Los estados también ocultan cifras sobre muertos por el narcotráfico
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Los estados también ocultan cifras sobre muertos por el narcotráfico

Sólo los gobiernos de Puebla y del DF entregaron, en octubre, información sobre el número de muertos relacionados con el narcotráfico o vinculados al crimen organizado; en contra parte, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo y Yucatán no entregaron información.
Por Daniel Lizárraga
9 de enero, 2012
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Elementos del Semefo analizan dos cuerpos encontrados en Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

El pasado 10 de junio, los gobernadores se comprometieron a entregar toda la información que tuvieran a su disposición para conformar una cifra más precisa –desde su perspectiva- sobre el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico. El trabajo comenzaría con los años 2010 y 2011. Cuatro meses más tarde, este acuerdo tuvo que posponerse toda vez que no se registraron avances sustanciales, de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El acuerdo fue signado en la XXV asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más que tener una cifra real sobre cada homicidio, la intención fue que los datos estuvieran mejor sustentados ya que serían acompañados de averiguaciones previas así como la situación ministerial –investigaciones abierta, bajo reserva o consignadas-  de cada una de ellos y, en su caso, de los respectivos procesos judiciales.

Según los datos públicos consultados por Animal Político, los gobiernos locales pretendieron darle celeridad a este proyecto al grado de que, incluso, se comprometieron a poner a disposición del Gobierno Federal la información que ya tuvieran lista respecto al año 2011 para el siguiente 15 de junio; es decir, apenas cinco días después de esa reunión.

Cuatro meses más tarde, para los últimos días de octubre,  sólo se tuvo un avance del 40%. De hecho, sólo los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México fueron los únicos que entregaron el número de muertos relacionados con el narcotráfico o vinculados al crimen organizado con número de averiguación previa, situación ministerial y proceso judicial.

En este sentido, un grupo de estados entre los que se encuentran Sonora, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo y Yucatán se encuentran justo al otro extremo: no entregaron información.

La mayoría de los gobiernos locales entregaron registros sobre el número de muertos con número de averiguación previa pero sin una puntualización sobre cuál era su situación ministerial y el respectivo proceso judicial.

En este grupo se ubicaron: Baja California, Coahuila, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El último grupo lo conformaron los estados que contabilizaron a los muertos con número de averiguación previa y situación ministerial pero sin proceso judicial. En éste aparecieron:  Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas,  Colima, Michoacán, Chiapas y Campeche.

La situación respecto al 2010 fue del todo prometedora.  Según el compromiso de los gobernadores la información respecto a ese año debió estar lista, al ciento por ciento, en el transcurso de los primeros cinco días de octubre siguiente. No obstante los huecos nunca se pudieron llenar.

De acuerdo con la misma información del Sistema Nacional de Seguridad Pública  el avance fue del  24%

Respecto de ese año 2010, sólo Sinaloa y la Ciudad de México cumplieron con entregar la cifra sobre número de muertos acompañada de averiguaciones previas, situación ministerial y proceso judicial. A los restantes, les hizo falta llegar alguno de esos rubros o, en el caso extremo no entregaron datos.

Algunas entidades como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala,  Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintan Roo no entregaron un sola de esas tres categorías.

El resto de los estados incumplieron ya fuera en no contar con proceso judicial o, en su defecto de sólo tener registros mediante averiguaciones previas pero sin seguimiento alguno de las mismas.

El 31 de octubre del año 2001 se efectuó la XXXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional. Ahí el entonces secretario técnico, Juan Miguel Alcántara reveló que a pesar del acuerdo con los gobiernos estatales la base de datos sobre muertos en la guerra contra el narcotráfico tenía un avance del 40% respecto al año 2011 y de apenas 24% respecto al año 2010 por lo que solicitó que se ampliara el plazo.

Los gobernadores ahí reunidos estuvieron de acuerdo, por unanimidad.

Aunado a estos retrasos, Animal Político reveló la semana pasada que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió ocultar los datos respecto al año 2011 al clasificarlos por razones de seguridad nacional, al menos lo que se tenían hasta entonces.

Alrededor de 24 horas más tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificó esos datos mediante un comunicado de prensa –hasta el momento no existe evidencia de que además haya hecho el papeleo oficial correspondiente- y dijo que sí darían a conocer dicha cifra de muertos durante el año 2012.

En respuesta, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) advirtió que esa base de datos debe entregarse ya.

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Primeros resultados en Chile muestran amplia ventaja para rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución

En una votación obligatoria los chilenos decidieron este domingo si aprueban o rechazan el texto propuesto para nueva Constitución.
4 de septiembre, 2022
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Los primeros resultados del plebiscito de este domingo en Chile por el texto para una nueva Constitución muestran una amplia ventaja para el “rechazo” sobre el “apruebo”.

Con el 23% de las mesas escrutadas, el “rechazo” tiene casi un 63% de votos por el 37% del “apruebo”.

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile celebró este domingo la última de las tres votaciones del proceso de cambio constitucional que se presentó como solución para resolver las tensiones desatadas hace tres años.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir a los miembros de la Convención para escribirla (en 2021), el país decidió finalmente a través de un plebiscito obligatorio si aprueba o rechaza la Carta Magna propuesta.

El resultado de la Convención, compuesta de forma paritaria por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

Conforme fue trabajando la Convención y tras conocerse el texto propuesto se agudizó la división en el país, que votó por una abrumadora mayoría de casi el 80% por cambiar la Constitución de 1980, solución que nació como respuesta al estallido social de 2019.

La coalición de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric propuso cambios incluso si la Constitución se aprueba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del “rechazo” ante ciertas propuestas del texto que ven como “radicales”.

Si ganara la opción “apruebo”, la flamante Carta Magna empezaría a regir en el acto, y a medida que se crearan los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

El gobierno y el Congreso trabajarían de inmediato en acuerdos para ciertas modificaciones.

Si ganara el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguiría vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo. Se espera en ese caso que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

 


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