El gobierno de Veracruz no ha hecho público el contrato de “prestación de servicios” por 25 millones de pesos que dice haber celebrado con la empresa cinematográfica Industria 3 S.A de CV, dirigida por el fotógrafo y director de cine Willy Sousa, para la “organización, promoción y difusión” de la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Veracruz, todas las secretarías y dependencias estatales, con excepción de la Secretaría de Gobierno, están obligadas a transparentar -en sus respectivas páginas- los contratos que celebran con sus proveedores, pues de lo contrario podrían hacerse acreedores a sanciones económicas o administrativas.
Abogado y representante legal de Industria 3, Ricardo Sánchez Reyes Retana, informó que el contrato para la difusión de los eventos culturales y festivos fue firmado en enero del presente año y que la dependencia encargada de celebrarlo fue la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Veracruzano.
Una búsqueda hecha por Animal Político a la página de transparencia de la citada secretaría, arrojó que hasta el miércoles 1 de febrero los encargados de la dependencia no habían hecho público el contrato, de ahí que fuera imposible conocer los puntos del acuerdo y en qué condiciones se firmó.
Para conocer el porqué la Secretaría de Finanzas no había hecho público el contrato, aún cuando la ley de transparencia se los exige, se buscó por la vía institucional una respuesta de los funcionarios veracruzanos sin que, hasta el cierre de esta edición, se haya obtenido alguna.
“Es un contrato perfectamente firmado este año”, sostuvo el abogado Sánchez Reyes Retana, quien señaló que el próximo viernes, a las 10 de la mañana, acudirá a comparecer a la delegación de la PGR en Toluca, Estado de México, instancia ante la que presentará una copia del contrato.
Tal y como lo refrendó en una carta enviada a la opinión pública, luego de que se diera a conocer la detención – en Toluca- de dos supuestos funcionarios veracruzanos que transportaban 25 millones de pesos (1.9 millones de dólares) para el pago del contrato celebrado con Industria 3, el abogado dijo que aún cuando se acordó que el pago sería por transferencia electrónica o en efectivo, desconocía la logística implementada por el gobierno de Veracruz para cubrir el pago.
Por adjudicación directa
Abogado y representante legal en Veracruz del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Manuel Salas, sostiene que la administración del gobernador Javier Duarte comete una ilegalidad al entregar un millonario contrato “sin que medie una licitación, sin bases, (y) sin siquiera por alguna invitación restringida a tres proveedores”.
En conferencia de prensa, ofrecida tras la detención de los dos funcionarios, el abogado panista recordó que la Ley de Adquisiciones del Estado estipula que cualquier contrato que rebase los 181 mil pesos debe hacerse mediante una licitación pública nacional o internacional, además, que la propia ley prohíbe que se pague por adelantado a los proveedores, de ahí que no descarte que los recursos serían destinados para la campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
“Al tratarse de la tierra en donde radica el actual candidato presidencial del PRI, es muy sospechoso que sucedan ese tipo de conductas”, señaló Salas, quien se dijo confiado en que la PGR determine cuál sería el destino final de los recursos. Por lo pronto, será el viernes cuando el represente legal de Industria 3 se presente a declarar para explicar en qué términos fue firmado el contrato.
