“Tamarita, aquí va a comenzar a cambiar todo. Ahora, vamos a darte un poco de amor y afecto. Aquí vas a tener muchos amigos… hasta fila están haciendo por ti…”

“Ahora –dice el hombre, cuyo rostro percibe la joven muy cerca del suyo–,  vas a sentir lo que es bueno.”

Han pasado varias horas desde que la puerta de su hogar, en Cárdenas, Tabasco, fue derribada por 20 enmascarados y armados que, sin tardanza, revisaron habitación por habitación, poniendo en pie a todos los moradores.

La joven acata la orden, implorándoles no lesionar a la niña que intenta cubrir con su cuerpo. Sólo entonces los hombres cesan su rondar por la casa, aunque en las bolsas ya llevan teléfonos celulares, relojes, otros objetos de valor, así como tres mil pesos en efectivo. Luego, se llevan a Tamara consigo.

Cuando sus familiares claman por ella y piden explicaciones, los encapuchados responden: “Ella sabe lo que hizo…”

La noche aún es cerrada, el 18 de junio de 2010 apenas tiene un ahora y tres cuartos de avance, y Tamara va amordazada, con los ojos cubiertos, en la parte trasera de una pick-up en marcha.

Minutos después, es cambiada a otro vehículo y la joven no deja de preguntar a dónde la llevan, hasta que le ordenan “callarse la boca”.

Aún cegada por una venda, siente el auto detenerse, la obligan a bajar y luego la introducen a un sitio con muchas escaleras, hasta llegar a una habitación en donde distingue la presencia de tres hombres, que confirman que es ella a la que buscan.

Cuando ella pregunta la razón, un oficial la abofetea, y le exige “decir la verdad”. Después coloca una bolsa en su cabeza y, mientras Tamara se asfixia, escucha que el hombre le grita:

–¡Habla, putita! ¡¿Qué tienes que ver con tres mujeres muertas en Cárdenas?

–No, señor –recuerda Tamara haber respondido–, nada, se lo juro…

Pero el interrogatorio apenas empezaba.

–Ahora –dijo el sujeto–, tú vas a decirnos la verdad.

Luego, los otros dos agentes que estaban en la habitación comenzaron a golpearla.

La vara

“¡Muérete, putita! –escucha Tamara, al volver en sí– ¡Es lo menos que te mereces!”

Pero la joven amordazada apenas tiene tiempo de respirar, cuando nuevamente es introducida en una bolsa grande de basura, que luego sellan, impidiéndole respirar.

Cada vez que cae desmayada le retiran la bolsa, y luego repiten el tormento.

Luego de un tiempo indeterminado, los interrogadores la arrastran hasta una habitación contigua, donde le retiran la venda de los ojos.

Ahí la espera un hombre enmascarado y con ropa de civil, que le muestra un cúmulo de fotografías de tres cadáveres femeninos. Tamara supone que se trata de las tres mujeres cuyo asesinato pretenden atribuirle.

Antes de devolverla al cuarto de interrogatorios, el hombre enmascarado llama la atención de Tamara para que observe bien una foto, aquella en la que se ve a una de las víctimas, con una vara insertada en el recto. “Esto es lo que te vamos a hacer a ti”, le adelanta.

La confesión

Tamara continúa atada. No sabe cuántas horas han pasado desde su arresto y ahora yace, recostada, sobre una mesa. Ha sido despojada del pantalón y la ropa interior. Alrededor, percibe la presencia de varios sujetos.

“…Aquí vas a tener muchos amigos –dice el hombre, cuyo rostro percibe la joven muy cerca del suyo–. Hasta fila están haciendo para ti”.

–Ellos comenzaron a tocar todo mi cuerpo –narra Tamara–. Me alzaron el brassier y sentí sus manos por por todo mi cuerpo. Me tocaron mis nalgas y me insultaban: ‘Ahora vas a saber lo que es bueno. Estás buena, maldita puta’, me decía (el interrogador), y luego les ordenó a los otros oficiales: ‘¡Volteenla!” Y fue cuando grité: ‘¡No, señor, yo lo hice, pero le suplico que no me hagan nada, se lo pido!’.

–Vas a cooperar entonces –dijo el hombre–. Vas a hablar.

–Sí, señor, lo que usted diga. Pregúntenme lo que sea, pero no me violen…

El proceso

Aunque Tamara fue extraída de su casa a la 1:30 horas del 18 de junio de 2010, la orden de presentación en su contra no fue emitida por un juez sino hasta las 5:08, es decir, casi cuatro horas después.

El Ministerio Público no investigó lo ocurrido entre la hora de su captura y el momento en que agentes judiciales de Tabasco la presentaron formalmente.

Dos días después, el 20 de junio, la joven fue presentada en una conferencia de prensa encabezada por el procurador estatal, el general Rafael González Lastra, como copartícipe en el asesinato de tres mujeres, presuntamente violadas y ejecutadas por integrantes del cartel de Los Zetas.

El médico legista, identificado como “Doctor Sánchez Morales”, inscribió en su reporte ministerial que Tamara presentaba escoriaciones en brazos, que no ponían en riesgo su vida, no dejarían cicatrices ni la incapacitarían laboralmente.

