Naturaleza del IFAI impide que comisionados reciban órdenes: Laveaga
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Naturaleza del IFAI impide que comisionados reciban órdenes: Laveaga

El director del Inacipe responde a las ONG que impugnaron su postulación para ocupar una vacante en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales
Por Daniel Lizárraga
16 de marzo, 2012
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Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.//FOTO: Cuartoscuro

La naturaleza jurídica del IFAI impide que los comisionados reciban órdenes de nadie… Por eso se establece la autonomía del Instituto”, respondió Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) a las organizaciones no gubernamentales que impugnaron su postulación para ocupar una vacante en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

Esta semana, el presidente Felipe Calderón propuso ante el Senado a este abogado que, según sus críticos, no ha tenido experiencia previa en organismos de transparencia pero, según sus defensores, ha sido un defensor de los juicios públicos y abiertos.

Las organizaciones no gubernamentales como Fundar y Artículo 19 –entre otras- cuestionaron sus falta de experiencia para el puesto que pretende ocupar pero, sobre todo, protestaron por un artículo que publicó en El Universal a favor de mantener bajo completo sigilo el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando éstas ya hayan sido desechadas por falta de pruebas o, en su caso, cerradas.

Laveaga, con dos maestrías en Derecho y Derechos Humanos, podría sustituir a María Marván Laborde, una de las fundadoras del IFAI con alrededor de ocho años de experiencia y considerada como una de las expertas lationamericanas más destacadas por la ONU y la OEA.

Entrevistado por Animal Político, Laveaga reflexionó sobre las críticas que se han hecho a la designación presidencial: “Si se objeta a cada candidato del Presidente, entonces algo está fallando y hay que cambiarlo… Quizás habría que revisar el mecanismo de selección”

-¿Pero qué dice de su falta de experiencia en materia de rendición de cuentas que aducen las organizaciones no gubernamentales?

Si hay alguien que ha impulsado la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, he sido yo. Desde mi posición en el INACIPE, impulsé el sistema de juicios públicos abiertos, en los cuales la gente pueda ver cómo juzgan los jueces, cómo presentan pruebas los agentes del Ministerio Público y cómo investigan los policías… ¡Eso es transparencia! Si tuviéramos juicios orales, no estaríamos metidos en casos como el de Cassez. En los juicios abiertos es casi imposible mantener prácticas de corrupción”.

-¿Cómo no encontrar rechazo en las organizaciones no gubernamentales como Fundar y Artículo 19, cuando usted escribió a favor de que no se abran las averiguaciones previas aun cuando estén concluidas?

“Los datos confidenciales y los datos relativos a la seguridad nacional marcan límites a la transparencia. Eso no lo digo yo: lo establece la ley. Si no se está de acuerdo con esta disposición, habrá que explorar que se reforme la ley. Pero ese tema del Congreso de la Unión y no del IFAI”.

-La postura del IFAI fue muy clara: Esta reforma atenta contra la transparencia porque, entre otras cosas, no hay manera de que los ciudadanos valoren cómo han hecho su trabajo las autoridades, en especial la PGR. En tiempos tan complicados como en la guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo valora su posible nombramiento bajo esta perspectiva?

“Todos tenemos derecho a la información. No sólo en los casos penales sino en todos los demás. En el caso penal, no creo que exista mejor medida –insisto- que los juicios públicos y orales. La transparencia debe ser una constante, una forma de vida democrática”.

-La postura del IFAI fue en el sentido abrir averiguaciones previas ya cerradas o en no ejercicio de la acción penal –archivadas en términos llanos- pero sólo en versiones públicas. Es decir, en la que se eliminaran los datos personales, los rastros para dar con los denunciantes o quizá aspectos de seguridad nacional. Nunca se abrieron expedientes en curso ¿No le parece que son cosas distintas?

“Sí claro, habría que analizar caso por caso. Lo que le aseguro es que, si el Senado no objeta mi nombramiento, trabajaré en éste y en otras muchas trincheras, en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero siempre con respeto a la ley. Soy abogado y esta ‘deformación profesional’ me ha acompañado siempre”.

-¿No cree entonces que el problema está en su actitud en ese artículo escrito en El Universal  contra  abrir las averiguaciones previas sin valorar la postura del IFAI?

