Los golpes contra la infancia mexicana
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Los golpes contra la infancia mexicana

Por Patricia Guillén
7 de enero, 2012
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Ni las leyes y reformas en pro de los derechos de la infancia han acabado con las situaciones en contra de las garantías de la niñez. Es más fácil criminalizar a las niñas y niños, que garantizarles justicia cuando han sufrido violencia.

En 2005 más de 47 mil adolescentes fueron puestos en instituciones de función jurisdiccional por haber entrado en conflicto con la ley; y en el mismo año, 3 mil 722 adolescentes de 16 a 17 años fueron procesados por algún delito del fuero común, de los cuales 3 mil 311 recibieron sentencias, señaló el Coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez.

Para el 2009 el sistema judicial del país dejó de reportar información sobre las y los adolescentes de 16 y 17 años en conflicto con la ley.
En cambio, en el mundo 300 millones de niños y niñas son víctimas cada año de violencia, el abandono, la explotación y el abuso, incluso de las formas más perniciosas del trabajo infantil, utilizados durante los conflictos armados y así como a prácticas lesivas; la mutilación genital femenina, excisión y el matrimonio precoz, según informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En particular en 2010 el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) comprobó 18 mil casos de maltrato infantil, de los cuales sólo 18% fueron presentados al Ministerio Público

El porcentaje de los menores agredidos varía de acuerdo al grupo de edad al que pertenece, durante este período el 19% eran menores de tres años, el 12% de 3-5 años y el grupo que recibió mayores maltratos es de 6 a 12 años con 40%.

De los maltratos más violentos y frecuentes el 86% son cometidos dentro de los hogares por sus progenitores, un 16% son golpeados en las escuelas y establecimientos penitenciarios, y 4% se debe a que abusan de su cuerpo tanto en la familia como en la escuela. Más del 50 por ciento de los adultos, mujeres y hombres, el maltrato contra los menores de edad es visto como forma de educación y disciplina.

La violencia es aplicada en todos los entornos socioeconómicos, aunque los niños y niñas de familias más pobres son los más propensos a sufrir mayores castigos que de familias más ricas.

Como es el caso una pequeña de dos años de edad, víctima de su padrastro quien a través de insultos, cachetadas, nalgadas y tirones de cabello cada vez que llora cuando requiere de alguna atención es la manera de ser educada según el señor.

El Padrastro golpeador de Iztapalapa

El hogar del señor Juan José Arreola dejó de ser aquel espacio que debiera brindar protección, afecto y resguardo, para él educar a su hijastra de forma agresiva a base de gritos y ofensas es la manera de demostrar su amor. Durante los dos años de vida de la pequeña no ha tenido auxilio ni de su madre, a quien lo único que le importa es atender y preservar a su segundo marido.

La familia vive en la colonia Constitución en la Delegación Iztapalapa en México, D.F. el señor tiene 28 años de edad y trabaja en una pollería, su mujer tiene 25 de oficio ama de casa. Según algunos vecinos y conocidos de la pareja la violencia física y verbal por parte de Juan José hacia la niña y tolerado por la progenitora de la menor es constante.

Gritos y frases que ni siquiera la pequeña entiende: ¡Cállate pinche escuintla!, ¡ya me tienes harto! ¡Cierra tu maldito ocico!, pensamientos como: “Los hijos deben obedecer a los padres y si no lo hacen se les castiga! Entre otro tipo de ofensas, agravios, insultos y sonidos como si fueran chanclazos es lo que oyen los vecinos salir de esa vivienda.

Según algunos amigos, conocidos y familiares de la pareja que prefieren mantener el anonimato, y que se han percatado de los acontecimientos, dicen que han hablado con la mamá de la niña afectada para buscar la forma de proporcionarle algún tipo de apoyo pero que ella se niega a presentar cargos en contra de su pareja.

