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Norma Andrade fue dada de alta por amenazas contra médicos
Familiares de la activista señalan que se encuentra sin la atención hospitalaria que necesita luego que fuera dada de alta cuatro días después de ser baleada
Por Paris Martínez
4 de enero, 2012
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Manifestación en apoyo a la activista Norma Andrade.

A doce días de que la activista Norma Andrade abandonara Ciudad Juárez, donde el pasado 2 de diciembre fue baleada por desconocidos, sus familiares denunciaron que ésta se encuentra sin la atención hospitalaria que su frágil estado de salud requiere (a causa de las cinco balas que impactaron contra su cuerpo), luego  que fuera dada de alta cuatro días después del ataque, ante las amenazas que recibieron los médicos que la trataban.

El pasado 6 de diciembre, señala una misiva redactada por Malú García, hija de la activista atacada, “personas desconocidas hablaron por teléfono al nosocomio donde se encontraba hospitalizada mi mamá, amenazando al personal, diciéndoles que si no la sacaban de ahí empezarían a atentar contra los enfermeros y médicos, lo que provocó que minutos más tarde, y de manera inesperada, dieran de alta a mi mamá”.

Desde entonces, señala la misiva, los apoyos que le fueron ofrecidos por las autoridades, consistentes principalmente en la vigilancia médica y los fármacos que requiere Norma Andrade (quien recibió dos balazos en el hombro izquierdo, uno en la mano derecha, uno en el tórax y otro en el pecho), “desafortunadamente no se han cumplido”, denunció su hija.

“El estado de Chihuahua no se quiso hacer responsable de la atención médica -detalló Malú García-, y sólo se comprometió a gestionarla ante la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuya titular, Dilcya García, se comprometió a hacer las gestiones ante el ISSTE para que fuera atendida mi mamá, apoyo que estamos esperando desde entonces.”
Cabe destacar que, según el parte médico rendido a la familia antes de echar a la activista del hospital juarense donde era atendida, las lesiones sufridas “ponen en peligro su vida, dejan consecuencias médico-legales y tardan mucho tiempo en sanar”, ante lo cual la hija de Norma Andrade reclamó tanto al gobierno federal como al estatal “acordarse” de sus promesas, ya que hasta la fecha todos los gastos médicos han sido cubiertos por su familia.

El exilio
Norma Andrade fundó en 2001 la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, luego de que su hija Lilia Alejandra fuera secuestrada en febrero de aquel año, sometida por desconocidos a torturas sexuales durante cinco días y luego asesinada.

Durante la última década, Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha documentado cientos de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, donde el fenómeno del feminicidio viene siendo denunciado, al menos, desde 1993.

Cuando el pasado 2 de diciembre Norma Andrade fue balaceada, mientras abordaba su vehículo, las autoridades estatales tildaron el ataque como un intento fallido de robo de auto, desvinculando el hecho de su trayectoria como defensora de los derechos humanos en Chihuahua.

Sin embargo, explicó su hija Malú, el 6 de diciembre, es decir, cuatro días después del atentado y horas antes de que el hospital en que era atendida recibiera amenazas anónimas contra su personal, en la primaria en la que trabaja Norma Andrade como profesora apareció una manta en la que sus presuntos atacantes “amenazan a la Policía Ministerial (que investiga la agresión), así como a las diputadas de la Comisión contra los Feminicidios de la Cámara de Diputados”, que un día antes visitaron el estado para solidarizarse con las activistas.

Y luego de que la activista herida fuera expulsada del hospital que la atendía, prosigue Malú, “mi mamá y yo permanecimos los siguientes días en un hotel de la ciudad, resguardadas por elementos federales y ministeriales (.) Desafortunadamente, el hotel pidió que se retirara la escolta o que nos fuéramos del lugar”.

Es así como, a finales de diciembre, Norma Andrade y Malú García aceptaron el apoyo ofrecido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para ser trasladadas a la Ciudad de México, donde reciben ya protección de agentes locales.

No obstante, advierte Malú, en su misiva, el gobierno de Chihuahua debe cumplir el compromiso de proporcionarles una vivienda, mientras que, en conjunto con las autoridades federales, deben honrar la promesa de brindarle todo el apoyo médico requerido, así como seguridad para ellas y el resto de sus familiares.

Por ello, Malú García solicitó a la ciudadanía apoyarla para presionar a ambos niveles de gobierno, para lo cual pide escribir mensajes personales al gobernador de Chihuahua, César Duarte (a través de su cuenta en Twitter, @GoberDuarte, o del correo [email protected]com); así como a Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (@omeheira, [email protected]) y a Dilcya García, titular de la Conavim ([email protected]).

