La ley vigente para castigar la trata de personas en México deja en desamparo a las víctimas de este delito, de ahí que un grupo de mujeres activistas e integrantes de la Coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en ingles) exijan a los diputados federales la aprobación de una nueva legislación presentada el pasado 3 de agosto y que -para no perder su vigencia- tendría que ser aprobada antes del próximo 12 de enero.
Uno de los cambios de la nueva “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados” -que echaría abajo la que se aprobó en la pasada legislatura-, es que no sólo se castigaría a la trata como delito internacional, como actualmente ocurre, sino que lo haría a nivel estados, de ahí que su combate recaería en el ámbito local.
Además, pretende homologar las penas en todo el país, incorporando la figura de acumulación, lo que agravaría las sanciones de cometerse nuevos delitos durante el proceso. Aparte, busca castigar a quienes promuevan, soliciten, ofrezcan, faciliten, consignen, enganchen, trasladen, entreguen o reciban para sí o para otros, a una o varias personas con el fin de someterlas a explotación sexual.
Sin embargo, la nueva legislación se encuentra congelada por un grupo de diputados priístas, informó la directora regional de la Catwlac y ganadora del premio Gleitsman 2011 que otorga la Universidad de Harvard, Teresa Ulloa, que entrevistada por Animal Político denunció como los legisladores que integran la Comisión de Justicia están cambiando el espíritu y sentido de la ley, al modificar varios de los artículos aprobados en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Aquí la entrevista:
Existe desde agosto en la Cámara de Diputados una nueva propuesta de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados ¿por qué no se ha aprobado hasta el momento?
Lo que te puedo decir es que estuvimos colaborando en esta nueva legislación, como he hemos colaborado con muchos otros países de América Latina y el Caribe. Ya contábamos con la opinión favorable de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y con un dictamen, no muy bien hecho, de la Comisión de Derechos Humanos. Pero los integrantes de la Comisión de Justicia son los que están cambiando el espíritu de la ley.
¿Qué cambios hicieron?
Básicamente están incluyendo delitos innominados lo que va a permitir que no haya delitos en los códigos, sino en leyes especiales, por lo que será más fácil evadir la justicia y reclasificar los delitos.
Un ejemplo es el tema de la explotación sexual. Lo que está sucediendo es que a las autoridades les cuesta mucho trabajo probar este delito y sus ramificaciones, lo que ha provocado que este delito tenga que ser reclasificado por lenocinio que no es un delito grave. Ese tipo de cambios hicieron a pesar de que ya se había logrado que se castigara todo el proceso previo de la trata, como es el enganche, el transporte, el traslado y el cómo las inician. Es decir la explotación en todas sus modalidades, así como la esclavitud.
¿Qué dicen los diputados de la Comisión de Justicia por estos cambios?
No hemos podido dialogar con ellos. Nos sentaron con un asesor externo de la Comisión Justicia, pero hay un problema ético, porque esta persona es el abogado defensor de alguien que está sentenciado por trata de personas.
¿Cómo se llama ese abogado-asesor?
Samuel González.
¿Y qué argumento ofrece el abogado-asesor de la Comisión de Justicia?
Ninguno.
Lo que nos llama la atención es que la ley anterior (la que se aprobó en la pasada legislatura) fue votada por unanimidad por el Senado de la República y después, cuando le llego al priísta César Camacho Quiroz (ex presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados), la cambiaron toda. Hicieron una ley que no sirve. Que ha tenido 4 sentencias desde el 2007.
Hoy nuevamente vemos al mismo grupo político que está detrás de estas decisiones: El PRI. No entendemos a qué intereses representan o a quién intentan proteger.
Usted señala que la Ley que se aprobó en la pasada legislatura no sirve ¿Cuáles son las fallas que ha detectado?
Se trata de una ley que sólo persigue la trata internacional. Eso abrió la puerta para que se hicieran todo tipo de modificaciones en los estados, lo que provoco un desorden legislativo tremendo. Hay distintas penas y distintos bienes jurídicos tutelados.
Una prueba de ello es lo que paso con el caso conocido como El Lobo Siberiano, que es el sacerdote de Xalapa, Veracruz, Rafael Muñiz López, integrante de un circulo donde se intercambiaban videos de pornografía infantil, inclusive de violaciones a recién nacidos. Quien descubre esa red es la Procuraduría del DF, lo detienen, lo traen a juzgar acá y acaba ganando el amparo porque el bien jurídico tutelado de pornografía infantil en Veracruz es la moral pública, no los derechos de la niñez. Entonces lo ponen en libertad aduciendo que distribuían el material en una red cerrada y eso no atentaba contra la moral pública.
¿Qué les pediría a los diputados que han cambiado el sentido de la nueva ley?
Que queremos una ley efectiva. Que permita la persecución de los delincuentes y los delitos. Junto con programas educativos. Queremos que el centro de la ley sea la protección de las víctimas y las posibles víctimas, ya de por sí el sistema penal es revictimizante.
Pedimos una ley integral, holística, pero obviamente hay muchos intereses metidos que están impidiendo que la ley avance y que avance con esta visión.
