“…Yo te busco por el bordado,
de mujeres y de poetas,
el discurso que causa preguntas,
el tejido de servilletas.

¡Justicia! “

Fragmento de canción Justicia de Lila Downs

I

En el Istmo de Tehuantepec, considerado la cintura más estrecha del país,  la violencia y las injusticias se dan en todo los niveles, pero las más afectadas son las mujeres, sobre todo las indígenas, según reflejan las estadificas del Centro de Atención a la Mujer Istmeña (CAAMI).
Las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se han caracterizado por  su  dignidad  y    rigor  ante la  vida, pues son guardianas de las tradiciones y la sabiduría de los que un día de las nubes llegaron ( binnizá- Hombres de las nubes).  Tampoco se callan ante el dolor y la violencia, por el contrario elevan la voz, aunque no confíen en sus autoridades y se sientan abandonadas por la  que debía de arroparlas, la justicia.

Nada que celebrar

Lo evita. Se contiene por un buen rato. No  logra frenar  las lágrimas que se asoman sin permiso. Cecilia (prefiere ese nombre por seguridad) otra vez vuelve a retenerlas mientras recuerda la última vez que vio a su madre con vida en la ciudad de Oaxaca.

“No vaya a San Luis Potosí. Que  le paguen la casa de otro modo, pero no vaya”,  fueron las palabras a su madre. No obedeció. Personalmente fue a cobrar  el pago de una de sus viviendas en ese estado  del país, considerado  por el organismo Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) el onceavo más violento a nivel nacional.

Desapareció hace más de un año, el 15 de septiembre del 2010. Después de saber la noticia  Cecilia y su esposo se trasladaron a San Luis Potosí siguiendo las huellas de la madre. Tocaron puertas, juntaron dinero para  un rescate que nunca llegó,  realizaron muchas llamadas, se contactaron con el supuesto secuestrador, pero éste  un día les indicó  que la   ejecución se concretó. Les  recomendó huir.

Cecilia interpuso la denuncia por desaparición ante el Ministerio Público de San Luis Potosí, pero al salir del inmueble recibió una llamada, el sujeto detrás del auricular  sabía de la queja,  la amenaza cayó sobre ella y su familia. Salió huyendo asustada de la ciudad para nunca más  volver.

La desgracia no tuvo compasión de la familia de Cecilia. Cerraron todo, negocios y casas en la Verde Antequera. Comenzaron  de nuevo en Juchitán. No tienen una tumba a dónde llevar flores los domingos, no poseen  un cuerpo que reconocer. Forman parte de las víctimas colaterales de la “guerra”. Cecilia y sus hermanos  se consideran  huérfanos de un Estado fallido.

Esta madre de 35 años no confía en la justicia, mucho menos en los policías, del nivel y el rango que sean. Vive con miedo, como  miles de ciudadanos en este país lacerados por la violencia. El pasado  15 de septiembre Cecilia y sus hermanos no celebraron nada,  sólo colocaron  una veladora a la fotografía de su madre.

Cecilia participó en el mitin de Javier Sicilia  frente al palacio municipal de Juchitán hace casi un mes. Supo de la marcha del poeta  tres días antes del arribo de la “Caravana al sur”  a la ciudad. No  fue  por morbo, ni por  moda, mucho menos acarreada. Asistió  porque así lo sintió.  Cecilia no necesitó  invitación para participar, la desaparición de su madre y su grito silenciado  de justicia la motivó a integrarse al contingente de esperanza.

Las pobres no tenemos justicia

Aparentemente nada la hace diferente de las demás víctimas, ni la estatura,  la edad,  el color de piel,  menos  el dolor. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,  muchas como ella han perdido  una hija.  Ni siquiera un  paliacate  negro ceñido a su cabeza  hacen la diferencia, las zapotecas de Juchitán la portan cuando están de luto hasta el año de la partida del ser amado.

Después de perder el tiempo en el MP, Jorge se burlaba  de ellas diciendo  que nunca les  harían caso. Presumía que con su dinero compraba a la justicia. Siempre fue el dinero por parte de él, de ella la pobreza, recuerda Josefina.

“Hiciéramos lo que hiciéramos su dinero valía más. Cómo voy a confiar en la autoridad en mi pobreza. Cómo, dime, cómo, si tengo una hija muerta, nada de justicia, un prófugo que se burla. No quiero que lo maten, sólo que lo encarcelen, que se haga justicia, pero no tengo dinero para lograrlo, sólo grito”

De acuerdo a los datos del CAAMI  el perfil de los  agresores hombres  se han registrado los siguientes datos: En adicciones el 95% de los agresores consumen alcohol por lo menos tres veces a la semana, 55% ingieren algún tipo de sustancia tóxica, (cocaína 25%, marihuana 30%).

