Diputados aprueban ley para crear más penales de máxima seguridad
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Diputados aprueban ley para crear más penales de máxima seguridad

La ley también prevé acabar con el hacinamiento en las cárceles y lograr la plena reinserción social de los detenidos.
18 de abril, 2012
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Foto: Especial.

Con 311 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, con la que se prevé crear penales de máxima seguridad, acabar con el hacinamiento en las cárceles y lograr la plena reinserción social de los detenidos.

Así se cumple lo establecido en la reforma constitucional de 2008, al tiempo que se faculta al Ejecutivo federal para administrar los 431 centros penitenciariosy se crea la figura de juez ejecutor, quien fijará el tipo y la sanción correspondiente.

El dictamen avalado precisa el objetivo de dotar al gobierno federal de instrumentos adecuados con un sistema penitenciario profesional y capacitado bajo cinco ejes rectores que son: trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Humberto Benítez Treviño, indicó que también se adicionó el Artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se crea la figura de juez de ejecución, y serán los únicos que podrán determinar el tipo y la sanción que corresponda, con lo que se evitará el abuso y la corrupción.

“Se establece la figura de jueces ejecutores, por eso la reforma al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dota al Ejecutivo de la Administración de los establecimientos penitenciarios pero solamente son los jueces, porque así lo establece el mandato constitucional, quienes evalúen duración, reclusión o reducción de beneficios para las sentencias de los internos”, explicó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que en algunos centros penitenciarios se tienen gobiernos paralelos de los delincuentes recluidos ahí, y por ello la reforma constitucional del 18 de julio de 2008, ordena crear un nuevo sistema en materia penal, para establecer el sistema acusatorio oral.

Estableció que de los 230 mil internos que hay en el país, el 5% son mujeres, el 20% pertenecen a la competencia federal, y el 75% al fuero común; además especifica que las mujeres deben estar separadas de los hombres, ya que actualmente se encuentran juntos.

También con esta legislación se separará a los adolescentes de los adultos, para erradicar en estos sitios las universidades del crimen, y además precisar que los procesados deben estar separados de los sentenciados.

“La reforma, la nueva ley del Sistema Penitenciario constituye un gran avance para este país. Estamos dotando al gobierno de la República de instrumentos adecuados para que verdaderamente la reinserción social, que es un mito hoy, se convierta en una realidad”, indicó Benítez Treviño.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista José Luis Ovando Patrón, argumentó que el dictamen tiene como propósito ser inicio de una nueva era de justicia penal, sobre todo en lo que se refiere al Sistema Penitenciario y ejecución de sanciones.

Señaló que una de las principales deficiencias de las cárceles del país es la situación de sobrepoblación, tan solo en 2007 la población de internos en cárceles federales alcanzaba los tres mil, y cuatro años después hay 12 mil 450, sólo en centros controlados por la federación, que representa un incremento del 345%.

Ovando Patrón agregó que todo lo anterior representa una violación a los derechos humanos, y ahora con esta ley se revertirá esta situación, además de que se sentará la base para que las entidades puedan modificar sus sistemas penitenciarios locales.

Finalmente, los diputados coincidieron que con la aprobación de este dictamen se salda una deuda que tenía la Cámara de Diputados, al dar la oportunidad de crear a los jueces de ejecución de sanciones, así como profesionalizar el sistema carcelario.

El dictamen avalado se envió al Senado de la República para los efectos constitucionales.

Notimex.

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Nayib Bukele anuncia que aspirará a la reelección en El Salvador (aunque expertos dicen que lo prohíbe la Constitución)

El mandatario, que ganó las elecciones en 2019, hizo el anuncio en medio de señalamientos de que no cumpliría con la norma constitucional. Bukele se apoya en una resolución de la Corte Suprema de Justicia del año pasado para hacerlo.
16 de septiembre, 2022
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, a pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución.

“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.

Bukele, de 40 años, se convirtió en presidente de El Salvador en 2019.

Según señalan varios especialistas, la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente.

Sin embargo, en mayo de 2021, con la colaboración del Congreso -donde el partido de Bukele tiene la mayoría- el mandatario expulsó a cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país.

Unos meses después, dicha Sala, con mayoría de jueces aliados al mandatario, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata.

En aquel fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

“Si se registra como candidato, se consumará un burdo fraude electoral”, señaló a través de Twitter el constitucionalista salvadoreño José Marinero.

“Sin frenos al poder político, el anuncio de la reelección es realmente una declaración: ‘Voy a permanecer en el poder porque quiero y porque puedo'”, agregó el analista.

Bukele, quien antes fue alcalde de la capital, San Salvador, ha sido duramente criticado por sus posturas que muchos consideran radicales, aunque él señala que goza del apoyo del pueblo basándose en encuestas como la de Cid Gallup, donde registra un 91% de popularidad.

Sin embargo, distintos gobiernos, entre ellos el de EE.UU., han criticado las medidas que ha tomado Bukele para obtener más poder dentro del país.

El año anterior, cuando intervino en la estructura judicial de El Salvador, el asesor de la Casa Blanca para asuntos occidentales, Juan González, comparó al presidente salvadoreño con el desaparecido líder venezolano Hugo Chávez.

“Al observar muchas de las acciones de Nayib Bukele, yo creo que están llevando a ese país en una dirección mucho más autoritaria que la que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez, y eso es preocupante”.

Qué dicen la Constitución y la nueva Corte Suprema

De acuerdo con Marinero, la constitución de El Salvador tiene al menos seis artículos donde queda explícita la prohibición de la reelección inmediata.

El más claro es el 154, que dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Los expertos también citan artículos como el 248, donde expresamente se prohíben enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder.

Marcha con afiche sobre Nayib Bukele

Getty Images
Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador.

“No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, se puede leer en este apartado.

“Estas normas son una protección que busca evitar que los presidentes permanezcan en el poder más de un período o que esto derive en una dictadura”, le dijo Marinero al diario El Salvador.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de expertos, los cinco nuevos magistrados ubicados en la sala constitucional emitieron en septiembre de 2021 una orden en la que permitían la reelección inmediata.

“Atar la voluntad del pueblo a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años ya no es una interpretación de derechos, sino una restricción excesiva disfrazada de seguridad jurídica”, señaló la Corte en su resolución.

Este cuerpo judicial también permitió, en marzo pasado, la imposición de un estado de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales y resultó en miles de arrestos en respuesta a un aumento en los asesinatos de pandillas.

“Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional, pero son precisamente esas decisiones las que finalmente nos han permitido seguridad; son esas decisiones que finalmente nos permitieron la paz”, dijo Bukele durante su alocución de este jueves para explicar las razones detrás de su nueva candidatura.


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