Por segunda vez en poco más de un año, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) rechazó investigar los asesinatos de mujeres en una entidad federativa. Esta vez en Nuevo León, donde según organizaciones civiles, ese tipo de crímenes han aumentado casi 690%.
El jueves pasado, el SNPASEVM sesionó en la Secretaría de Relaciones Exteriores para someter a votación la indagatoria y, en su caso, el decreto una Alerta de Violencia de Género en el Nuevo León. En enero de 2011, el Sistema resolvió de manera negativa para los feminicidios que ocurren en el Estado de México y en julio de 2009 también votó en contra ante las denuncias de agresiones sistemáticas a las mujeres de Guanajuato.
La Alerta de Violencia de Género está definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”. Así consta en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La solicitud para indagar y emitir la alerta fue enviada al SNPASEVM por la organización neoleonesa Arthemisas por la Equidad AC. El documento argumenta que entre enero de 2000 al 31 de diciembre de 2011, 548 mujeres murieron de manera dolosa. 452 de esas muertes ocurrieron en la zona metropolitana de Monterrey.
Con ese panorama, la organización pidió la declaración de la alerta, así como la asignación de recursos para enfrentar la situación.
La respuesta negativa del sistema (establecido en 2009 e integrado por cinco secretarías de estado, PGR, Inmujeres, Conapred, DIF y los Institutos de la Mujer de las 32 entidades del país) se resolvió por una votación de 19 instituciones en contra, frente a 13 a favor. Todos los votos negativos fueron emitidos por los Institutos de la Mujer pertenecientes a estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional.
Los votos a favor fueron de los institutos del DF, Jalisco, Puebla, Sonora y Morelos. Igualmente, de la SEP, SSP, Segob, Inmujeres, PGR, Sedesol, Conapred y el DIF Nacional. Ocho entidades –Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Guanajuato; así como Guerrero, Michoacán, Nayarit y Veracruz—no asistieron a la sesión.
Los argumentos en contra
Para votar en contra, las instituciones argumentaron que en Nuevo León las muertes de mujeres no constituyen un problema de género, pues en el panorama de violencia generalizada que prevalece en México, mueren por igual hombres, niñas y niños.
Una fuente presente en la sesión del Sistema informó a Animal Político que las instituciones argumentaron también falta de pruebas y documentos en la solicitud de la ONG; además de señalar inconsistencias y falta de motivos y fundamentos.
Algunos de los argumentos que se esgrimieron a favor, fueron que la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos establece la obligación de las autoridades a indagar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos.
Además, consideraron, indagar y emitir una alerta de género que beneficie a todas las mujeres del país, pues se mandaría el mensaje de que el Estado garantiza los derechos humanos.
Una alerta de esa naturaleza, expusieron, más que señalar o castigar a una entidad, permitiría sumar esfuerzos para enfrentar la violencia contra las mujeres.