Platican que en varias ocasiones han visto al señor dándole de zarandeadas, cachetadas y puñetazos en el rostro de la niña hasta dejarla con los labios reventados y sangrando. Y la mujer siempre justifica los golpes que le arremeten a su hija, escusas y pretextos “él va a cambiar”, “como viene cansado del trabajo solo quiere descansar y no quiere ruidos”, “él busca una buena educación para la niña”.

“La madre no protege a su hija, ni hace nada para calmar a su marido cuando ataca a la niña, le decimos que golpear a alguien con o sin justificación no es válido, no se golpea a nadie, pero se resiste a dejar a su cónyuge, un día el sujeto puede alterarse o violentarse aún más y puede hasta matar” dice una de las testigos.

Historias como éstas en el tipo de tratos que perjudican además de la salud física y mental de los niños, según estudios de organizaciones miembros de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dañan la habilidad para aprender y socializar, y más adelante afectan su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores y en dados casos hasta los conduce a la muerte.

Registros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) indican que han atendido un promedio de 32.88% de casos en violencia física, omisión de cuidados 26.94% y el maltrato emocional 21,93%, siendo los estados de la región centro del país los que registran las tendencias a la alza más importantes en maltrato infantil, y la prevalencia de estos casos son de consideración.

Este tipo de tratos se presentan más en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Durango y Nayarit. En el caso de malos tratos en la escuela, los estados en donde niñas y niños reportan agravios son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Durango.

Una golpiza para corregir la conducta

La psicóloga Soledad Larraín y la socióloga Carolina Bascuñán, ambas consultoras de la UNICEF, coinciden y dicen que en México y Centroamérica, el castigo físico se justifica como un mecanismo que utilizan los padres para corregir o enderezar las conductas de sus hijos, formas de violencia como golpear, pellizcar o patear a los niños y niñas no son consideradas como acciones lesivas.

Las autoras del artículo “Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro”, estudio para los Objetivos de desarrollo del Milenio en la infancia y adolescencia, determinan que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un grave problema de derechos humanos en América Latina y el Caribe, en donde más de la mitad de los infantes son víctimas de maltrato físico, emocional, trato negligente y abuso sexual.

Encuestas realizadas en 16 países de la región indican altos porcentajes de adultos que recurren al castigo para imponer disciplina y hacer que los niños perciban claramente que los padres tienen la autoridad y no deben desobedecerlos.

Sin embargo, diversas encuestas nacionales indican que el maltrato infantil es un fenómeno en ascenso rara vez denunciado, fenómeno al que explican tiene relación con el miedo a la represalia y al autor de la violencia vergüenza entre los familiares y la visión persistente de que el abuso es una cuestión privada.

En todos los países las experiencias de violencia y abuso sufridas por el padre y la madre durante su infancia es el factor de riesgo más relevante para que exista el maltrato en las familias, ya que se produce una transmisión intergeneracional de la violencia, explican la psicóloga Soledad Larraín y la socióloga Carolina Bascuñán.

Según información de la Red por los Derechos de la Infancia, México cuenta de manera general, con tipificación penal y civil que contempla la violencia contra la infancia como acciones “vergonzosas”. Sobre todo en cuestión de la violencia física.

La legislación federal penal y civil tipifica el maltrato, sin embargo, la tradición aún fuertemente arraigada del castigo físico como una opción educativa aceptable, y la falta de especificidad en la definición del delito, hacen que el maltrato sea valorado por el juzgador únicamente cuando existen lesiones.

La muerte de menores se multiplica

El informe anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México revela que en el 2010 registraron la tasa de mortalidad por homicidio más alta en la última década en menores de 17 años.

En los últimos cuatro años las muertes se multiplicaron, en el 2005 se registraron 358 homicidios y en el 2009 los decesos fueron 681. Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas fueron los estados que registraron el mayor número de homicidios.

El suicidio también se incrementó entre la población adolescente en el 2009 se contabilizaron 170. La tasa de mortalidad por suicidio en la población de 10 a 14 años se incrementó 80% en los últimos 10 años, al pasar de una defunción por cada 100 mil habitantes en el año 2000, a 1.8 en 2009.

El Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, lamenta el clima de violencia generalizada en el país, entre las que señaló las balas perdidas, fuego cruzado en zonas escolares, ataques directos, masacres juveniles y agresiones sexuales en instituciones educativas, y otras causantes como las acciones militares emprendidas contra el narcotráfico que han dejado un saldo de 40 mil muertos, de los cuales mil 400 son niñas, niños y adolescentes.

“Pese a los esfuerzos desplegados, la región no ha desarrollado aún una respuesta eficaz contra el maltrato infantil y una de las principales dificultades es la ausencia de información sobre su real dimensión y características, en especial cuando ocurre dentro del hogar, debido a que la práctica de denuncia no está extendida y, cuando existe, son mínimos los casos sancionados ante la justicia”, dijo el titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El abogado victimal

Como respuesta a este flagelo de violencia contra la niñez y poder enfrentar la grave violación de los derechos humanos de los niños, el diputado del PRD, David Razú Aznar, dijo que ya han realizado en la Asamblea Legislativa mesas de trabajo con lo relativo a los derechos de la infancia para la creación del “Abogado Victimal” en materia infantil.

Con esto los menores de edad tendrán la posibilidad de presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como contarán de la institucionalización de una Defensoría de la Infancia en la Ciudad de México dependiente del Sistema Integral para la Familia DIF-DF.

Actualmente la legislación mexicana no contempla ningún requisito o adecuaciones necesarias para tramitar las denuncias de abuso de niños con objeto de dar a éstos un rápido acceso a la justicia, incluso en los procedimientos judiciales se les vuelve a victimizar.

Expresó que con esta reglamentación darán atención a las víctimas, mejoras en el sistema de denuncias, sanción a los agresores y estudios orientados a comprender la dimensión y la complejidad de la violencia en los denunciantes.

“Con esta medida se podrá convertir al Distrito Federal en una ciudad con plenos derechos humanos, un Congreso con facultades plenas y un Ejecutivo con atribuciones para decidir procuración de justicia y educación”, exteriorizó Razú Aznar.

Así mismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró necesario visibilizar que el sector infantil enfrenta violencia.

“Es necesario plantear que hay actos, que hay una serie de comportamientos de las personas con respecto de las y los jóvenes, de las y los adolescentes y por supuesto con las niñas y los niños, que a veces pasan no como formas de violencia, sino como tradiciones disciplinarias y educativas”, subrayó.

Lamentó que en el campo de la violencia sexual contra infantes, la ausencia de datos no ha permitido tener claridad sobre esta problemática, marcó que hay indicios de que el país es uno de los destinos que posee el llamado “turismo sexual” en donde se afecta de manera fundamental a niñas y niños.

“Al Poder Legislativo se le demanda avanzar en la armonización del cuerpo legal a nivel federal y en los Congresos estatales para prohibir explícitamente el castigo corporal y tratos humillantes en los hogares, escuelas y cualquier tipo de institución donde haya niñas, niños y adolescentes; así como la prohibición explícita para su participación en acciones armadas y que, en todo caso, sea tipificado penalmente su reclutamiento”, insistió.

Para ir combatiendo la indiferencia y el silencio frente a los abusos cometidos contra la infancia, dijo que treinta y cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de todo el país y la CDHDF lanzaron la Campaña Infancia sin Violencia, la cual busca visibilizar las problemáticas que enfrenta la niñez con el ánimo de construir una cultura de paz.

En ese propósito dijo que la Campaña demanda al Poder Judicial una justicia plena e inmediata a las niñas, niños y adolescentes, víctimas de la violencia en los últimos años.

González Placencia pidió al Poder Ejecutivo la creación de un Programa Nacional para Prevenir y Atender la Violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, orientado a erradicar todas las formas de violencia que incluya un sistema de información oficial y público sobre el número, características y situación jurídica de las víctimas.
Consideró que hace falta práctica de una cultura que responda a los derechos de la infancia en donde “niñas y niños deban ser considerados como prioritarios en los debates legislativos y políticos, pero sobre todo en el diseño de presupuestos públicos.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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