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Getty Images
Apple: cómo dos estudiantes chinos usaron iPhones falsos para estafar 900 mil dólares
Un esquema fraudulento llevó a Apple a reemplazar 1,438 teléfonos iPhone con un costo para la empresa de casi un millón de dólares.
Getty Images
8 de abril, 2019
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Una debilidad en los procedimientos para hacer válidas las garantías casi costó a Apple un millón de dólares.

Dos estudiantes originarios de China están acusados de participar en un esquema de fraude contra la compañía de California a través de la solicitud masiva de cumplimiento de la garantía.

Enviaron miles de teléfonos iPhone falsificados y obtuvieron de la empresa dispositivos genuinos. Lo hicieron durante meses.

Una estimación del monto de las pérdidas para Apple alcanzan los US$895,400 luego de conseguir que, del total que enviaron, casi 1,500 aparatos fueran reemplazados sin que fuera detectado el fraude.

La investigación del caso inició en 2017, pero hasta este mes se supo de la denuncia judicial -reportada primero por el diario The Oregonian– en contra de los dos jóvenes chinos en el estado de Oregón.

¿Cómo lo hacían?

Tanto Yangyang Zhou como Quan Jiang, quienes se declaran no culpables, estaban en Estados Unidos con visa de estudiante cuando se desarrolló el fraude.

Un socio en Hong Kong les enviaba paquetes con entre 20 y 30 teléfonos con las características físicas de los iPhone de Apple, dijo Jiang en su declaración.

Luego los estudiantes solicitaban a Apple personalmente o a través de nombres y direcciones de contactos en Estados Unidos, la revisión de los teléfonos bajo los términos de garantía.

En casi todos los casos la falla reportada era que los teléfonos no encendían.

La compañía determinaba si el smartphone era elegible para una reposición por otro nuevo, un beneficio que generalmente Apple aplica para ese tipo de problemas.

Cuando los remitentes recibían el teléfono genuino, lo enviaban de nuevo a China para ser revendido y después obtenían una parte de las ganancias, según la denuncia.

¿Cómo se descubrió?

Agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confiscaron en abril de 2017 cinco paquetes enviados desde Hong Kong, pues sospechaban que contenían teléfonos falsificados.

Los importadores eran tanto Yangyang Zhou como Quan Jiang.

El agente Thomas Duffy entrevistó a finales de 2017 a Jiang en la ciudad de Portland para saber del origen y destino de los móviles.

El joven describió su participación en las peticiones de revisión a Apple, pero rechazó que supiera que los móviles que enviaba eran falsificados.

“Jiang estimó que durante 2017 envió 2.000 teléfonos a Apple para reparaciones en garantía“, dice la denuncia judicial.

Sin embargo, su nombre está relacionado con 3,069 solicitudes de reparación en las que la causa en el 100% de los casos era “no enciende/problemas de carga por cable”.

Una inspección el año pasado al domicilio de Jiang encontró unos 300 iPhone falsos, así como documentos de las solicitudes de garantía enviadas a Apple.

Ahí también se hallaron cajas con el nombre Zhou, quien estaba relacionado con tres envíos con origen en China en los que había 95 teléfonos similares a los iPhone.

Unas 200 peticiones de garantía fueron realizadas a su nombre o con “derivaciones similares” de correos electrónicos con el nombre de Zhou, además de que fue el destinatario de teléfonos enviados por Apple.

¿Apple no pudo detectarlos?

El representante de Apple Adrian Punderson, entrevistado por el agente Duffy, explicó que un técnico de la compañía se encarga de revisar si un teléfono enviado a revisión es genuino o no.

Si se determina que es falsificado, se rechaza la solicitud de garantía y se informa al remitente a través del medio de contacto que proporcionó.

En el caso de Jiang, un total de 1,576 solicitudes fueron “rechazadas por manipulación”.

Sin embargo, el hecho de que casi el 100% de los casos la falla reportada era que el teléfono “no enciende” jugó a favor de este esquema fraudulento, pues en esos casos Apple procede con un reemplazo de la unidad.

“La presentación de un iPhone que no se enciende es fundamental para perpetuar el fraude en la garantía del iPhone, ya que el teléfono no podrá ser examinado o reparado inmediatamente por los técnicos de Apple, lo que provocará el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple como parte de su política de garantía del producto”, dijo Punderson.

Apple reemplazó 1,493 teléfonos, que a un costo de US$600 por unidad representan una pérdida de US$895,800 para el gigante tecnológico dirigido por Tim Cook.

BBC Mundo solicitó una entrevista a Apple sobre este caso pero no hubo una respuesta inmediata.

La denuncia judicial presenta cargos contra Jiang por tráfico de productos falsificados y fraude electrónico, mientras que Zhou enfrenta cargos por presentar usar documentos falsos de exportación.

Ambos, sin embargo, aseguran que no tenían conocimiento de que los teléfonos eran falsos.


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