Gobierno de Guerrero acatará recomendaciones de la CNDH
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Gobierno de Guerrero acatará recomendaciones de la CNDH

En un informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que se realizaron acciones y omisiones por lo que el lugar de los hechos fue contaminado, así como incongruencias en el sentido de lo declarado por el vocero de la Policía Federal.
9 de enero, 2012
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El gobierno de Guerrero afirmó que acatará y cumplirá, en todos sus términos y sin reservas, el informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y advirtió que separará de sus cargos a los funcionarios responsables.

En el informe preliminar emitido por la CNDH se da a conocer que hubo responsabilidad de los policías estatales, algunos de ellos ya sujetos a investigación por parte del gobierno del estado.

Lo anterior en torno del enfrentamiento con estudiantes de la escuela normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrido el 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol, cuando bloqueaban la vía federal de cuota, con un saldo de dos alumnos muertos.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el gobierno del estado dio a conocer que en congruencia con la imparcialidad “asume el compromiso a cabalidad de acatar y cumplir con lo resuelto por la CNDH”.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo en el boletín que no tolerará a ningún funcionario público que tenga responsabilidad en la violación de garantías individuales.

Afirmó que como consecuencia de los señalamientos contenidos en el informe preliminar de la CNDH, separará de su cargo en principio y de inmediato a los servidores públicos que hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley.

También, afirmó que pondrá a disposición de las autoridades correspondientes a quienes por sus conductas provocaron la violación de garantías constitucionales contra estudiantes de Ayotzinapa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este medio día un informe preliminar sobre lo ocurrido el 12 de diciembre cuando fallecieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa durante una violenta protesta el 12 de diciembre en la Autopista del Sol.

Sin embargo, el Comité de Prensa y Propaganda de los normalistas de Ayotzinapa señaló que el informe de la CNDH es un “poco neutro“, porque no se han emitido resoluciones ni recomendaciones a las policías que participaron.

En entrevista con El Universal, Eduardo Meza,  integrante del Comité de Prensa y Propaganda de los normalistas de Ayotzinapa,  pidió a la CNDH que continué con las investigaciones y se emita resoluciones inmediatas.

Por otra parte, el exprocurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, indicó que el informe se alejó de la realidad, pues contiene contradicciones y está basado en supuestos.

“Me parece que no se está apegando a la realidad histórica (el informe) y yo sin obstinación ni meter las manos al fuego, simplemente puedo decir que es un informe que se basa en supuestos”, señaló el exprocurador.

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, dio a conocer que, según testigos, los elementos estatales que se encontraban en el lugar portaban armas largas y estaban vestidos de civil, en su mayoría con playeras blancas sin insignias oficiales que los identificaran.

Asimismo, refirió que cerca de las 12:00 horas se registró la llegada de policías ministeriales, mientras que a las 12:23 horas se prolongaron los disparos por 6 minutos más mientras elementos policíacos perseguían a los estudiantes.

Hacia las 12:32 horas varias personas habían sido detenidas y varios estudiantes notaron los cuerpos de dos de sus compañeros tendidos en la carretera, así como que algunas personas eran perseguidas y acechadas hasta lotes baldíos en las faldas de un cerro, donde fueron sometidos de manera violenta.

El ombudsman manifestó que los detenidos fueron sometidos a violencia física y tratos crueles, “los golpearon, durante su traslado y su permanencia, los agredieron física y verbalmente”, manifestó.

En consecuencia, informó Plascencia, la CNDH conformó un equipo multidisciplinario de 21 visitadores, integrado por 15 abogados, 2 médicos, 2 psicólogos y 2 peritos, quienes han realizado acciones en Chilpancingo, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Tixtla, así como en la Ciudad de México.

El presidente de la CNDH señaló que para levantar el informe se visitaron los lugares donde ocurrieron los hechos, hospitales, ministerios públicos, entre otros lugares, con lo que logró integrarse un expediente de 6 mil 848 fojas, pero que éste continúa en trámite.

El expediente está integrado, entre otros, por 49 entrevistas, 49 inspecciones oculares, 29 certificaciones médicas, 380 notas periodísticas, una averiguación previa, un expediente de queja de los derechos humanos del estado de Guerrero y 12 informes de autoridades.

Sobre los obstáculos con los que se encontró la CNDH, Raúl Plascencia refirió que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no atendió con la debida diligencia los requerimientos, ni en tiempo ni forma y que sólo entregó cierta información que no satisfizo lo requerido.

Asimismo, señaló que se realizaron acciones y omisiones por lo que el lugar de los hechos fue contaminado, así como incongruencias en el sentido de lo declarado por el vocero de la Policía Federal, en el sentido de que la PF no había llegado en primera instancia al lugar de los hechos, y que sólo estaban a distancia, “lo cual tampoco concuerda con la realidad, ya que, de acuerdo al análisis hecho por la CND, se desprende que los policías federales fueron de los primeros en llegar al lugar de los hechos.”

El ombudsman señaló que hay evidencias a violaciones graves a los derechos humanos, a la vida, al trato digno y a la seguridad jurídica, al hacer uso indebido de armas de fuego en una manifestación pública.

Raúl Plascencia señaló que las pruebas recabadas por el organismo que encabeza permiten demostrar que intervinieron funcionarios tanto federales como estatales y municipales, así como que participaron 175 policías, de los cuales 67 portaban armas de fuego.

