¿El gobierno contó bien a los muertos? Lo sabremos en 12 años
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¿El gobierno contó bien a los muertos? Lo sabremos en 12 años

Los documentos en los que se sustentan las cifras oficiales se abrirán al menos hasta el 2023.
Por Daniel Lizárraga
24 de enero, 2012
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Operativo contra el narco en Veracruz.//FOTO: Cuartoscuro

El gobierno de Felipe Calderón finalmente abrió la mayor parte de la información sobre los muertos en la guerra contra el narcotráfico en el año 2011. Sin embargo, si ha sumando bien o, por el contrario, ocultó información y se cometieron errores, no podrá saberse antes del año 2023.

Para entonces, el presidente Felipe Calderón tendrá más de una década de haber dejado Los Pinos e incluso su sucesor también habrá entregado el poder. De hecho, los niños que nacieron en el 2006 –cuando inició esa guerra- tendrán alrededor de 17 años de edad.

Los documentos en los cuales han sustentado las cifras oficiales están reservados,  al menos por los próximos 12 años. Abrirlos antes de ese momento sería  no sólo “poner en riesgo la estrategia contra los cárteles”, sino también poner en duda ante la opinión pública la cifra de muertos oficial reconocida hasta el momento -47 mil 515 – toda vez que ésta “puede ser susceptible de cambios”, según la Procuraduría General de la República (PGR).

Además de lo anterior, también se rompería la secrecía sobre los datos personales de los muertos.

La PGR, a través del Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI)  –instancia encargada de manejar las cifras-, tomó esta decisión ante una solicitud tramitada por un ciudadano, quien pidió los documentos utilizados para alimentar lo que, oficialmente se ha conocido como “base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”, según consta en el expediente 862/11 elaborado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

Quien hizo la solicitud –cuyo nombre está protegido por tratarse de un dato personal– intentó valorar por su propia mano si el gobierno hizo adecuadamente su trabajo al contabilizar el número de muertos.

El trámite inició en febrero de 2011, cuando ya estaba disponible en el portal de internet de la Presidencia de la República la base de datos correspondiente al periodo que va de diciembre del 2006 a diciembre del 2010. Hasta ese momento, la cifra oficial indicó que ya eran 34 mil 612 homicidios.

El pasado 11 de enero, la PGR reconoció que hubo 12 mil 903 muertos más entre los meses de enero-septiembre del 2011, luego que Animal Político reveló una maniobra del gobierno calderonista para mantener en secreto esta cifra escudándose en una clasificación de los archivos por seguridad nacional, a contrapié de lo que hizo el año anterior.

Los muertos en la guerra contra el narcotráfico se elevaron a 47 mil 515 reconocidos oficialmente. Esa cantidad bastaría para superar la capacidad de los estadios de futbol de primera división construidos, precisamente, en algunas de las ciudades más violentas. Por ejemplo, el estadio de futbol de los Santos, en Torreón, tiene alrededor de 30 mil asientos disponibles;  el Caliente de Tijuana cuenta con una capacidad para unas 33 mil 340 personas y el Universitario de Nuevo León, conocido como “El Volcán”, cuenta con espacio para 45 mil aficionados.

No obstante, la cifra oficial de muertos de 2011 es más alta que la reportada por  tres diarios editados en la Ciudad de México.

Milenio: 12 mil 284  y  PGR: 12 mil 903 (diferencia de +619)

Reforma: 12 mil 359 y  PGR: 12 mil 903 (diferencia de +544)

La Jornada: 11 mil 890 y PGR: 12 mil 903 (diferencia de + 1,013)

¿Por qué están reservados los documentos generados en el gobierno para contabilizar los muertos? En un audiencia celebrada en el IFAI, la PGR tuvo que exponer sus razones –hasta ahora desconocidas públicamente- ante la comisionada María Marván (ahora  consejera del Instituto Federal Electoral, IFE). Entre ellas, destacan las siguientes:

Difundir esa información podría menoscabar o dificultar las estrategias contra la delincuencia organizada en el ámbito de la seguridad pública.

