ciento de los recursos federales convenidos han sido comprometidos y/o devengados
  • Tener al corriente los informes de avances físicos y financieros de los proyectos en el sistema de Registro de Información y Seguimiento del Subsidio SUBSEMUN (RISS)
  • Además, los municipios que reciben los recursos por primera vez deben ponerse al corriente con la homologación salarial de sus funcionarios.

 

Al 12 de septiembre, poco más de un mes después del escándalo mediático, el SESNSP, reportaba que de los 220 municipios beneficiarios, 217 se encontraban ya al corriente con la documentación necesaria para recibir sus recursos, en tanto que 2 más solicitaron prórroga y uno declinó el subsidio.

 

La celeridad con que reaccionaron los municipios y con la que el SESNSP publicó la regularización de los mismos, nos obliga a preguntarnos si el incumplimiento fue una omisión accidental (difícil de creer por el número de municipios involucrados) o si se optó por regularizar a todos aquellos municipios con algún nivel de avance, llámese documentación básica, presentación de proyectos o algún avance físico (poco o nada significativo, pero que fuera suficiente como justificación).

La pregunta no es menor si consideramos los objetivos de  los recursos y el hecho de que 140 de los municipios suspendidos incumplieron con los siguientes compromisos (el resto, sólo incumplió con alguno de ellos):

 

  • Esquema de Jerarquización Terciaria
  • Homologación Salarial
  • Implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial

 

Debido a que en las reglas de operación del SUBSEMUN, no se contemplan mecanismos de evaluación de resultados, sino solamente los documentos administrativos mencionados previamente, es difícil suponer que políticas como la capacitación policial sean implementadas en la totalidad de los municipios. Desafortunadamente, también es difícil suponer que el SESNSP pueda evaluar la calidad del ejercicio de dichos recursos y, que de hacerlo, pueda retirar el subsidio y evitar que la discusión gire en torno a la manera en que se gasta y no a los montos ejercidos en seguridad pública.

Las policías municipales son un elemento sumamente importante en la cadena de prevención y sanción de los delitos: al ser la policía más cercana a la población y la más familiarizada con la dinámica local, puede tener información sobre delitos o tentativas de los mismos antes de que exista una denuncia formal; del mismo modo, su proximidad con la población puede ser un facilitador de información para la policía ministerial en la etapa de investigación de delitos.

Los policías municipales tienen la función de disuadir los delitos más comunes como el robo de autopartes, los asaltos en las calles, en el transporte público, violencia intrafamiliar, violencia de género y hasta la prevención de riesgos, sin embargo, su debilidad institucional y la contradicción de la estrategia federal de impulsar la desaparición de las policías municipales para dar paso a las policías únicas locales por un lado, y financiar al mismo tiempo el fortalecimiento institucional de las policías municipales parece reducir la probabilidad de éxito del SUBSEMUN y la eficacia del gasto público.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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