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Ejército acepta alza en quejas, pero "sólo 1.3% son avaladas"
Por Paris Martínez
4 de noviembre, 2011
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Militares durante un operativo en Michoacán.

Tras conocerse que el Ejército Mexicano es, desde 2008, la institución de gobierno contra la que más quejas se presentan por abusos contra la ciudadanía (con 4 mil 985 quejas entre 2006 y 2010, lo que representa un incremento de 777%), la Secretaría de la Defensa destacó que de todos estos reportes, sólo 1.53% “ha resultado con responsabilidad avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

La postura de Sedena se da luego que Animal Político publicara ayer el estudio Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales, elaborado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el cual señala que hay un incremento de 465% en el índice de letalidad de esta corporación, y que calcula el número de muertos que dejan los enfrentamientos entre criminales y el Ejército (en las nuevas funciones policiales que realiza desde 2007), en relación con el número de heridos que se generan en tales choques.

Mientras que hace tres años y medio el índice de letalidad del Ejército era de 2.62 presuntos criminales muertos por cada herido, para 2011 este factor pasó a 12.19 muertos por lesionado, ya que en 2008 los militares abatieron a 68 rivales, en tanto que para 2011 la cifra llegó a 585 bajas enemigas, tan sólo en los primeros cinco meses del año.

En su defensa, la Sedena aseguró ayer que “refrenda su compromiso de que en todos los casos (donde la CNDH avale la comisión de algún abuso) se proceda y se aplique la ley, ya que de ninguna manera se solaparán actos contrarios a las leyes y reglamentos militares”.

Prueba de ello, señala el comunicado militar, son las sentencias de 40 y 38 años de prisión emitidas contra dos oficiales que, el 1 de julio de 2007, encabezaron una agresión que dejó cinco civiles muertos y tres heridos, además de la pena de 16 años de cárcel contra otros 12 elementos de tropa, penas dadas a conocer el pasado 28 de octubre.

Los 45 mil efectivos desplegados en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, aseguró la institución militar, “velan por el cumplimiento de la ley y la observancia de los derechos humanos.”

Cabe destacar que los militares sentenciados a finales de octubre, y que formaban parte de dicho operativo nacional, hace cuatro años abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaba una familia entera, en la comunidad de La Joya de los Martínez, en Sinaloa.

“En ese lugar –señala la recomendación 2007-40 de la CNDH– elementos del Ejército Mexicano se encontraban acampando sobre la orilla de la carretera, al parecer ingiriendo bebidas alcohólicas, (cuando) dos integrantes del Instituto Armado (que) se encontraban en estado de embriaguez y, probablemente, bajo los efectos de alguna droga, hicieron fuego contra una camioneta en la cual se transportaban tres adultos y cinco menores.”

Como resultado de esta agresión, murieron tres niños (todos por disparo en la cabeza) y dos adultos, mientras que todos los sobrevivientes resultaron con lesiones graves, algunos con disparos en la cara, pulmones perforados o fracturas y quemaduras múltiples.

Además, en la misma recomendación 2007-40, la CNDH da cuenta de que, en el caso de la familia asesinada por militares en Sinaloa, luego de la agresión se cometieron los siguientes abusos:

– Los militares “mantuvieron a los heridos en el lugar de los hechos, por más de tres horas“. Lo que elevó de dos a cinco el número de fallecidos.

– Luego, “elementos del Ejército obstaculizaron el traslado de las personas heridas por arma de fuego, incluidas cuatro menores de edad, hacia una institución hospitalaria.

– Al iniciarse las investigaciones por el multihomicidio, “se advirtió una irregular integración de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público (que actuaba en apoyo del agente del Ministerio Público Militar) omitió solicitar diversas diligencias, como las pruebas de alcoholemia al personal militar involucrado, y se limitó a investigar exclusivamente las acciones en que incurrieron elementos del Ejército que efectuaron los disparon, y no sobre aquellos que dilataron y obstaculizaron el traslado de los lesionados”.

– El agente del Ministerio Público Militar no desempeñó su labor “con estricto apego a la normativa” e integró una “irregular averiguación previa“.

– Los militares agresores buscaron “inculpar a las personas agraviadas, pretendiendo alterar la verdad histórica“, no sólo alegando que los civiles les habían disparado (lo cual se comprobó que era mentira), prueba de lo cual es que el oficial al mando ordenó “colocar un costal de hierba verde, al parecer mariguana, en las inmediaciones donde quedó volcada la camioneta”.

– Además, “la Dirección de Justicia Militar de la Sedena se condujo con acciones dilatorias para el envío de la información solicidada respecto del esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos y, en algunos casos, negándola”.

– Por último, la Sedena no pagó por los daños causados al vehículo en que viajaba la familia ejecutada.

A pesar de todo ello, destacó la Sedena en su comunicado de ayer, “es importante mencionar que aquellos casos en que se cometen actos contrarios a la disciplina militar, los involucrados son puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Militar Competente, quien al encontrarlos probables responsables de los delitos que se les imputan, los consigna a su vez a los Tribunales de Justicia Militar.”

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EU “abre la puerta” para que 2,700 niños centroamericanos se reúnan con sus padres
El gobierno de Donald Trump llegó a un acuerdo para que se tramite la solicitud de 12 familias que habían postulado al programa Menores Centroamericanos antes de que este se cancelara en 2017.
14 de abril, 2019
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El gobierno de Donald Trump cerró este viernes en los tribunales un acuerdo que abre la puerta a que unos 2.700 menores que viven en Centroamérica se reúnan con sus padres en Estados Unidos.

Las autoridades saldaron así una denuncia interpuesta por 12 familias que habían postulado al programa gubernamental Menores Centroamericanos (Central American Minors), que fue cancelado en 2017. Este daba a niños de Honduras, El Salvador y Guatemala el derecho a reunirse con sus padres en EE.UU.

Muchos de los centroamericanos que se beneficiaban de él habían huido de sus países por conflictos y desastres naturales.

Los demandantes estaban representados por la organización de ayuda a inmigrantes CASA.

El mes pasado, el juez de una corte distrital en San Francisco dictó que las solicitudes hechas por estos padres fueran tramitadas pese a la cancelación del programa.

Escapar del peligro

Una de las madres afectadas, identificada en el caso como SA, ya había gastado miles de dólares en pasajes de avión cuando el programa se eliminó.

“Mi corazón salta y llora de alegría porque hay tanta gente que necesita escapar del peligro. Tengo fe de que pronto estaré junto a mi hija y mi nieto”, dijo.

El gobierno debe acabar de tramitar las solicitudes de menores que estaban en las últimas fases del proceso.

Linda Evarts, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, afirmó: “Estamos tan complacidos de que, después de muchos años separados, nuestros clientes vayan por fin a tener la oportunidad de volver a estar juntos de forma segura”.

Según el grupo, el gobierno prevé que a la mayoría de solicitantes se les permita viajar a EE.UU.

El mes pasado, Trump cortó las ayudas a Guatemala, El Salvador y Honduras para presionar a los gobiernos de estos países para que acaben con la emigración.

El número de solicitantes de asilo que huyen de la violencia en estas tres naciones ha aumentado mucho. La mayoría de inmigrantes en la frontera sur de EE.UU. proviene de uno de estos Estados.


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