Hay datos personales de los muertos que no pueden revelarse.

Repercutiría en el resguardo de los criterios utilizados para el manejo de información así como de interpretación de la misma.

La información puede ser mal empleada y poner en riesgo las actividades del CENAPI con el fin de diseñar las estrategias contra el narcotráfico

-Los análisis generados por el CENAPI generan informes de inteligencia utilizados para combatir al crimen desorganizado.

En el 2009 se creó el Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención a la Delincuencia Organizada (CANDADO) integrado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El CENAP –organismo de la PGR- es el encargado de manejar los datos suministrados por el gabinete de seguridad y, posteriormente conformar las bases de datos sobre muertos en la guerra contra el narcotráfico que se ha hecho públicas a través de la Presidencia.

Cada secretaría aportó la información recogida en sus despliegues dentro del país sobre enfrentamientos, agresiones y  asesinados, en general. En formatos especiales –los cuales no se conocen hasta hora- envió los datos a los encargados, precisamente, del CENAPI.

Una vez llegados ahí, se verificó que la información no tuviera lagunas, ni casos dudosos  y tampoco cifras duplicadas. Pasado ese filtro, los datos son enviados nuevamente a las secretarías integrantes del grupo CANDADO para corroborarse.

El intercambio de información se hace diariamente. Los datos se verifican cada viernes. Las cifras finales sólo pueden darse a conocer hasta que han superado estos pasos. En este momento, el gobierno ha hecho públicas dos bases de datos:

Diciembre del 2006 a diciembre del 2010

Enero-septiembre del 2011.

Aun cuando ya están disponibles en internet, la PGR ha decidido que la materia prima con la que trabajaron; es decir, los formatos llenados por los miembros del grupo CANDADO están reservados por 12 años.

“El dato de un momento de tiempo nunca es definitivo, siempre es posible incluir casos que antes no se habían considerado, o, por el contrario, casos que originalmente figuraban en los registros que, con el paso del tiempo,  se sabe que no corresponden al universo que se busca registrar con esta herramienta”, aseguró la misma PGR en su comparecencia ante el IFAI.

¿Por qué aun cuando son datos colocados en internet hay secrecía?  ¿Se reservan los formatos del grupo CANADO porque la cifra de muertos que han hecho pública puede cambiar en cualquier momento? ¿Cambiaría sustancialmente?”, estas son tres de las preguntas que  Animal Político intentó hacer a  la PGR. No obstante, optaron por no responder.

De hecho, el IFAI –por decisión unánime de sus comisionados- confirmó a la reserva de 12 años sobre estos documentos, respaldando cada uno de los argumentos esgrimidos por la PGR, entre ellos éste último en el sentido de que las cifras pueden modificarse aun cuando sean ya del dominio público.

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Reuters

El inédito rol del ejército y la marina en el gobierno de AMLO (más allá de la seguridad pública)

El Ejército y la Marina han tomado el mando de grandes proyectos que en el pasado eran manejados en la esfera civil en México.
Reuters
1 de diciembre, 2020
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Al asumir uno de los gobiernos con más respaldo popular de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se topó con una realidad que chocó con sus ideales de campaña: no es fácil hacer que las fuerzas armadas vuelvan a sus cuarteles.

Bajo su mandato, que cumple dos años este 1 de diciembre, el país ha seguido acumulando números record de homicidios por la violencia de las bandas criminales. Y en las últimas dos décadas las policías civiles no han podido ser depuradas.

Así que su plan de sacar de las calles a las fuerzas armadas en los primeros seis meses de gobierno, como prometía en campaña, no se pudo materializar.

De hecho, el presidente ha puesto en marcha un plan totalmente opuesto.

AMLO, como se conoce al político de 67 años, ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales.

Por otro lado, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace las funciones administrativas.

