Desde que Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, las cosas cambiaron para los mexicanos.
La ola de violencia en el país provocó que los ciudadanos modificaran su estilo de vida, las cosas que hacían de manera cotidiana. El 44% se olvidó de los planes nocturnos, de la fiesta; el 25% dejó de tomar un taxi y el 21% dejó de ir a comer o a cenar, según datos del estudio 8 delitos primero, índice delictivo elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C (CIDAC).
La zona más afectada por la violencia es, sin duda, el norte del país. Los datos del CIDAC son elocuentes: “para 2010, 68% de las empresas sufrieron una afectación económica por la inseguridad; las compañías elevaron sus costos de seguridad a más de 11%, mientras que el gasto público en seguridad de 2010 del gobierno federal representó seis veces el de 2005”.
El estudio más reciente de CIDAC tuvo como propósito medir la afectación de los delitos en la percepción de seguridad (o inseguridad) de los ciudadanos.
¿Qué encontró? Que de 33 delitos del fuero común, sólo ocho impactan de forma negativa en la percepción de seguridad de los individuos: “Un robo de celular no es igual de grave que un secuestro, no causa el mismo daño y, sobre todo, no genera el mismo impacto en la percepción de inseguridad”.
Por ejemplo, dos secuestros por cada 100 mil habitantes aumentan 1% la percepción de inseguridad en el país, mientras que 16 extorsiones por el mismo número de habitantes la incrementan en el mismo porcentaje.
¿Cuáles son los ocho delitos que más impactan de manera negativa en la percepción de inseguridad?
Los 8 estados con afectación severa
El CIDAC creó un índice que mide la frecuencia con la que ocurre cada delito por entidad y les asignó un valor en función de qué tan grave los considera la ciudadanía.
Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Chihuahua y Michoacán son los estados que presentan mayor afectación en la percepción de seguridad.
Los resultados del estudio de CIDAC demuestran que todos los estados presentan una realidad distinta en seguridad, por lo que cada uno requiere de políticas públicas diferenciadas para atender sus problemas.
“La solución de Puebla no será la misma que para Durango. Mientras que el primero deberá atacar un problema de robos a peatón, el segundo deberá centrarse en desarrollar estrategias contra delitos conducidos por las redes de crimen organizado”, dice el CIDAC.
