Norma Andrade fue dada de alta por amenazas contra médicos

Familiares de la activista señalan que se encuentra sin la atención hospitalaria que necesita luego que fuera dada de alta cuatro días después de ser baleada

Norma Andrade fue dada de alta por amenazas contra médicos
Manifestación en apoyo a la activista Norma Andrade.
Manifestación en apoyo a la activista Norma Andrade.

A doce días de que la activista Norma Andrade abandonara Ciudad Juárez, donde el pasado 2 de diciembre fue baleada por desconocidos, sus familiares denunciaron que ésta se encuentra sin la atención hospitalaria que su frágil estado de salud requiere (a causa de las cinco balas que impactaron contra su cuerpo), luego  que fuera dada de alta cuatro días después del ataque, ante las amenazas que recibieron los médicos que la trataban.

El pasado 6 de diciembre, señala una misiva redactada por Malú García, hija de la activista atacada, “personas desconocidas hablaron por teléfono al nosocomio donde se encontraba hospitalizada mi mamá, amenazando al personal, diciéndoles que si no la sacaban de ahí empezarían a atentar contra los enfermeros y médicos, lo que provocó que minutos más tarde, y de manera inesperada, dieran de alta a mi mamá”.

Desde entonces, señala la misiva, los apoyos que le fueron ofrecidos por las autoridades, consistentes principalmente en la vigilancia médica y los fármacos que requiere Norma Andrade (quien recibió dos balazos en el hombro izquierdo, uno en la mano derecha, uno en el tórax y otro en el pecho), “desafortunadamente no se han cumplido”, denunció su hija.

“El estado de Chihuahua no se quiso hacer responsable de la atención médica -detalló Malú García-, y sólo se comprometió a gestionarla ante la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), cuya titular, Dilcya García, se comprometió a hacer las gestiones ante el ISSTE para que fuera atendida mi mamá, apoyo que estamos esperando desde entonces.”
Cabe destacar que, según el parte médico rendido a la familia antes de echar a la activista del hospital juarense donde era atendida, las lesiones sufridas “ponen en peligro su vida, dejan consecuencias médico-legales y tardan mucho tiempo en sanar”, ante lo cual la hija de Norma Andrade reclamó tanto al gobierno federal como al estatal “acordarse” de sus promesas, ya que hasta la fecha todos los gastos médicos han sido cubiertos por su familia.

El exilio
Norma Andrade fundó en 2001 la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, luego de que su hija Lilia Alejandra fuera secuestrada en febrero de aquel año, sometida por desconocidos a torturas sexuales durante cinco días y luego asesinada.

Durante la última década, Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha documentado cientos de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Ciudad Juárez, donde el fenómeno del feminicidio viene siendo denunciado, al menos, desde 1993.

Cuando el pasado 2 de diciembre Norma Andrade fue balaceada, mientras abordaba su vehículo, las autoridades estatales tildaron el ataque como un intento fallido de robo de auto, desvinculando el hecho de su trayectoria como defensora de los derechos humanos en Chihuahua.

Sin embargo, explicó su hija Malú, el 6 de diciembre, es decir, cuatro días después del atentado y horas antes de que el hospital en que era atendida recibiera amenazas anónimas contra su personal, en la primaria en la que trabaja Norma Andrade como profesora apareció una manta en la que sus presuntos atacantes “amenazan a la Policía Ministerial (que investiga la agresión), así como a las diputadas de la Comisión contra los Feminicidios de la Cámara de Diputados”, que un día antes visitaron el estado para solidarizarse con las activistas.

Y luego de que la activista herida fuera expulsada del hospital que la atendía, prosigue Malú, “mi mamá y yo permanecimos los siguientes días en un hotel de la ciudad, resguardadas por elementos federales y ministeriales (.) Desafortunadamente, el hotel pidió que se retirara la escolta o que nos fuéramos del lugar”.

Es así como, a finales de diciembre, Norma Andrade y Malú García aceptaron el apoyo ofrecido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para ser trasladadas a la Ciudad de México, donde reciben ya protección de agentes locales.

No obstante, advierte Malú, en su misiva, el gobierno de Chihuahua debe cumplir el compromiso de proporcionarles una vivienda, mientras que, en conjunto con las autoridades federales, deben honrar la promesa de brindarle todo el apoyo médico requerido, así como seguridad para ellas y el resto de sus familiares.

Por ello, Malú García solicitó a la ciudadanía apoyarla para presionar a ambos niveles de gobierno, para lo cual pide escribir mensajes personales al gobernador de Chihuahua, César Duarte (a través de su cuenta en Twitter, @GoberDuarte, o del correo [email protected]com); así como a Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (@omeheira, [email protected]) y a Dilcya García, titular de la Conavim ([email protected]).

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