Nuevos roles en los que las fuerzas militares tienen un rol activo que contrasta notablemente con la discreta presencia que mantuvieron durante casi todo el siglo XX, cuando se limitaban a brindar apoyo social en casos de emergencia.

Maquinaria de construcción militar

Getty Images
El Ejército está al mando de obras civiles prioritarias, como el nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”, señala a BBC Mundo el analista de seguridad Edgardo Buscaglia.

“Hoy de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, indica el también investigador de la Universidad de Columbia (EE.UU.).

La presencia activa de las fuerzas armadas en tareas por fuera de la seguridad pública se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en foros que no han pasado desapercibidos por los jefes militares.

“El instituto armando jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, se defendió el propio jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Atrás ha quedado la pública desconfianza que tenía AMLO por las actividades militares en el país que incluso lo llevaron a demandar investigaciones judiciales contra las fuerzas armadas.

“Como candidato, no ha habido uno que haya estado más alejado de las fuerzas armadas que López Obrador”, explica a BBC Mundo el analista del sector militar mexicano Juan Ibarrola.

Por el contrario, ya en el gobierno AMLO está depositando toda su confianza en ellos.

López Obrador y Luis Sandoval

Reuters
AMLO delegó la elección de su jefe de la Defensa casi hasta que asumió el gobierno en 2018.

“Tenía que ser así. La relación siempre existe entre un presidente y sus fuerzas armadas. No puede estar sin esa fortaleza”, apunta Ibarrola.

Ejército constructor, Marina administradora

Al llegar al gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador promovió nuevas leyes para legalizar los patrullajes militares en las calles.

Desapareció la Policía Federal y formó laGuardia Nacional, una nueva corporación con disciplina castrense que el Congreso aprobó para tener un mando civil, pero que de facto está dirigida por militares.

Eso contrasta con lo que decía en 2011, cuando era candidato presidencial y se ponía como meta desmovilizar a las fuerzas armadas en seis meses: “Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles”, decía.

“El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército”, afirmaba.

militares méxico

BBC
La Guardia Nacional se integra por policías militares y navales.

En contaste, desde que asumió el gobierno, dos de sus proyectos insignia han recaído en la ingeniería militar.

Uno es la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (nombrado en honor a un general). El otro es una tramo del Tren Maya, una ambiciosa red ferroviaria de pasajeros en el sureste del país.

La Sedena también tiene en su encargo la construcción 1.600 sucursales del Banco del Bienestar del gobierno, así como 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

Por su parte, a la Secretaría de Marina le ordenaron tomar el control administrativo de los puertos mercantes, lo cual motivó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez.

Militares

AFP
El Ejército construirá la nueva terminal aérea de México, una tarea inédita para los militares en el país.

“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil”, dijo el entonces funcionario del gabinete de AMLO.

El creciente rol militar

El investigador Edgardo Buscaglia sostiene que los nuevos roles militares en el gobierno mexicano son producto de una “compensación” a las fuerzas armadas, por su desgaste social en las tareas de seguridad.

“El rol del ejército ahora es mucho más activo e improvisado. El ejército exige mejorar su imagen ante la población civil, exige un presupuesto más grande, y exige irse de las tareas de seguridad civil. Pero como no hay ninguna otra institución funcional en México, se tiene que ocupar de la seguridad. Y como forma de compensar eso que no quiere hacer, el presidente le da proyectos aquí y allá”, añade.

Militares supervisando una obra de construcción

Getty Images
La Sedena realiza la operación de ingeniería y contratación de personal del aeropuerto “Felipe Ángeles”.

BBC Mundo solicitó a la Presidencia de México una entrevista, pero no hubo respuesta oportuna.

Sin embargo el tema ha resonado en los mandos militares, con el propio jefe de la Defensa señalando públicamente el porqué de las tareas militares en proyectos civiles del gobierno de AMLO.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. Nuestra lealtad institucional es a toda prueba”, dijo el general Sandoval el pasado 20 de noviembre al asegurar que el Ejército no “ningún poder”.