Sin embargo, tras un examen independiente se constató que había pruebas de tortura y agresión sexual, que se sumaron a la retractación formal de la confesión firmada por la joven durante el primer interrogatorio al que fue sometida.

HRW destaca, además, que, en el caso de esta y otras víctimas, “funcionarios judiciales actuaron en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad para inventar supuestas confesiones”. Los sujetos detenidos como autores materiales del homicidio de las tres mujeres, y quienes implican a Tamara, presentaron testimonios idénticos, lo que “confirmaría la falsedad en la confesión de la joven, (dado que) si bien es natural esperar que las confesiones de cómplices en un delito presenten similitudes (…) la repetición estándar y con las mismas palabras de detalles insignificantes (…) sugieren de manera contundente que las cuatro versiones fueron redactadas por una misma fuente”.

Tamara continúa en prisión, en espera de ser juzgada.

El final…

El de Tamara es uno de los 170 casos de detención ilegal y tortura perpetrados por fuerzas de seguridad (soldados, marinos o policías), documentados por la organización internacional Human Rights Watch, que ayer presentó al presidente Felipe Calderón su informe Ni derechos ni seguros: asesinatos, tortura y desapariciones en la guerra contra el narco de México, elaborado tras dos años de investigaciones de campo en cinco estados de la República, y al que el mandatario se comprometió a dar lectura.

En Tabasco, de donde es originaria Tamara, HRW obtuvo pruebas de 25 casos de detención ilegal con tortura, en los que las víctimas “describieron un patrón casi idéntico”: detención sin orden judicial a manos de hombres encapuchados y armados; amordazamiento; traslado en vehículos sin placa; golpizas en el traslado; interrogatorios sobre presuntos vínculos con el crimen organizado; todas las víctimas describieron el mismo centro de tortura, “un lugar donde tuvieron que subir una escalera, luego giraron y debieron subir otra escalera”, con traslados a distintas estancias del mismo inmueble.

En todos los estados visitados, destaca el informe, e “independientemente de la corporación implicada, las víctimas proporcionan información consistente sobre los tipos de tortura física y mental usados en su contra, que incluyen palizas, asfixia con bolsas plásticas, asifixia por sumersión en agua, choques eléctricos, tortura sexual, amenazas de muerte y ejecuciones simuladas.”

Para ejemplificar el incremento en la incidencia de detenciones ilegales con tortura, HRW asegura que, entre 2005 y 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió cuatro recomendaciones relacionadas con este tipo de abusos a manos de fuerzas de seguridad. Sin embargo, entre 2008 y 2010 (lapso en el que se declaró la guerra al narcotráfico), la CNDH constató estas prácticas en 28 casos.

Además, las quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes ante esta institución mostraron una evolución constante, al pasar de 330 denuncias en 2006; a 395 en 2007; 987 en 2008; mil 105 en 2009; y mil 161 en 2010.

Para prevenir las detenciones ilegales y la tortura, HRW recomendó al gobierno mexicano:

– Iniciar, en forma oportuna, investigaciones exhaustivas e imparciales de todos los casos en que civiles presuntamente hayan sido sometidos a malos tratos, lo cual incluye la aplicación obligatoria del Protocolo de Estambul, particularmente si el acusado pertenece al Ejército y no transferir el caso a la justicia militar.

– Considerar nula toda confesión obtenida en bases militares, estaciones de policía u otros centros de detención donde los civiles sean retenidos ilegalmente, y sólo emplearla como prueba de abusos en denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las declaraciones sólo deben rendirse en instalaciones del Ministerio Público, tras hablar con un abogado en privado.

– Que al rendir declaración ante un MP, el acusado no esté en presencia de los agentes que lo capturaron.

– Generar las condiciones para que los agentes del MP demuestren que las confesiones se emitieron de forma legal, en vez de obligar a las víctimas a probar que fueron torturados.

– A los jueces, se recomienda no excluir pruebas periciales médicas independientes, sólo por no haber sido realizadas por especialistas gubernamentales. La credibilidad y confiabilidad deben determinarla, en todo caso, en función de las normas relativas a valoración de las pruebas.

– Homologar las pruebas periciales médicas que practican autoridades federales y locales, e incluir en ese formulario único un espacio para que el perito médico pueda sugerir, de ser conveniente, la aplicación del Protocolo de Estambul (la prueba universal para verificar si una persona fue torturada).

– Todo personal de la Sedena y la Marina debe poner a cualquier detenido a disposición del Ministerio Público, tan pronto como la aprehensión se realice. Estas instituciones deben dictar ordenanzas en que se deje bien claro que no pueden realizar interrogatorios ni retener a civiles en bases castrenses.

– A los legisladores federales y estatales, se les recomienda derogar el arraigo.

– Por último, se sugiere crear una base de datos única donde se inscriba el nombre de todas las personas detenidas, y las características del arresto, sus motivos, el nombre de los funcionarios implicados en la captura, así como todo traslado del sujeto entre instalaciones oficiales.

* Mañana, lee aquí la segunda parte de esta nota, Guerra contra el narco: ejecuciones y desapariciones