Raúl Plascencia señaló que las pruebas recabadas por el organismo que encabeza permiten demostrar que intervinieron funcionarios tanto federales como estatales y municipales, así como que participaron 175 policías, de los cuales 67 portaban armas de fuego.

Se les responsabiliza de privación de la vida a dos estudiantes por proyectil único de arma de fuego: “Existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente  a oriente, precisamente desde el lugar donde se encontraban miembros de la policía ministerial y estatal preventiva”, dijo Plascencia.

Asimismo señaló que en el caso del trabajador de la gasolinera Gonzalo Miguel Rivas Cámara, sus heridas se consideran mortales por naturaleza y contribuyen en forma directa sobre su causa de muerte.

Otra de las imputaciones es por tortura; la CNDH observó discrepancias entre lo manifestado por la autoridad y uno de los detenidos, al cual se le imputaron los disparos realizados con un “cuerno de chivo”, quien presentó signos de tortura y “cuyas evidencias que pretendía atribuirle su culpabilidad no corresponden a la realidad.”

Plascencia también enfatizó que en ningún momento hubo auxilio a las personas heridas por parte de alguna autoridad y que los manifestantes no portaban arma de fuego alguna.

El presidente de la CNDH concluyó que deberán deslindarse las responsabilidades penales, civiles y administrativas y que turnarán las evidencia a la Procuraduría General de la República para que lleven al cabo “los efectos legales pertinentes y deslindar responsabilidades.”

En entrevista posterior con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, Plascencia dio a conocer que el informe completo se tendrá en aproximadamente 2 meses.

Esta mañana, El Universal  adelantó que la Policía Federal hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se estaban manifestando. Después de escuchar las detonaciones, los cerca de 300 jóvenes corrieron para todos lados. Durante 25 minutos, policías ministeriales de Guerrero y federales dispararon contra los estudiantes de manera indiscriminada. Resultado: dos ejecuciones extrajudiciales, tres heridos de bala, 24 detenciones arbitrarias, un estudiante torturado y al menos 15 víctimas de tratos, crueles inhumanos y degradantes.

Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera murieron durante la represión a alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que bloqueaban la Caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.

Aquí el informe íntegro:

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Nayib Bukele anuncia que aspirará a la reelección en El Salvador (aunque expertos dicen que lo prohíbe la Constitución)

El mandatario, que ganó las elecciones en 2019, hizo el anuncio en medio de señalamientos de que no cumpliría con la norma constitucional. Bukele se apoya en una resolución de la Corte Suprema de Justicia del año pasado para hacerlo.
16 de septiembre, 2022
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, a pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución.

“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.

Bukele, de 40 años, se convirtió en presidente de El Salvador en 2019.

Según señalan varios especialistas, la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente.

Sin embargo, en mayo de 2021, con la colaboración del Congreso -donde el partido de Bukele tiene la mayoría- el mandatario expulsó a cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país.

Unos meses después, dicha Sala, con mayoría de jueces aliados al mandatario, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata.

En aquel fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

“Si se registra como candidato, se consumará un burdo fraude electoral”, señaló a través de Twitter el constitucionalista salvadoreño José Marinero.

“Sin frenos al poder político, el anuncio de la reelección es realmente una declaración: ‘Voy a permanecer en el poder porque quiero y porque puedo'”, agregó el analista.

Bukele, quien antes fue alcalde de la capital, San Salvador, ha sido duramente criticado por sus posturas que muchos consideran radicales, aunque él señala que goza del apoyo del pueblo basándose en encuestas como la de Cid Gallup, donde registra un 91% de popularidad.

Sin embargo, distintos gobiernos, entre ellos el de EE.UU., han criticado las medidas que ha tomado Bukele para obtener más poder dentro del país.

El año anterior, cuando intervino en la estructura judicial de El Salvador, el asesor de la Casa Blanca para asuntos occidentales, Juan González, comparó al presidente salvadoreño con el desaparecido líder venezolano Hugo Chávez.

“Al observar muchas de las acciones de Nayib Bukele, yo creo que están llevando a ese país en una dirección mucho más autoritaria que la que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez, y eso es preocupante”.

Qué dicen la Constitución y la nueva Corte Suprema

De acuerdo con Marinero, la constitución de El Salvador tiene al menos seis artículos donde queda explícita la prohibición de la reelección inmediata.

El más claro es el 154, que dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Los expertos también citan artículos como el 248, donde expresamente se prohíben enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder.

Marcha con afiche sobre Nayib Bukele

Getty Images
Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador.

“No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, se puede leer en este apartado.

“Estas normas son una protección que busca evitar que los presidentes permanezcan en el poder más de un período o que esto derive en una dictadura”, le dijo Marinero al diario El Salvador.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de expertos, los cinco nuevos magistrados ubicados en la sala constitucional emitieron en septiembre de 2021 una orden en la que permitían la reelección inmediata.

“Atar la voluntad del pueblo a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años ya no es una interpretación de derechos, sino una restricción excesiva disfrazada de seguridad jurídica”, señaló la Corte en su resolución.

Este cuerpo judicial también permitió, en marzo pasado, la imposición de un estado de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales y resultó en miles de arrestos en respuesta a un aumento en los asesinatos de pandillas.

“Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional, pero son precisamente esas decisiones las que finalmente nos han permitido seguridad; son esas decisiones que finalmente nos permitieron la paz”, dijo Bukele durante su alocución de este jueves para explicar las razones detrás de su nueva candidatura.


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