“Nos subordinamos por ley y por la decisión democrática del pueblo de México. Pero sobre todo por convicción. Con esa subordinación al poder civil, cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios para el desarrollo del país, sin que eso signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser“, justificó.

General Sandoval

Gobierno de México
Sandoval aseguró que las nuevas tareas del Ejército no implican una desatención de otras labores, como la seguridad.

Citó la ley para las fuerzas armadas, la cual tiene como cuarta misión para los militares “Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”.

A su vez, el almirante Rafael Ojeda dijo que en el pasado ha habido almirantes al frente de puertos mercantiles como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales del Pacífico, que han aumentado la recaudación.

“Simple y sencillamente por dos razones: una, porque el personal es honesto, hace las cosas bien. Y la otra, porque al ser un militar que tiene un apoyo para la seguridad integral del puerto, lógico es que se evita que existan malos manejos”, afirmó en julio pasado.

Marinos mexicanos en el puerto de Veracruz

Getty Images
La Marina ahora no solo vigila los puertos, también hace la administración civil.

Según el analista Juan Ibarrola, la ingeniería de construcción no ha sido ajena a los militares, solo poco conocida. La edificación de hospitales, escuelas, carreteras y puentes han sido parte de sus tareas, advierte.

“Los soldados no están haciendo la función de albañiles. El desarrollo del proyecto está en manos de ingenieros militares. Son los ingenieros y arquitectos responsables de la obra, pero todo el personal de mano de obra es personal civil”, explica.

Ya que la Sedena no busca tener una utilidad económica, dice Ibarrola, eso reduce costos y tiempos.

Como la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” prometido para 2021: “es una orden, se entrega en tiempo en que se compromete a hacerlo”.

¿Hay riesgos en la militarización de tareas civiles?

Al considerar que en México está en marcha una “latinoamericanización” de sus fuerzas armadas, Edgardo Buscaglia señala que las fuerzas armadas están transitando hacia el estilo influyente en el gobierno civil que había en países de Sudamérica en la segunda mitad del siglo XX.

“El ejército ha quedado parado como un actor político de demanda ante autoridades civiles de igual a igual. Es una situación muy grave (…) está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”, dice.

Personal militar en camiones de construcción

Getty Images
En las fotos promocionales de las obras, los militares aparecen en la primera línea de construcción, pese a que no es su función principal.

A medida que hay un desgaste a un ejército por las tareas de seguridad pública, los presidentes y las autoridades civiles tienen que compensarlos y “dar cotos de caza empresariales”, considera.

“El ejército termina de gozando de mayores presupuestos y este tipo de rol la experiencia internacional te dice que conlleva más casos de corrupción. Como en Egipto y Venezuela hoy, o como en el pasado hubo en otros países de Latinoamérica”, añade.

El riesgo es mayor en los puertos, donde se realiza el manejo administrativo de mercancías. Pero AMLO ha dicho que el objetivo es el contrario, “combatir la corrupción”.

“No es un asunto solo de capacidad, de profesionalismo. Es un asunto fundamentalmente de honestidad. Ni modo de que sea tan complicado saber la importancia que tiene el comercio exterior y cómo recaudar los impuestos”, dijo en julio pasado.

Un barco mercante en Lázaro Cárdenas

Getty Images
La exposición a proyectos no tan cercanos a su razón de ser, como la administración portuaria, puede generar corrupción, según Buscaglia.

El analista Juan Ibarrola también reconoce que las fuerzas armadas se exponen a casos de corrupción al ocuparse de proyectos civiles, como en la construcción de obras. Pero considera que los militares lo piensan dos veces antes de caer en esas situaciones.

“Los militares se atienen a dos leyes: a la ley de justicia militar y a la ley civil. Un militar que comete un delito lo juzgan doble”, apunta.

“No es que sean incorruptibles. Son seres humanos y en algunos casos ha habido corrupción. Sin embargo el riesgo se reduce significativamente por ser juzgado dos leyes. Pierden todo”.


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