“Lo que advierto es que mis críticos han tomado este artículo como punta de lanza para impugnarme, y han olvidado todas las declaraciones que he hecho a favor de la transparencia. Les sugeriría echaran una ojeada a mi libro La cultura de la legalidad”.

-¿Cómo entender su posible nombramiento cuando hay plena coincidencia en este tema entre usted y el gobierno del presidente Calderón?

“Tengo enorme respeto y admiración por el presidente Felipe Calderón, sí, y agradezco la distinción de la que me ha hecho objeto. La mejor forma de corresponder a su confianza será trabajando, con la autonomía que concede la ley al IFAI, para contribuir al fortalecimiento de un México más transparente y, por ende, más democrático”.

-¿Si llega al IFAI va obedecer lo que le digan desde Los Pinos o a cerrar archivos cuando no convenga a los intereses del Gabinete?

“Si llego al IFAI, me esmeraré en que mi voto (que representaría un 20% de la decisión del IFAI) se ajuste a las mejores prácticas internacionales de rendición de cuentas. Me comprometo a luchar para ampliar los derechos ciudadanos. Me esforzaré en que nuestro país esté mejor clasificado en los índices de Transparencia Internacional”.

Hace poco más de tres años –en diciembre del año 2008- el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI) rompió con la rutina de sus sesiones plenarias cuando su entonces presidente, Alonso Lujambio, leyó un comunicado para condenar las recientes reformas penales impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón para impedir que se siguieran abriendo averiguaciones previas.

Hasta ese momento, el IFAI ordenó la entrega de averiguaciones previas concluidas o desechadas por falta de pruebas mediante versiones públicas. Es decir, expedientes en los cuales no aparecieran datos personales como números telefónicos o direcciones personales. Lo mismo operaba para cuestiones de seguridad nacional en el sentido de que no se revelaran las estrategias usadas por el gobierno para llegarse de información.

Con esa reforma al Código Federal la posibilidad de abrir esos expedientes está cerrada por completo.

Ayer, jueves 15 de marzo, un grupo de 10 organizaciones no gubernamentales presentaron una carta en el Senado para impugnar la candidatura de Laveaga. “El Presidente Felipe Calderón insistió en nombrar a una persona muy cercana a él en contra de las exigencias constitucionales de autonomía e independencia de los órganos garantes”, advirtieron.

Al mismo tiempo, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) –que agrupa los institutos de transparencia del país- demandó al Senado: “elegir un comisionado que, de ninguna manera y por ninguna razón, ponga en riesgo la autonomía del organismo”.

Las protestas siguieron. El senador Anaya intentó objetar la candidatura de Laveaga y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel –ahora asesor del candidato presidencial de la izquierda López Obrador- se sumó a la postura de las organizaciones no gubernamentales por medio de su cuenta de Twitter.

Leveaga ha escrito –entre otros títulos- “Hombres de Gobierno”, semblanzas críticas de personajes como Constantino, Justiniano, Theodore Roosevelt, Winston Churchill o Franklin De la no Roosevelt, así como El Sueño de Inocencio, una novela sobre el Papa que “inventó” los mecanismos de control como la confesión y el matrimonio indisoluble a fin de llevar a la Iglesia a su momento más alto en la historia para lo que tuvo que enfrentarse a reyes de Europa.

En una reciente entrevista, la comisionada presidente del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que el nuevo miembro del pleno debe ser alguien que tenga márgenes de autonomía y probidad que le permitan ejercer sus funciones en materia de transparencia toda vez que su principal tarea será vigilar al gobierno.

“Podría ser un académico o un servidor público con una trayectoria importante, es decir, lo que creo es que tenemos que asegurar que sea alguien que pueda ejercer las funciones que tiene encomendadas este instituto, pues son funciones de vigilancia sobre el gobierno y, en ese sentido, sí creo que tiene que ser una persona que garantice esa posibilidad de independencia”.

No obstante, a título personal, Peschard ha dicho que la reforma penal que cerró por completo las averiguaciones previas no sólo impide al ciudadano ejercer su derecho de acceso a la información sino que también conocer cuál es el desempeño del Ministerio Público en la persecución de los delitos.

El Senado tiene 30 días para ratificar o, en su caso, objetar la propuesta de Laveaga como nuevo comisionado del IFAI.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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