De las 75 denuncias de hechos que ha interpuesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la revisión de las cuentas públicas de 1998 a 2009, 66 siguen en la etapa de averiguación o en la “congeladora” y nueve se encuentran en los tribunales penales del país.
Casos como el supuesto financiamiento que recibió del extranjero en 2000 el entonces candidato presidencial del PAN, Vicente Fox; la compra de la cartera vencida a los banqueros rescatados por el Fobaproa y el presunto desvío de más de tres millones de pesos en 2005 por parte de la organización Provida, son los casos en los que los representantes de la ASF –desde su creación- han decidió presentar denuncias de hechos por la comisión de actos que consideran irregulares, pero que ante los ojos de la justicia en México no lo son.
Se trata de denuncias mediante las cuales la ASF hace del conocimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, que pudiera ser constitutiva de un delito imputable a un servidor público o a un particular por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o actividad.
La cifra de denuncias presentadas por la revisión de las últimas 11 cuentas públicas fiscalizadas representa apenas tres cuartas partes del total que en este 2012 la ASF presentará ante la PGR por la revisión de las cuentas 2010 –hay un año de desfase en la revisión de las cuentas-. En total serán 98 denuncias, que sumadas a las 75 existentes, arrojarán 173 en 12 años.
De acuerdo con el informe de la ASF entregado el miércoles 15 de febrero a la Cámara de Diputados, de las 98 denuncias de hechos que se presentarán ante la PGR –por la revisión de la cuenta 2010-, 46 fueron contra supuestas irregularidades detectadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); 15 contra la Secretaría de la Reforma Agraria; ocho contra la Comisión Federal de Electricidad y siete contra funcionarios que manejan el Fideicomiso de Riesgo Compartido de la Sagarpa.
También se presentaron cinco denuncias de hechos contra el Servicio de Administración Tributaria; tres contra Financiera Rural –dependiente de la Secretaría de Hacienda-; tres contra el Distrito Federal; dos contra la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; una contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; una contra PEMEX; una contra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; una por las cuentas de un municipio en Oaxaca; una contra el estado de Sinaloa; dos contra Veracruz; una contra Tlaxcala y la última contra Zacatecas.
En todas las denuncias, la ASF –órgano que sólo ha logrado una efectividad en la presentación de las denuncias de un 10 %- presume la existencia de actos delictivos en los que pudieron incurrir servidores públicos o particulares, de ahí que tenga que dar parte a la PGR donde la mayoría de las denuncias se desechan o quedan archivadas.
