El secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, dijo el miércoles que los asesinatos atribuidos al narcotráfico y el crimen organizado habrían alcanzado su punto máximo en 2011 para iniciar una disminución hacia la última mitad de ese mismo año.
Al analizar las estadísticas, el funcionario federal señaló que detectaron un “incremento de los homicidios que pareciera llegar a un nivel máximo durante el año pasado”.
En entrevista con The Associated Press, Poiré aseguró que información preliminar les ha mostrado que en los últimos dos trimestres del 2011 se redujo el número de homicidios, aunque la cifra específica se dará a conocer una vez que se sistematice una nueva metodología implementada.
A inicio de año, el gobierno de México anunció que entre diciembre de 2006, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra el narcotráfico, y en septiembre de 2011 se habían registrado 47 mil 515 homicidios.
Sólo entre enero y septiembre del 2011 la cifra ascendió a 12 mil 903, comparadas con las 11 mil 583 registradas en el mismo periodo de 2010.
El funcionario dijo que para el mes entrante se planea una reunión del consejo nacional de seguridad pública, en la cual uno de los temas que se prevé abordar es la actualización de las cifras de homicidios.
Poiré señaló que el comportamiento de las tasas de homicidios en algunas ciudades de Estados Unidos muestran que “si hay una acción sistemática de la autoridad federal para reducir la capacidad delictiva de estas organizaciones y si hay avances significativos en el imperio de la ley se pueden reducir los niveles de violencia”.
Aseguró que las operaciones implementadas en algunas ciudades y estados que se han visto más afectados por el narcotráfico se han traducido en una disminución de la violencia, como en Guerrero y Veracruz, donde en 2011 se vio una escalada de ataques y asesinatos de carteles de las drogas y que llevó al gobierno a reforzar la presencia de fuerzas federales.
“¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestro país? Sí vemos un nivel de incremento de los homicidios que pareciera llegar a un nivel máximo durante el año pasado y sí vemos reducciones en cada uno de estos operativos que hemos mencionado, pero también una reducción adicional en los últimos dos trimestres”, comentó.
Algunos analistas han coincidido en que podría comenzar a verse una estabilización e incluso una posible disminución de los homicidios atribuidos al narcotráfico, aunque también han advertido que los niveles aún son altos.
“Lo que no está diciendo (el secretario) es que se está estabilizando la violencia, pero a niveles muy altos y generalmente la violencia desciende mucho más lentamente de lo que aumenta; los aumentos son muy bruscos y los descensos suelen ser más graduales”, dijo el miércoles a la AP Eduardo Guerrero, consultor privado en materia de seguridad.
La ofensiva del gobierno de Calderón contra el narcotráfico, apoyado en buena medida con el despliegue de más de 45 mil efectivos de las fuerzas armadas, se ha traducido en la fragmentación de algunos grupos del narcotráfico.
En medio de esa fragmentación, el cártel de Sinaloa y Los Zetas son vistos por algunas autoridades y analistas como los dos principales grupos del narcotráfico en México, aunque Poiré aseguró que el gobierno busca debilitar a todas las organizaciones delictivas.
En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha calificado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como el líder del cartel de Sinaloa, como el narcotraficante más poderoso del mundo, aunque México se resiste a ponerle alguna etiqueta.
Poiré dijo que México divulgó en 2009 una lista con los 37 presuntos narcotraficantes más buscados, de los cuales 22 han sido detenidos o abatidos.
“Hoy solamente quedan 15 en libertad y esta persona (“El Chapo” Guzmán) es una de ellas”, dijo.
La lucha contra el narcotráfico y el despliegue inédito de fuerzas federales también ha puesto a México en el escrutinio de organizaciones civiles, algunas de las cuales han advertido de un incremento en violaciones a derechos humanos por militares y policías.
En un reporte divulgado en noviembre, la organización Human Rights Watch señaló que tras una investigación de dos años encontró evidencias de más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la estrategia del gobierno mexicano contra el narcotráfico.
Poiré aseguró que el gobierno está comprometido con la defensa de las garantías individuales, por lo cual las autoridades buscan castigar cuando algún miembro de fuerzas federales viole derechos humanos.
Interrogado sobre si considera injustas las críticas de algunas organizaciones civiles, el funcionario afirmó que “la crítica es bienvenida de todas estas organizaciones”.
AP
