Al cierre del año pasado, 19 entidades federativas presentaron un rezago de 75%, o más, en el proceso de certificación de sus policiales estatales y municipales, mientras que en los 13 estados restantes al menos un tercio de los agentes y mandos permanecen sin ser examinados, tal como establece el informe Avances en Centros de Evaluación de Confianza, publicado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública al finalizar 2011.
En términos globales, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación estableció que, al 31 de septiembre del año pasado, el rezago en la depuración de las policías municipales del país era de 81.8%, por lo que aún no son sometidos a controles de confianza poco más de 139 mil agentes de estas corporaciones (encargadas de la prevención del delito en los 2 mil 458 municipios mexicanos).
En la misma medida, 86% del personal adscrito a las distintas secretarías estatales de Seguridad Pública, también encargadas de disuadir la comisión de delitos, faltaban por ser evaluados, lo que equivale a que sólo 32 mil, de esos 233 mil policías repartidos en todo el país, han sido sometidos a controles de honestidad, salud, adicciones y desempeño.
Además, señala Gobernación, del personal con que cuentan las 32 procuradurías generales de justicia que operan a nivel estatal, 85% no ha sido certificados, por lo que, de los 55 mil 722 elementos pertenecientes a estos organismos en todo el país, y cuya encomienda es investigar los delitos una vez cometidos, así como perseguir a sus autores, sólo 7 mil 997 han sido sometidos a exámenes de confianza.
La estampa sobre aplicación de evaluaciones a cuerpos policiacos no mejora a nivel estatal, ya que 20 entidades del país registran un rezago de 75% o más y, nuevamente, ningún de los estados restantes reporta avances mayores a dos terceras partes.
De hecho, sólo ocho estados del país han concluido a cabalidad el proceso de examinación de sus altos mandos municipales, en tanto que 17 más tienen un rezago de entre 66% y 100%.
Por otro lado, el panorama se restablece, aunque sólo en cierta medida, en lo que toca a la evaluación de “altos mandos”, aunque sin lograrse la excelencia, ya que, por ejemplo, de los 32 procuradores estatales, 28 ya fueron evaluados (y tres están en proceso), aunque en este rubro destaca el caso del titular de la dependencia en el Estado de México, quien, según el reporte Estatus de evaluaciones de control de confianza de altos mandos, “no asistió” a la cita orquestada para su respectiva prueba.
Asimismo, 24 de los 30 secretarios estatales de Seguridad Pública en funciones ya fueron examinados, tres están en proceso y otros tres no se presentaron a la prueba a la que previamente fueron convocados: los del Estado de México, Guerrero y Tlaxcala.
El problema que estas cifras revelan, señaló al respecto Edna Jaime, directora de la asociación civil México Evalúa, especializada en el análisis de políticas públicas, es que “la administración federal no incentiva en los estados la reconstrucción institucional de sus cuerpos de policía, no fomenta la regeneración de capacidades propias y, por ejemplo, si una entidad federativa siente que está siendo rebasada por el crimen y la violencia, solicitan la intervención de la federación y se quitan el asunto de encima”.
Y uno de los indicadores que permite esbozar el nivel de avance en la reconstrucción institucional de las policías municipales y estatales, es la aplicación de controles de confianza, mecanismo homologado y sistematizado en todo el país, desde febrero de 2010, ya que, destacó la especialista, “en los estados más afectados por la delincuencia y la violencia, como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León o Chihuahua, los cuerpos de policía “o están coludidos con los delincuentes o, simplemente, han sido desmantelados, no existen”.
Cabe destacar que, según la proyección del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluida en el documento Compromiso de Evaluaciones, para enero de 2013, alrededor de 25 mil 900 elementos de las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, en los tres niveles de gobierno, no aprueben los controles de confianza: 23 mil 700 elementos operativos, 2 mil mandos medios y superiores, así como 53 altos mandos.
“El talón de Aquiles de la estrategia del Estado mexicano contra el crimen –concluyó Edna Jaime– tiene que ver con la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y con el hecho de que los gobiernos estatales no asumen el papel que les corresponde, y ya que no se les incentiva en ese sentido, la presencia federal tiene un efecto pernicioso: el presidente Calderón cometió el error de definir esto como ‘su’ guerra, ya que si pensamos que el Ejército va a restaurar la paz en este país estamos plenamente equivocados, los militares podrán contener, tratar de disuadir, de hacer presencia en donde no existen instituciones estatales y municipales, pero la seguridad se va a tener que construir localmente… y vamos muy atrasados en la generación de capacidades para hacer esto posible.”
