Linchamientos a la quinta potencia
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Linchamientos a la quinta potencia

El aumento de la violencia colectiva y la falta de autoridad han convertido a Guatemala en el país con mayor número de asesinatos de este tipo
Por Alejandra S. Inzunza
15 de marzo, 2012
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Marcos Vladimir Ayala se salvó de ser linchado hace dos semanas. Tiene 19 años, dejó de estudiar hace cuatro y desde entonces  era conocido por asaltar a mujeres en el pueblo La Libertad en Santa Lucía Milpas, Guatemala.  La última vez que le quitó el bolso a una señora, los habitantes del pueblo lo rodearon, lo agarraron a golpes y estaban a punto de matarlo con tablas de madera, cuando la Policía Nacional logró intervenir y llevarlo al hospital, donde sigue internado.

Es la primera vez que en el municipio de Santa Lucía Milpas, la turba hace justicia con su propia mano. La falta de autoridad y la impunidad de los crímenes en la zona provocó la reacción de la gente al ver que la policía había soltado al  ladrón sólo unos minutos después del robo. Marcos sobrevivió con cinco costillas rotas,  las dos piernas fracturadas y varias contusiones graves en la cabeza.

Su caso no es aislado. En 2011 hubo 49 muertes por linchamiento en todo el país, según el último informe de la Policía Nacional. Pero este tipo de violencia colectiva se ha quintuplicado desde 2004, al pasar de 25 casos anuales a 147 en 2011. El promedio de linchamientos mensuales es de 14.7, de los cuales, un 32% deriva en muerte, indica un estudio reciente de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Las cifras, sin embargo, podrían ser mucho mayores. Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización  que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, el año pasado murieron 155 personas y fueron heridos otros 44 por linchamientos en todo el país. Este año ya van 27 ataques contra supuestos delincuentes, aunque todos han sobrevivido. Su presidente, Mario Polanco, asegura que no se ha hecho ni una sola campaña de concientización y en muy pocos casos se ha detenido a los culpables de estos incidentes.

Guatemala se ha especializado en la justicia popular y su violencia ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que considera “alarmante” el incremento en el número de linchamientos, que se extienden también a las zonas urbanas.

“Los linchamientos no son fenómenos exclusivos de pueblos indígenas y tampoco son hechos aislados. La violencia colectiva ha aumentado considerablemente debido la ausencia de autoridad y a grupos de personas que se atribuyen potestades punitivas que sólo corresponden al Estado”, explica Alejandro Sánchez, investigador de seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacional.

A mediados del año pasado, tres personas en Huehuetenango (en el noroccidente) fueron lapidados a piedras y palos por los habitantes del pueblo supuestamente por haber instalado puestos de asalto en un camino rural. Sus cuerpos fueron colgados de un árbol y quedaron como “ejemplo” para la comunidad. El crimen sigue sin resolverse, como un 98 % de los delitos en Guatemala, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Incluso en la capital, se registraron otros tres casos similares.

Pero además de los linchamientos también ha habido un notable incremento de “vigilantismo” (término local que se refiere a las comunidades que no aceptan la autoridad de la policía y actúan por su propia cuenta), asesinatos extrajudiciales y otros disturbios violentos provocados por la muchedumbre, que incluso permiten actuar a cédulas del crimen organizado como agentes de justicia, señala Sánchez.

Justicia a propia mano

Los castigos poco convencionales son comunes también en zonas como Quiché. Hace dos meses, Héctor Leonel Tomás Aguilar fue azotado con una rama de durazno por el alcalde comunitario frente a todo el pueblo, acusado de haber golpeado a su cuñada. Nadie denunció legalmente el maltrato por considerar que Tomás había recibido un “castigo justo”.

La falta de actuación del gobierno ha provocado que en algunos departamentos como Quiché y San Marcos, policías y agentes del Ministerio Público sean retenidos y ajusticiados por las masas.  En Quiché los fiscales del Ministerio Público firmaron un acta el año pasado para no continuar la persecución penal de varios acusados de delitos por temor a las represalias. En San Marcos, la policía simplemente no ha actuado y ha abandonado la zona en momentos de cólera colectiva.

Existen municipios del país que no tienen presencia policial. En el país hay cerca de 20 mil agentes, sin embargo, se necesitaría el doble para poder contener los niveles de violencia, según el IPN.

Mario Planco, de GAM, considera que el Gobierno ha hecho poco para solucionar esta situación. “Estos casos de violencia colectiva son producto de la desconfianza hacia las instituciones y un reflejo de la desesperación de la población por la inseguridad”.

El problema se ha expandido de las comunidades rurales a las urbanas, derivando en violencia sin “precedentes”, origen de la pobreza y la fuerza del narcotráfico. “Se necesita delimitar hasta dónde pueden actuar las autoridades y cómo evitar la justicia a propia mano”, sentencia.

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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