El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se negó a aportar pruebas a su favor durante su declaración preparatoria y a responder los cuestionamientos del Ministerio Público, tras haber sido cumplimentada la cuarta orden de aprehensión en su contra, por la muerte de 35 menores en Comitán.
Por su parte, el ex mandatario cumplió con el interrogatorio durante seis horas, el juez de la causa leyó cada uno de los argumentos y pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que integran el expediente penal en su contra.
El 15 de febrero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejecutó una cuarta orden de aprehensión contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, relativa a la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital General de Comitán entre 2002 y 2003.
El ejecutivo estatal informó en un comunicado que tomó la decisión luego de documentar la muerte de los neonatos a consecuencia de la inexistencia de recursos públicos, lo que derivó en múltiples irregularidades como la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría.
El expediente penal integra, entre otras pruebas incriminatorias la recomendación 24/2004 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió y que la administración de Pablo Salazar aceptó en todos sus términos, según consta en el oficio firmado y dirigido por el entonces procurador general de justicia, Mariano Herrán Salvatti, al presidente de la CNDH.
Asimismo, se integran los informes emitidos en la época de los hechos por las secretarías de Hacienda y Salud, donde se constata que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el Hospital General K de Comitán de Domínguez tan sólo recibió cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente.
Con información de Notimex.