En  lo que se refiere al tipo de ocupación el 25% se dedica a la albañilería, 30% taxistas, 15% policías, 20% profesionistas (médicos,  profesores) y 10% restante se dedican a la pesca y elaboración de hamacas, pertenecientes el 65% a grupos sindicalizados, militares y policíacos.

Dentro de los tipos de violencia más recurrentes está la violencia psicológica en un 35% y que sin lugar a dudas es el tipo de violencia que menor importancia le da la mujer, la mayoría de las mujeres acuden al CAAMI por primera vez por violencia física 35%, económica 20% y en un 10% violencia sexual.

En cuanto a las estadísticas a nivel  estatal, de acuerdo a los datos de Comunicación e Información de la Mujer  A.C. ( CIMAC) Oaxaca  ocupa el tercer lugar a nivel nacional  en violencia comunitaria. Veintidós de cada 100 mujeres de 15 años y más señalan haber sido objeto de intimidación: ocho de cada 100 experimentaron  abuso sexual o fueron  forzadas a tener relaciones sexuales o  bien las obligaron a realizar actos sexuales por dinero.

En el estado de Oaxaca  el  61.2 por ciento de las mujeres de 15 y más  años han vivido  incidentes de violencia por parte de su pareja o de otros familiares, en el trabajo, en la escuela o en espacio  comunitarios.

Sólo pido lo que es mío

Manuela Gómez Rosado, es la típica zapoteca que  hizo su patrimonio familiar a base de trabajo,  esfuerzo y sacrificio. Eso lo  saben sus vecinos, sus amigos y la comunidad, menos la justicia. Nada le regalaron. No robó ni un centímetro de sus propiedades, pero eso  no importa en un juicio por despojo.

La anciana de 80 años  está cansada, enferma y desgastada por  la lucha que emprende desde el 2008 en  la recuperación de sus tierras (que fueron utilizadas para crear la colonia popular  “10 de abril),  arrebatadas por el grupo político perredista -coceista  Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP) que administra  el subprocurador de Asuntos Indígenas del gobierno y ex alcalde de Juchitán, Roberto López Rosado, sobrino de la juchiteca. 

Na Manuela, como la llaman  respetuosamente en su barrio,   no baja la voz, ni titubea al exigir  lo que tanto le costó. Lo que  ella y su marido  adquirieron en su juventud como parte del patrimonio familiar. A pesar de las decisiones “injustas”  del juez en cuanto a la determinación de no devolverle su propiedad  no  deja de luchar.Sólo pide lo que es suyo, la herencia de  sus hijos y nietos. Es consciente que nada se llevará de esta vida, ni tierras ni dinero, pero antes quiere justicia, esa que por momentos  maldice en la soledad de su habitación, la que  se oculta en la impunidad de  poderosos, políticos, líderes, funcionarios y jueces. A veces confía en ella, por eso continúa elevando la voz, realizando  huelgas de hambre y marchando.

Su abogado y yerno, Omar Luis, denunció que pese a  la  sentencia condenatoria dictada  contra   un integrante de la organización CDP   y  el auto de vinculación contra el subsecretario de Asuntos Indígenas del Estado, Roberto López Rosado, el juez de garantías de Juchitán  negó la restitución del predio invadido a la anciana juchiteca.De acuerdo a la defensa de la indígena zapoteca, a raíz  de la detención y vinculación a proceso de Roberto López Rosado, la víctima  solicitó  la restitución provisional de su inmueble, no obstante el juez  de garantía, Edgar David Cruz Santiago, volvió a negar la medida provisional  solicitada bajo el argumento de que “obsequiar la petición de la victima dejaría en estado de  indefensión al tercer acusado en este problema, Juan Valdivieso Luis, y a más de cien personas.

Pero  lo más   graves para los afectados   es que con este  criterio el tribunal  anticipa  que aún con la sentencia  de todos los acusados  procedería  a la restitución pues propone como requisito a la víctima que “demande y venza en juicio a todas y cada una  de las  perdonas  que han ocupado y que ocupan  actualmente el  predio de su propiedad”. 

La justicia, al menos la que se le ha proporcionado desde hace tres años, es una burla  para Na Manuela    y una auténtica infamia para su familia. Lo  que no lograron  con la falsificación de documentos y movilizaciones políticas, ahora  pretenden  legitimar desde la Procuraduría  y el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.